El fiscal general dice ahora que no es necesaria la querella por el 9-N

Después de una semana de dar por hecho que la fiscalía presentaría una querella contra los máximos responsables de la Generalitat de Cataluña, Eduardo Torres-Dulce ha insinuado este viernes la posibilidad de que esa actuación, finalmente, no se produzca. Lo hace tras constatar la resistencia de los fiscales en Cataluña.

“No es necesario que el ministerio fiscal lleve a los tribunales el asunto, que ya está incluso antes del 9-N en manos del Tribunal Superior de Justicia, y nosotros tenemos que dictaminar si tenemos que interponer una querella y si lo entendemos procedente. Lo haremos cuando estimemos que disponemos de todos los elementos para plantear la querella”, explicó Torres-Dulce en Burgos.

El fiscal general se encuentra entre la presión del Gobierno para presentarla y la resistencia de los responsables en Cataluña del ministerio público.

El Gobierno pretendía desde el pasado domingo que la actuación principal del Estado frente a la consulta alternativa fuera la querella del fiscal y así lo anunció esa noche el ministro de Justicia, Rafael Catalá. Sin embargo, ha constatado que los fiscales de Cataluña son reacios a presentarla. de hecho, ayer la Junta de Fiscales de la comunidad no logró un acuerdo sobre la querella. Horas antes, Torres-Dulce explicó que será la Fiscalía de Barcelona la que decida en Junta de Fiscales si se presenta o no una querella. Sin embargo, el ministro de Justicia dijo que la junta de fiscales de Cataluña tiene un "carácter consultivo, pero que no es determinante". El martes, incluso, la responsable del PP en Cataluña, Alicia Sánchez-Camacho, llegó a anunciar su presentación. Y ahora el Gobierno asegura que respeta la autonomía del fiscal. Ayer mismo, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró que debe ser la fiscalía la que decida y actúe, pero recordó que varios jueces de Cataluña aseguraron el mismo domingo que es posible que sea delito.

Todo ello en un clima de desconfianza notable desde hace meses entre el Gobierno y el fiscal general. Hasta el domingo hubo una coincidencia en la actuación de ambos porque, por ejemplo, prefirieron una actuación “proporcionada”, es decir, no impedir la apertura de los colegios.

El propio Torres-Dulce aseguró ayer que, antes de la consulta, los fiscales habían decidido que había indicios racionales de delito, aunque optaron por no adoptar medidas cautelares.

La noche del 9-N la coincidencia con el Gobierno continuó en el contenido de la nota que hizo pública la fiscalía y el comunicado que leyó el ministro de Justicia. En esa nota, la fiscalía insinuaba ya la posibilidad de presentar la querella, es decir, de “ejercer las oportunas acciones legales”, sin perjuicio de que ya hubiera actuaciones judiciales en marcha. Ese comunicado aseguraba que “la fiscalía, al término de la jornada del 9 de noviembre, continúa recabando datos en el ámbito de las diligencias de investigación incoadas con fecha 8 de noviembre y a la luz de las diferentes denuncias presentadas, a los efectos de valorar la posible concurrencia de responsabilidades penales, y en su caso ejercer las oportunas acciones legales”.

Casi a la misma hora, el ministro de Justicia compareció con un mensaje más extenso, con apreciaciones políticas, pero que acababa con una frase idéntica a la de la fiscalía y, sobre todo, anunciaba para “los próximos días las acciones penales que correspondan” por parte del ministerio público. La nota de esa noche de Torres-Dulce omitía esa expresión temporal y desde entonces el Gobierno ha evitado informar como hizo el ministro de las posibles actuaciones del fiscal, remarcando su actuación autónoma. El comunicado leído por Catalá terminaba diciendo: “La Fiscalía General del Estado ha informado de que continúa recabando datos en el ámbito de las diligencias de investigación abiertas y, a la luz de estas investigaciones y de las múltiples denuncias presentadas ante la Justicia en Cataluña, valorar la existencia de responsabilidades penales y ejercer en los próximos días las acciones penales que correspondan”.