El juez cree que Rato y Blesa “aceptaron y propiciaron” las tarjetas

El juez Fernando Andreu no da crédito a los argumentos que le dieron Rodrigo Rato y Miguel Blesa el pasado jueves para intentar justificar las tarjetas de crédito opacas de Caja Madrid. Los dos expresidentes de la entidad alegaron durante su comparecencia en la Audiencia Nacional que el dinero que los consejeros y directivos gastaban con estas visas era un complemento salarial. El juez Andreu, sin embargo, considera que las tarjetas permitieron disfrutar a sus portadores, entre ellos a los dos expresidentes, de un dinero extra al margen de su retribución y que escapaba al control de Hacienda.

En dos autos idénticos en los que el juez razona la fianza civil que le impuso el jueves a Rato y a Blesa (de tres y 16 millones, respectivamente), Andreu señala a ambos como autores de un supuesto delito de administración desleal, que castiga a los administradores de una sociedad que realicen “una serie de conductas causantes de perjuicios, con abuso de las funciones propias de su cargo”. Por lo investigado hasta ahora y tras escuchar las explicaciones de los expresidentes, el juez Andreu cree que hay indicios “racionales y bastantes” de que Rato y Blesa habrían “consentido, propiciado y aceptado” el uso indebido de fondos de la entidad mediante la atribución y el uso de las tarjetas opacas, en las que 83 consejeros de Caja Madrid y Bankia cargaron a las cajas 15,5 millones de euros en gastos personales.

Según el juez, los dos exdirectivos no solo se aprovecharon de las tarjetas fantasma en su propio beneficio (Rato gastó con la suya 99.041 euros y Blesa, 423.068), sino que también consintieron el uso de las visas que ya estaban emitidas cuando llegaron a la presidencia y autorizaron su entrega a los nuevos consejeros o directivos que tomaron posesión del cargo en su mandato.

Las tarjetas de las que disfrutaban los consejeros, advierte el juez, generaban un gasto que Caja Madrid y Bankia contabilizaron “de forma encubierta para evitar el control de los auditores y de los órganos supervisores”. En contra de lo que alegaron el jueves los dos expresidentes y el ex director general de la caja, Ildefonso Sánchez Barcoj, que también compareció en la Audiencia, Andreu cree que el dinero que los directivos y consejeros gastaron con las tarjetas supuso para ellos la percepción de cantidades en concepto distinto del retributivo. Estos importes, además, no estaban justificados “ni contractual ni funcionalmente” y Rato y Blesa no ejercieron sobre ellos ningún control o supervisión.

Los dos exdirectivos pretendían con su argumento demostrar que no se salieron de lo que estipula la Ley de Cajas de Ahorros de Madrid, que en el artículo 24 establece que los miembros de los órganos de gobierno de las cajas solo pueden percibir las cantidades fijadas en concepto de asistencias e indemnizaciones. “Se entiende por indemnización la compensación por los gastos originados como consecuencia de la participación efectiva en dichos órganos, previa la correspondiente justificación documental”, según señala el texto de la ley que el juez recuerda en sus autos de ayer.

Centenares de los cargos efectuados con las tarjetas opacas de Caja Madrid y Bankia (desde compras en jugueterías a salas de fiesta o tratamientos en balnearios) no encajan aparentemente con gastos que puedan tener alguna relación con la labor de los consejeros y directivos de la entidad, por lo que el magistrado considera que Rato y Blesa incumplieron la ley de cajas de ahorro al emitir y usar el dinero de plástico.

El juez basa la decisión de imponer la fianza civil a los dos expresidentes en la la "gravedad y complejidad" de los presuntos delitos cometidos por ambos y en la evidencia de que la investigación del caso aún está lejos de cerrarse y, por tanto, queda mucho tiempo hasta que se celebre el juicio oral contra Rato y Blesa y se determinen sus posibles responsabilidades penales.

Las cantidades impuestas por Andreu cubren el dinero cargado a las arcas de Caja Madrid y Bankia durante sus mandatos (12,5 millones en el caso de Blesa y 2,6 en el de Rato), así como un 25% adicional que la ley permite como multa por el posible delito. La fianza fijada por el juez va más allá de la petición del fiscal anticorrupción, a la que se adhirió la acusación particular que ejerce el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Ambos pidieron 15 millones para Blesa y 245.000 para Rato.