“Homicidio policial” en Cala Cortina

Diego Pérez, de 43 años, diagnosticado como esquizofrénico, consumidor habitual de cocaína, que subsistía con una pequeña paga social y a base de hacer recados de todo tipo para los vecinos, desapareció la madrugada del 11 de marzo de su casa en Las Seiscientas, un barrio marginal de Cartagena. Antes había telefoneado dos veces al 091 avisando de que una familia le quería matar por haberle robado dos bicicletas. Estaba nervioso y alterado. En el registro de comisaría consta que la última llamada la hizo a las 4:39 de la madrugada. Ahí se le perdió la pista. Según el parte de salidas de aquella noche, dos agentes se dirigieron a la vivienda en el coche zeta número 54 y tras ver que no había nadie en los alrededores de la casa tranquilizaron al vecino y se fueron de ronda. Una salida rutinaria más.

La puerta del piso de Diego quedó abierta, las luces, encendidas y sobre la mesa, un billete de cinco euros y un bote de tabaco de liar, marca Winston. Los días siguientes familia y amigos del desaparecido —un hombre tranquilo, sin oficio conocido pero apreciado en el barrio— realizaron batidas por montes y playas cercanos. Peinaron fábricas abandonadas. Agentes de policía se incorporaron al rastreo y el retrato del desaparecido se distribuyó por todos los coches patrulla. Se trataba de resolver un ajuste de cuentas.

Su cuerpo fue encontrado flotando en Cala Cortina, una playa alejada unos tres kilómetros del centro urbano, el 26 de marzo. Lo encontraron unos senderistas. Estaba carcomido por la fauna marina pero el primer informe forense ya alertó de una muerte violenta.

La Policía Judicial de Cartagena empezó a hacer preguntas. La versión de la familia que amenazó a Diego era sólida. Admitieron el episodio de las bicis y sus ansias de venganza pero negaron haberle hecho nada. Y aportaron detalles valiosos sobre la desaparición. Los investigadores dieron con un testigo directo y el relato oficial se vino abajo. Su identidad se protege ahora bajo las siglas P83. Contó que aquella madrugada vio a tres patrullas de policía con seis agentes delante de la casa de Diego y cómo dos policías obligaron a Diego subir a uno de los coches zeta, antes de salir en caravana. Seis cámaras de tráfico y de seguridad captaron a los tres vehículos policiales camino de Cala Cortina, el lugar donde fue hallado el cuerpo, con las luces del puente apagadas. Dos guardias del puerto situaron a las patrullas en ese mismo lugar y extrañados por sus movimientos, al cruzarse con ellos por la carretera, preguntaron a los policías qué pasaba. “Nos aburrimos y estamos jugando al escondite”, respondió uno de los agentes, según el relato que hizo la guardia del puerto a los investigadores. Los análisis de sus móviles los sitúan el 11 de marzo, en la cala entre las 5:01 y las 5:21 horas.

El departamento de Asuntos Internos irrumpió en el caso y la juez número 4 de Cartagena, María Antonia Martínez, autorizó dispositivos de grabación en los coches patrulla de los sospechosos. Efectivos de paisano empezaron a hacer seguimientos. El pasado agosto, un sindicato policial denunció la existencia de micrófonos en los coches policiales y los sospechosos se pusieron en guardia. La investigación llevaba meses en marcha. Se trazaron cronogramas del supuesto recorrido de las patrullas. Se analizaron las mareas para investigar desde dónde se lanzó el cuerpo. Los científicos de la Universidad de Cantabria señalaron la playa de cala Cortina.

El pasado lunes, en medio de un estruendoso despliegue, los seis policías fueron detenidos en Cartagena por compañeros suyos llegados de Madrid. A todos se les acusa de homicidio y detención ilegal. Durante 48 horas permanecieron incomunicados en comisarías de Murcia. En los interrogatorios, todos ofrecieron versiones similares.

Admitieron que —vulnerando todos los procedimientos policiales— aquella noche decidieron llevar al vecino de Las Seiscientas a una playa alejada para que “le pasase la paranoia”. Pero que fue Diego el que se subió atemorizado al coche patrulla. Y uno detrás otro, contaron a la policía y al juez, que al llegar a la playa, su custodiado abrió la puerta y salió corriendo. Que ahí lo perdieron de vista. Los seis negaron haberle pegado. Si acaso, algún forcejeo. Sus relatos chocan con el del testigo protegido, quien aseguró a Asuntos Internos, que el primer golpe lo recibió Diego de uno de los agentes —el más fuerte y musculado— antes incluso de subir al coche. Y que fueron los policías los que le obligaron a montarse sobre las 4.45 de la madrugada.

Entre lágrimas, ante la juez, los detenidos aseguraron que ocultaron hasta el final el viaje a Cala Cortina porque temían ser expedientados pero negaron haber matado a nadie. La juez les envió a todos a prisión acusados de homicidio y detención ilegal, delitos penados con hasta 20 años de cárcel. Los investigadores están convencidos de que no todos tuvieron la misma participación y confían en que alguno se desmorone. De momento, han ofrecido un relato único, salvo pequeñas contradicciones, asegura alguien presente en los interrogatorios.

Desde el lunes la comisaría de Cartagena está en shock. Compañeros y mandos. Nadie esperaba que la desaparición del hombre de Las Seiscientas acabara con seis agentes en la cárcel. Todos jóvenes, de la escala básica que se curtían en el turno de noche. Alguno muy tímido. La sensación general es de incredulidad. Hay quien admite que tal vez “se les fue la mano”.

La autopsia del cuerpo es propia de una película de terror: pérdida del ojo derecho, “signos de violencia en región fácial y craneal, fractura-luxación de múltiples vértebras cervicales, lesiones en los discos invertebrales del C2 al C7, destrucción de centros neurales superiores”. En castellano raso “signos evidentes de violencia física con múltiples lesiones traumáticas. La muerte se produjo antes de su inmersión en el mar”. Y concluye: “Homicidio”.