‘Chapuzas’ por 11 millones de euros

Luis Alberto Samaniego ha pasado 14 años en la tercera planta del Ayuntamiento de Valladolid. Era el jefe de mantenimiento. Durante todo ese tiempo se ha hecho cargo, silenciosamente, de todas las chapuzas y pequeñas obras que requerían los edificios municipales: goteras, reformas en el parque de bomberos, arreglos en los vestuarios de la comisaría de policía, trabajos en la rampa de un colegio, colocación de escenarios, cambios de bombillas... Y ahora, a sus 65 años, cuando había pedido retrasar su jubilación dos años, escucha su nombre en las radios y telediarios. Le imputan delitos de prevaricación, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. La justicia le investiga por haber adjudicado al menos 1.314 contratos menores —de menos de 50.000 euros— a empresas suyas o de sus familiares. Las reformas y reparaciones encargadas a sus sociedades durante más de una década han costado a las arcas del Ayuntamiento 11 millones de euros.

Las empresas cobraban más de mil euros por colocar un felpudo

Se ha quedado casi sin habla: “No quiero decir nada, de verdad, no puedo”. Su voz suena a súplica al otro lado del teléfono. El “hombre afable”, “amable”, “diligente”, “servicial”, como califican a Samaniego los que le conocen, se ha encerrado en su casa de la calle Santiago, en la mejor zona de Valladolid. Allí ha podido ver por la tele cómo la policía judicial desmantelaba el pasado 26 de junio el despacho 307 de la Casa Consistorial, el suyo, desde que le asignaron el puesto provisionalmente en 2000. “No paro de darle vueltas a la cabeza con este problema”.

De los 24 Samaniego que constan en el listín telefónico de Valladolid, por lo menos nueve han trabajado directa o indirectamente para el Ayuntamiento. Al menos 13 empresas (Castellana Industrial S.A., Castellano Leonesa de Mantenimiento S.L., etc.) están ligadas a Luis Alberto, que entró en el consistorio en 1975 como técnico aparejador y que años después aceptó, como cargo de confianza, el puesto de jefe de mantenimiento por unos 40.000 euros al año.

Hasta 1.314 contratos menores aparecen ligados a sus 13 sociedades

Sus sociedades se llevaban muchos contratos menores que no requerían de más que tres firmas: la suya, la del técnico del área a la que correspondiera la actuación (urbanismo, cultura, movilidad…) y la del interventor, según explican fuentes del consistorio. Solo hacían falta tres ofertas de presupuesto y una recomendación. Y hecho. “Ya está solucionado”, era su frase preferida, dicen quienes trabajaron durante años con él.

Samaniego, con su red de empresas creada progresivamente y las buenas formas del seminarista que fue, se convirtió en un solucionador. El problema, es que casi siempre solucionaba las cosas de la misma manera: recomendándose y contratándose a sí mismo o a sus familiares (hijos, primos…). En el expediente interno del Ayuntamiento, su primo Antonio Samaniego, expresidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Valladolid (AVECO), aparece como administrador de al menos cinco de las empresas de la trama —facturó 363.701,09 euros en 2013—. Y su hijo Luis Javier, de otras tantas.

Yo no traje a ese hombre al Ayuntamiento, argumenta el alcalde

El coste de las reparaciones que acometían, según las cuentas consistoriales, no era precisamente económico: colocar un felpudo, 1.069,37 euros; instalación de luces de emergencia, 27.205.60 euros; limpieza de las urnas y cabinas electorales, 19.836 euros; colocación de una placa, 957 euros, según los registros contables.

Hace años que empezó a oírse en voz baja el apellido de Samaniego. Los rumores corrían entre los empleados de mantenimiento del Ayuntamiento: “Pasamos de una plantilla de 100 personas a una de 42, no se cubrían las bajas ni las jubilaciones, estaban desmantelando el servicio poco a poco y, con la excusa de que no había gente para cubrir todo, se contrataba cada vez más fuera, con empresas privadas externas que siempre eran las mismas, las de Samaniego”, relata uno de los trabajadores de ese servicio, con una veteranía de más de 30 años.

Le investigan por prevaricación, malversación y tráfico de influencias

La razón de que este entramado haya salido a la luz ahora se debe fundamentalmente a dos obstinados concejales socialistas no liberados: el abogado Óscar Puente, portavoz municipal del PSOE, y el responsable de economía del grupo, el psicopedagogo Pedro Herrero. A ellos se sumó, casi por sorpresa, el alcalde, Javier León de la Riva (PP). Un edil popular que lleva 19 años gobernando y que se sentará en el banquillo próximamente por un presunto delito de desobediencia judicial por oponerse sistemáticamente —desde 2008— a cumplir una sentencia urbanística que obligaba a demoler unos áticos en el emblemático edificio en el que él vivía, en el centro de la ciudad. El fiscal le pide 15 meses de inhabilitación y una multa de 1.800 euros.

La investigación comenzó por el empecinamiento de los dos concejales socialistas. Ansiosos por acabar con el dominio de los populares en la ciudad, solicitaron el registro de los llamados contratos menores: “Son los más opacos, muchos casos de corrupción en Ayuntamientos se han detectado ahí y, además, los rumores crecían”, explican.

Tardaron más de seis meses en conseguir que les facilitasen las cuentas. Y cuando finalmente las tuvieron en su poder sucedió algo insólito. El alcalde popular, León de la Riva, se les adelantó y señaló al culpable: el jefe de mantenimiento. Y mediante decreto le abrió inmediatamente un expediente disciplinario el pasado 3 de junio y puso el caso en manos de la Fiscalía, al igual que hicieron los socialistas. “Esto lo hemos destapado nosotros en un ejercicio de transparencia política, no el PSOE”, insistía el regidor en una rueda de prensa la semana pasada. “Yo no traje a ese hombre al Ayuntamiento”, argumentaba. Aunque reconoció después que sí fue durante su mandato cuando le dieron el puesto de libre designación de jefe de mantenimiento y que en uno de los áticos por los que ahora se sentará en el banquillo vivía precisamente la hija de Samaniego, que era su vecina.

El alcalde entregó el lunes pasado otro informe aclaratorio —a petición del Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid, que lleva el caso—, con el fin de dilucidar si, además de su despacho, el jefe de mantenimiento utilizaba habitualmente otras sedes municipales para realizar sus trabajos. Samaniego sigue en su casa, tras cambiar su petición de prorrogar dos años más su jubilación por una jubilación anticipada. Ahora será la juez sustituta titular de la sala, Marian Palmero, quien dirimirá las responsabilidades que correspondan.