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Bye bye España

El desempleo, los impuestos y la edad animan a miles de europeos a abandonar el país

Ana Carbajosa
De izquierda a derecha, Vilma Archer, Gerald Steel y Jean Steel en el jardin de Archer en una urbanización cerca de Calpe.
De izquierda a derecha, Vilma Archer, Gerald Steel y Jean Steel en el jardin de Archer en una urbanización cerca de Calpe.Pepe Olivares

En los soleados cafés de Calpe, en Alicante, hay una preocupación que se cuela con insistencia en las conversaciones de los jubilados británicos de pelo blanco y piel tostada: el fisco español. La desconfianza que ha generado la obligatoriedad de declarar los bienes en el extranjero es solo uno de los motivos que ha llevado a cientos de miles de ancianos europeos a evaporarse de las estadísticas oficiales y a buena parte de ellos a decir adiós para siempre a su vida en España. La falta de oportunidades para los jóvenes comunitarios, la carestía de la vida y la ingeniería estadística del padrón explican una caída que ha sembrado de preocupación los Ayuntamientos costeros. Apenas la compra de viviendas, ahora a precio de ganga, atrae a algunos europeos que nadan a contracorriente de la marea de expatriados que se van.

Las cifras del padrón provisional que publica el Instituto Nacional de Estadística (INE) indican que del más de medio millón de extranjeros que se borró del padrón español el último año, la mayoría eran ciudadanos comunitarios. Excluyendo a rumanos y búlgaros, 219.225 desaparecieron del padrón a lo largo de 2013. Nuevas cifras de población publicadas esta semana por el INE rebajan las salidas a decenas de miles y atribuyen el pronunciado bajón a la llamada limpieza del padrón por la que se procedió a borrar a los que no habían dado señales de vida en dos años. La caída poblacional, en todo caso, es una realidad en ambas estadísticas.

La tercera población extranjera en España, después de rumanos y marroquíes, son los británicos. En total, hay 297.299 inscritos. Experimentaron, según el padrón oficial del INE una bajada del 22,8% respecto al año pasado. La población alemana habría experimentado una reducción del 23,6%. y la francesa el 12,7%.

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“Nos preocupa mucho esa ley”, confiesa Vilma Archer, una británica de 72 años, que ha visto cómo su grupo de tejedoras de punto radicado en la Costa Blanca ha mermado con el paso de los años. “Esa ley” es el modelo 720, el que obliga desde el año pasado a una declaración informativa sobre bienes y derechos en el extranjero y con el que el Gobierno español pretende dar caza a los evasores fiscales. Para muchos extranjeros, sin embargo, poner sus datos a disposición del Gobierno es motivo de gran desconfianza. “Trajimos nuestro dinero y nuestras pensiones y el Gobierno español no tiene porqué inmiscuirse”, especula Archer en la cafetería de un elegante hotel de la costa alicantina. “En Grecia le quitaron a los ciudadanos el dinero de las cuentas. Tenemos miedo. Sabemos que el Gobierno español necesita dinero y nos lo pueden quitar. Muchos amigos han vendido su casa y se han ido. Otros se han borrado del padrón y viven de alquiler para no estar registrados”.

Recién enviudada, Archer se embarcó hace años en un tren de vida —vivienda unifamiliar, jardinero, limpia piscinas…— que ahora, como muchos de sus compatriotas, ya no puede permitirse. Le preocupa que si muere, sus herederos tengan que pagar impuestos en España y por eso piensa vender su casa en España.

De izquierda a derecha, Kayleigh Smith y Sophie Jones en el bar que trabajan en Calpe.
De izquierda a derecha, Kayleigh Smith y Sophie Jones en el bar que trabajan en Calpe.Pepe Olivares

A su lado, Gene Steel, 73, asiente con la cabeza. “Yo me quiero ir ya”, anuncia. Llegó hace 13 años con su marido, Gerald, para pasar unas vacaciones y se quedaron. “En aquella época, el cambio con la libra era bueno y con nuestras pensiones, aquí vivíamos bien. Ahora el gas ha subido y la electricidad también. Es difícil vivir con una pensión estatal”. Esta pareja de jubilados británicos tiene cinco nietos y tres biznietos a los que les gustaría ver más a menudo. Por eso quieren vender su casa en la urbanización Gran Sol, rodeada de un terreno de mil metros cuadrados. Calculan que en torno al 40% de sus vecinos —alemanes, belgas, suizos, franceses…— se han ido. “Hace unos años nos juntábamos decenas para jugar a Skittles [una especie de petanca] y ahora quedamos cuatro”, se lamenta Gerald Steel. “Esto ha cambiado mucho”.

Carole Saunders, concejala del Ayuntamiento de Calpe —en el que el 60% de sus ciudadanos son extranjeros—, relata cómo los servicios sociales se ocupan cada vez más de ancianos europeos empobrecidos que no pueden pagar residencias privadas y a los que se anima a volver a sus países.

Los Ayuntamientos más afectados matizan las cifras que la prensa británica ha impreso con alarma en trazo grueso, pero tampoco ocultan su preocupación ante la pérdida de ingresos que supone la reducción de residentes registrados. El de Torrevieja (Alicante) ha perdido 15.000 residentes en el último año, según el padrón provisional. En Calpe el padrón ha pegado un bajón de 5.000 personas, según las cifras que ofrece Saunders. “Eso supone pérdidas de unos dos millones de euros”, calcula la concejala. Más o menos fiables, lo cierto es que las cifras oficiales van a suponer una pérdida importante de recursos para el Ayuntamiento. Torrevieja, como otras localidades, va a lanzar una campaña para animar a los extranjeros a empadronarse.

"Tenemos miedo. Sabemos que el Gobierno español necesita dinero y nos lo pueden quitar"

Buena parte de los europeos jubilados vino en la década de los noventa en un busca de un clima amable con unos cuerpos que comenzaban a envejecer. Ahora tienen entre setenta y ochenta años y les preocupa enfermar lejos de sus familias, en un país en el que no dominan el idioma —dicen que hablan el tourist Spanish— y no son capaces siquiera de hacerse entender con las enfermeras. “Los médicos nos tratan bien, pero aquí no tenemos a nadie que nos ayude cuando salimos del hospital”, se queja Pauline Mary Groser, una organista octogenaria que también piensa marchar. “Yo misma cuido a una mujer de 97 años”.

Las nuevas generaciones no escapan tampoco del espíritu alicaído de la comunidad expatriada ni de la fiebre migratoria. “La crisis ha afectado a los jóvenes extranjeros que limpiaban piscinas o construían casa. Ahora esos trabajos o no existen o los copan los españoles”, explica Saunders. Al emigrar parte de sus compatriotas, los negocios creados para y por los europeos del norte han ido perdiendo clientes. En total, unos 50 comercios han cerrado en los últimos años, cifran en el Ayuntamiento.

A muchos jóvenes simplemente ya no les compensa quedarse en España por muchos días soleados al año que haya. “Yo me quiero ir de aquí porque la situación nunca ha estado tan mal”, dice una rubísima madre soltera que ha trabajado en la Costa Blanca de casi todo. “España va cuesta abajo. Todo es muy caro y no hay ayudas para los jóvenes", se queja Kayleigh Smith. “No hay si quiera cursos”, apunta Sophie Jones, su compañera en la barra del exotic cocktail bar. Una veintena de sus familiares y una decena de los amigos de esta joven —que ha llegado a trabajar por 2,5 euros a la hora— se han marchado ya. A Jones le gustaría dar el salto en cuanto pueda. “Hemos sabido cuidar a los turistas extranjeros, pero no hemos sabido tratar bien a sus hijos”, opina Miguel Just, asesor fiscal en Calpe.

“Yo me quiero ir de aquí porque la situación nunca ha estado tan mal”, dice una joven británica

El descenso del precio de la vivienda en las zonas de vacaciones ha propiciado un cierto repunte en el sector. Pero Keith Wildman, presidente de Afpo, una asociación que lidia con los problemas de los propietarios extranjeros no cree que eso vaya a revitalizar a la comunidad extranjera. Al contrario. Pronostica que “cuando los precios se recuperen y mejore el cambio con la libra, nuevos inversores vendrán, pero muchos más por fin venderán y se irán”.

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Sobre la firma

Ana Carbajosa
Periodista especializada en información internacional, fue corresponsal en Berlín, Jerusalén y Bruselas. Es autora de varios libros, el último sobre el Reino Unido post Brexit, ‘Una isla a la deriva’ (2023). Ahora dirige la sección de desarrollo de EL PAÍS, Planeta Futuro.

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