PP y PSOE buscarán en septiembre pactar medidas de regeneración

PP y PSOE intentarán en septiembre un pacto sobre medidas anticorrupción y de regeneración. Algunas de ellas están ya en el Congreso y fueron anunciadas hace más de un año por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y otras serán presentadas después de verano por el Ejecutivo.

Rajoy prometió ayer desde Panamá, donde asiste a la toma de posesión del presidente Juan Carlos Varela, impulsar a partir de septiembre las medidas que anunció en febrero de 2013, cuando el escándalo de su extesorero salpicaba a todo el PP con la publicación de la contabilidad b. Y, además, Rajoy confirmó que impulsará la reforma legal para la elección directa de alcalde. “No puede ser que las coaliciones entre partidos impidan que sean alcaldes quienes han sido elegidos por los ciudadanos”, afirmó.

El PP, que ahora gobierna 40 de las 52 capitales de provincia, teme perder la mayoría absoluta en muchas de ellas en 2015. Y eso, con el fraccionamiento del voto de la izquierda, podría dar paso a muchos gobiernos de coalición PSOE-IU-Podemos, por ejemplo. Al dar la fecha de septiembre como entrada en el Congreso, Rajoy parece dispuesto a aprobarlo antes de las municipales de mayo de 2015, aunque esas medidas siempre se han hecho con consenso.

El presidente insistió en que en esta última fase de la legislatura se quiere concentrar en medidas de regeneración democrática, donde incluye la elección directa de alcalde y el “famoso debate del aforamiento”. Lo que parece evidente es que el Ejecutivo quiere salir al combate dialéctico con Podemos y otras formaciones que están reclamando cambios profundos en el sistema democrático.

El Gobierno reivindica que ya tiene en el Congreso un paquete de regeneración democrática, aunque su aprobación se retrasa. Los planes anticorrupción se tramitan en el Congreso a través de tres reformas legales. El PP y el PSOE han acordado aplazar a septiembre las negociaciones de todas las medidas. Recientemente, los responsables del Gobierno y del PP, el secretario de Estado de relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, y los parlamentarios Alfonso Alonso y José Antonio Bermúdez de Castro, trasladaron al socialista José Enrique Serrano su opinión favorable a ese aplazamiento. Explican que la razón son tres acontecimientos políticos que han impedido las reuniones y el acuerdo: las elecciones europeas, la abdicación del Rey y, sobre todo, el relevo en la dirección del PSOE que ha dejado sin cabeza al principal partido de la oposición. El nuevo líder socialista deberá decidir si le interesa ese pacto.

Rajoy anunció en febrero de 2013 las medidas para responder al escándalo Bárcenas y creó una comisión en La Moncloa que apenas se reunió hasta que el 1 de agosto volvieron los apuros para Rajoy a cuenta de la confesión de su extesorero. El 1 de agosto compareció en el Pleno del Congreso para hablar del asunto y recuperar el paquete de propuestas de regeneración que, según dijo, debían impulsarse en septiembre de 2013, como hace ahora.Es decir, por segundo año consecutivo, el presidente del Gobierno llega al verano con el anuncio de un plan de regeneración para septiembre.

Desde entonces han llegado al Congreso tres proyectos de ley vinculados a esas medidas: uno de financiación, un estatuto de altos cargos y el Código Penal.

El proyecto de ley de financiación de partidos llegó en febrero de 2014 y desde entonces se han producido sucesivas ampliaciones del plazo de enmiendas en la Comisión Constitucional; el de Ley reguladora del ejercicio del alto cargo ha seguido el mismo proceso y el del Código Penal está en la Comisión de Justicia desde febrero de 2013. En este último no se incluyeron medidas como penalizar la financiación ilegal, que quedó pendiente de las enmiendas parciales. El PSOE prefiere que se haga al margen del resto de enmiendas y como medida anticorrupción ante el riesgo cierto de que el nuevo Código Penal no se apruebe esta legislatura.

Los grupos se sumaron al debate proponiendo más medidas de regeneración. Por ejemplo, UPyD las de reforma de la ley electoral o IU las de limitación de los indultos, pero en ambos casos PP y PSOE se mostraron reacios pues supondría cambiar la Constitución. El presidente de la Cámara, Jesús Posada, puso en marcha hace meses una ponencia para discutir una reforma del reglamento para agilizar el funcionamiento del Congreso, pero aún no hay avances. Algo similar ocurre en el Senado. Y eso que sobre la reforma de ambas cámaras hay trabajos muy avanzados desde hace más de seis legislaturas, pero que siempre han sido bloqueados por los dos principales partidos. También se ha aparcado la regulación de los lobbys que fue anunciada por Rajoy en febrero de 2013 y que solo requiere su aplicación en el reglamento del Congreso.

En paralelo, algunos grupos plantearon medidas que ahora recupera Rajoy aunque las rechazó en la Cámara. Por ejemplo, la de reducción de aforados fue votada en contra por el PP y expresamente por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, en sesiones de control. También se rechazó la enmienda de UPyD a la reforma que extendía el aforamiento al rey Juan Carlos. Tampoco se incluyó la reducción de aforados en el anteproyecto de ley del Poder Judicial que aprobó el Consejo de Ministros. El PSOE es reticente por dificultades legales y prácticas a reducir el número de aforados. Primero porque hay algunos regulados en la Constitución (ministros, parlamentarios….) y otros autonómicos que no pueden cambiar las Cortes. Quedan unos 9.000 jueces y fiscales, cuyo aforamiento está muy limitado al ejercicio de sus funciones y para que sólo sean juzgados o investigados por sus superiores, no por compañeros. Los casos han sido muy limitados en democracia.

Solo ha terminado su trámite y está en su mayor parte en vigor la ley de transparencia, que fue impulsada antes del anuncio del resto de medidas de regeneración. En el Congreso, por acuerdo con otros grupos, se logró ampliar su aplicación a partidos, sindicatos y la Casa Real. Es la única medida de regeneración ya aprobada en esta legislatura.

Respecto al funcionamiento de los ayuntamientos, apuntado el lunes por Rajoy, el Parlamento ya discutió y aprobó una reforma local en la que el PP no quiso incluir ningún cambio sobre el sistema electoral para que gobierne la lista más votada. Rajoy anunció en 2012 la reducción de más de 20.000 concejales como medida de ahorro y luego nunca más se supo de esa medida. Las reformas que se refieren al sistema electoral o la financiación de partido siempre se han hecho con acuerdo de los dos grandes partidos, aunque bastaría la mayoría absoluta para sacarlas adelante.

Todas las reformas legales que acometa el Gobierno a partir de ahora tienen una limitación clara por el tiempo que queda de legislatura: dos periodos de sesiones completos, entre septiembre y diciembre y entre enero y junio de 2015, lo que dificulta su aprobación salvo si aceleran los plazos. En todo caso, no estarían en vigor hasta la siguiente legislatura.

Por ejemplo, en febrero de 2013 Rajoy aseguró también en el Congreso que “traeremos también a la Cámara una Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que agilice los procedimientos, para que el tiempo de respuesta ante el delito no sea, en ningún caso, una forma de impunidad para el delincuente, o una condena pública sin sentencia, para quien no lo es ni lo ha sido nunca”. Quince meses después esa norma no ha pasado de un informe de expertos, pero el Consejo de Ministros ni siquiera ha estudiado el anteproyecto de Ley de enjuiciamiento Criminal y ahora ya es casi imposible por tiempo aprobarlo en esta legislatura. Gallardón sugirió recientemente la posibilidad de aprobar reformas parciales y renunciar a una ley completa.