Comidas de feria y maletines falsos que llevaron a UGT al precipicio

La Operación Cirene que ha llevado hoy a la Guardia Civil a registrar seis empresas y a la detención del extesorero de UGT en Andalucía, Federico Fresneda, junto a dos compañeros de su sindicato y otras 11 personas más comenzó en mayo del pasado año, con un goteo de informaciones sobre el supuesto uso de fondos públicos para gastos del sindicato que incluían desde comidas en ferias, jornadas y hasta material corporativo regalado durante un congreso. En noviembre le costó el puesto al anterior secretario general andaluz, Francisco Fernández Sevilla, pero la operación continuó. Este martes se ha abierto un nuevo episodio. Fresneda y Sevilla figuraban como responsables de dos de las tres sociedades investigadas de la primera fase, a finales de año.

El secretario general de UGT, Cándido Méndez, exigió “responsabilidades” tras desayunar casi a diario durante todo el verano y el otoño con acusaciones de corrupción en la organización andaluza. El detonante final fue la publicación del pago con subvenciones de la Junta de Andalucía de 700 maletines de imitación y un millar de bolígrafos para un congreso.

Las investigaciones internas de lo que la UGT calificó como “errores subsanables” no dio resultado ni devolvió credibilidad a la organización.

Finalmente, el caso se judicializó y los agentes de la Guardia Civil entraron en la sede del sindicato en Sevilla, dando comienzo a la Operación Cirene el pasado 19 de diciembre por orden de la magistrada Mercedes Alaya, también conocida por ser la instructora del caso de los ERE.

En la orden se indicaba que los agentes buscaban “los expedientes relacionados con cursos de formación para los que UGT Andalucía, bien directamente o a través de empresas vinculadas, haya percibido subvenciones públicas”. No hubo detenciones.

Alaya autoriza entonces a la Guardia Civil a visionar “cuantos mensajes, correos electrónicos y en definitiva comunicaciones privadas se localicen para identificar aquellas que pudieran estar relacionadas con los hechos investigados”.

Los agentes también inspeccionaron en Sevilla Soralpe, Proyectos Inmobiliarios Novasur y Geosur Arquitectura y Urbanismo, tres sociedades vinculadas a la gestión de UGT. La primera era propiedad del sindicato y, entre otros asuntos, se hace cargo de las nóminas de algunos de los empleados de la organización. Como presidente figura en el Registro Mercantil Federico Fresneda, exmiembro de la ejecutiva de UGT, hoy detenido.

Fernández Sevilla, anterior líder de la central en Andalucía, era consejero. Esta sociedad, también estaba relacionada con los cursos de formación. Soralpe es propietaria, a su vez, de Novasur, otra de las empresas registradas. En este caso, Fernández Sevilla figura como presidente y Fresneda como vicepresidente.

Geosur, participada al 70% por el sindicato UGT, participó en concursos de construcción de VPO.

Alaya amplió de inmediato la investigación al Archivo Histórico y Centro de Documentación y Estudios de la Unión General de Trabajadores de Andalucía, que acoge en Córdoba la Fundación para el Desarrollo de los Pueblos de Andalucía (Fudepa)

El caso de los fondos para cursos de formación supuestamente desviados fue posteriormente repartido. La fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, adjudicó a Alaya, las diligencias por las ayudas de 49,5 millones de euros a la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (FAFFE) y a los juzgados de instrucción 6 y 9 de Sevilla las causas por distintas ayudas a la formación para el empleo.