El Tribunal de Cuentas dio obras a la firma que reformó casas de altos cargos

El Tribunal de Cuentas del Estado troceó proyectos de obras y contratos para eludir la Ley de Contratos para las Administraciones Públicas, y las adjudicó a un empresario que arregló las casas particulares del número dos de la institución y consejero de fiscalización, Javier Medina, y de su hermano Enrique, gerente del tribunal hasta finales de 2012.

El órgano encargado de fiscalizar y sancionar a las Administraciones públicas que vulneran la ley fraccionó contratos para que no superasen el máximo legal, hasta abril de 2008, de 30.050,61 euros (a partir de esa fecha, el límite se elevó a 50.000), y evitar sacarlos a concurso público con el argumento de que se trataba de obras menores. El beneficiario de estas adjudicaciones fue la firma de Ángel Ortega, un empresario al que altos cargos de este tribunal —entre ellos el actual vicepresidente, propuesto por el PP, Javier Medina, y su hermano Enrique— contrataron a título particular para que les pintase las paredes y acuchillase el parqué de sus casas, entre otros arreglos, según ha reconocido a EL PAÍS el propio Ortega.

Este empresario admite que durante años ha trabajado para el Tribunal de Cuentas, y que dejaron de adjudicarle obras tras la llegada del actual presidente, Ramón Álvarez de Miranda, también propuesto por el PP. El acceso de Álvarez de Miranda al primer sillón de este tribunal, en julio de 2012, precipitó la salida de Enrique Medina como gerente del tribunal y de José Luis Pajares como secretario general. “Ha habido un troceo injustificado de las obras que se han hecho en la sede en los últimos años”, denuncian altos cargos del Tribunal de Cuentas, que piden anonimato.

Fuentes de la institución se preguntan cómo Ortega dispuso de las llaves y uso de una habitación dentro de las instalaciones del tribunal, en el sótano, y durante años, hasta que se renovó en 2012 el tribunal. “Allí guardaba las herramientas”, indicó Ortega a este periódico. Los nuevos responsables de la gerencia y de la secretaría general del tribunal ordenaron su cierre y la retirada de llaves con aquiescencia del nuevo presidente, Ramón Álvarez de Miranda.

Ortega confiesa su molestia porque desde hace casi dos años el tribunal ha prescindido de sus servicios. “Para mí era un cliente importante”, reconoce. Su empresa pasó de tener 11 operarios a cinco. “Ha habido un troceo injustificado de las obras que se han hecho en la casa”, denuncian altos cargos del Tribunal de Cuentas, que añaden: “Cabe contratar como obra menor una reparación urgente, o un trabajo aislado que realmente cueste menos de 30.000 euros. Pero si de lo que se trata es de reformar progresivamente las instalaciones de la casa, pues se hace un cálculo total de obras durante un periodo y lotes concretos, y se sacan a concurso público, pero sin fraccionar. El tribunal tiene que dar ejemplo, y no es lícito hacer adjudicaciones despacho por despacho y dárselas a la misma persona”. La finalidad de la ley que regula las contratas públicas es que haya igualdad de armas entre todos los empresarios a la hora de pujar por una obra.

El Tribunal de Cuentas ha declinado facilitar los contratos adjudicados a Ortega y a otros contratistas desde 2001. La respuesta oficial a las peticiones de este periódico es que “desde hace dos años se hallan en un archivo general de la Administración, hay que pedirlos y eso cuesta dinero”, según explica un portavoz. El tribunal solo ha facilitado los importes globales abonados por obras a Ortega (sin detallar los conceptos) correspondientes a los años 2010, 2011 y parte de 2012.

Según estos datos, en 2010 le fueron abonados un total de 50.414 euros; en 2011, 30.022,79, y en 2012, 37.529. El tribunal explica que los trabajos consistieron “fundamentalmente en pintura de despachos, lijado y barnizado de suelos, colocación de escayolas, arreglos de fontanería, reparación de ventanas, cubiertas, calefacción, etc. Todos estos trabajos, independientes entre sí, se le encomendaban, igual que a otros contratistas, a medida que surgían las necesidades, algunas de carácter urgente”. En la respuesta del tribunal se indica que en 2013 y 2014 no se le ha encargado ninguna obra.

Documentación en poder de este periódico acredita que en el año 2008 se le adjudicaron dos contratos, uno por importe de 28.483,80 euros (ligeramente inferior al límite de 30.050,61 euros que habría obligado a sacar a concurso público la obra) y otro por importe de 28.418,50 euros.

El motivo del contrato, en el primer caso, era para “el mantenimiento y mejora de los despachos 16 y 17 de la primera planta de la sede del Tribunal de Cuentas de la calle Fuencarral”, según se explica en el expediente. Y el segundo, para “trabajos de mantenimiento de diversas dependencias del Tribunal”. En esta documentación también constan otras adjudicaciones ligeramente inferiores a 30.000 euros “para el mantenimiento de los equipos de climatización y prórroga del contrato de mantenimiento de climatización” en favor de U.T.S., S.A.

“No hay urgencia ninguna, ni esos despachos se habían caído. Si lo que se pretendía era adecentarlos, debió sacarse a concurso y adjudicar las obras al mejor postor, pero sin fraccionarlo”, destacan miembros del Tribunal de Cuentas que critican cómo se han llevado todos estos asuntos en un “órgano que debe dar ejemplo” a las otras Administraciones, a las que juzga. Los contratos menores permiten adjudicar obras a dedo, tras pedir tres presupuestos diferentes, pero están exentos de publicidad.

El presidente del tribunal ha rehusado hablar sobre este caso. Fuentes de su entorno explican que fue él quien erradicó esta práctica al llegar a la presidencia y que, aun así, entiende que no ha habido irregularidades en las adjudicaciones a Ortega porque se trata de obras menores.