El juez culminará en breve el caso que implica a la Infanta

El juez de Palma, José Castro, que instruye desde hace más de tres años el caso Nóos, una trama de supuesta corrupción creada para desviar dinero público hacia empresas privadas propiedad de Iñaki Urdangarin, esposo de la infanta Cristina, y de su exsocio, Diego Torres, tenía previsto cerrar esta primera semana de junio la instrucción de la causa, en la que está imputada la hija del Rey. Una de las sociedades a las que se desvió dinero público es Aizoon, propiedad a partes iguales de Urdangarin y la infanta Cristina.

El juez Castro debe resolver, entre otras cuestiones, si mantiene la imputación sobre la Infanta y la sienta en el banquillo de los acusados donde su esposo se enfrenta a altas penas de cárcel que solicitará el fiscal.

El instructor defiende sentar en el banquillo a Cristina de Borbón

La infanta Cristina compareció durante cinco horas ante el juez el pasado febrero. Es la primera familiar directa del Rey que acude ante un juez para ser investigada. Esta causa ha supuesto el mayor deterioro de la imagen de la Familia Real en toda su historia. La implicación en la causa de la hija de los Reyes ha sido defendida por el juez Castro en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción.

Durante la prolija investigación, se han analizado cientos de documentos de las finanzas de los duques de Palma. La Infanta y su esposo están apartados de la agenda oficial de la Zarzuela desde antes de la imputación de Urdangarin, en diciembre de 2011. El hijo político de los Reyes puede ser acusado por el fiscal a penas que suman más de 13 años de cárcel.

La negativa del yerno del Rey a negociar —durante dos años— con la Fiscalía y declararse culpable, junto a su socio Diego Torres, garantizando el retorno del dinero supuestamente malversado, desencadenó, indirectamente, que la investigación profundizara sobre otras personas. Así, según fuentes de la fiscalía, se llegó a la imputación por supuesto blanqueo y delito fiscal de la Infanta. En caso de pactar y compensar ahora a las arcas públicas, las mismas fuentes señalan que el yerno de don Juan Carlos no evitaría una posible pena de ingreso en la cárcel de más de dos años.

El último retraso del juez para concluir el sumario lo ha causado un nuevo recurso presentado por el pseudosindicato ultraderechista Manos Limpias —que ejerce la acusación particular y persigue que la hija del Rey se siente en el banquillo—, sobre la necesidad de verificar las firmas de la Infanta Cristina en dos actas de las juntas de la empresa Aizoon. Esta compañía privada propiedad de la pareja se enriqueció con fondos procedentes de la supuesta malversación de más de seis millones de euros que el Instituto Nóos logró de contratos públicos adjudicados a dedo por los Gobiernos de Baleares y la Comunidad Valenciana, ambos del PP.

Castro tiene perfilado desde hace semanas el escrito donde resume el caso y lo pasa a procedimiento abreviado para la celebración del juicio oral con el relato de cuestiones investigadas, el menú de supuestos delitos y el listado de los imputados que considera que se han de sentar ante la Audiencia de Palma.

El ministerio público tan solo considera culpable a Urdangarin

De los 44 imputados actuales que han testificado desde 2011, la mitad no irá al banquillo, según distintas fuentes próximas a la investigación. En medios judiciales se considera probable que el juez Castro incluya, de nuevo, la imputación de la Infanta. El fiscal Pedro Horrach recurrirá esta resolución ante la Audiencia de Palma. Los tres jueces Diego Gómez-Reyno, Juan Jiménez Vidal y Mónica de la Serna se pronunciarán finalmente, otra vez, sobre esta cuestión: quién se sentará en el banquillo de los acusados y por qué delitos. Ellos mismos serán los que juzguen y dicten sentencia, si no son recusados.

El juez Castro sostiene la necesidad de imputar a la Infanta por los siguientes hechos descubiertos por la investigación:

Reparto de dividendos "fiscalmente opaco" en la empresa de los duques. “Lo que no le es permisible a la entidad Aizoon [propiedad de los duques de Palma], y esta falta de licencia es extensiva a Urdangarin y a su esposa doña Cristina de Borbón, es llevar a cabo un reparto fáctico, fiscalmente opaco, de dividendos sobre la base de la disposición de fondos de Aizoon para atender gastos estrictamente personales y que tienen como nota común que su génesis no guarda absolutamente ninguna relación con las actividades mercantiles de Aizoon”.

Doble fraude fiscal. “Las facturaciones por gastos personales que doña Cristina de Borbón cargó a Aizoon supusieron una doble defraudación: por una parte se trata de ingresos por los que nunca tributó en sus declaraciones del IRPF; por otra y a más añadidura, tuvieron la virtualidad de minorar la base imponible del Impuesto de Sociedades al figurar como gastos de explotación sin serlo”.

Cooperación necesaria. “Doña Cristina de Borbón se prestó a que Aizoon sirviera de andamiaje imprescindible para la comisión de los delitos fiscales que se están investigando”.

Delito por omisión de mirar hacia otro lado. “Los delitos contra la Hacienda Pública que se imputan a don Iñaki Urdangarín difícilmente se podían haber cometido sin, cuando menos, el conocimiento y aquiescencia de su esposa, por mucho que de cara a terceros indiciariamente mantuviera una actitud propia de quien mira para otro lado”.