El fiscal general denuncia la falta de medios y de leyes contra la corrupción

Los expertos que iniciaron este miércoles las comparecencias en el Congreso para valorar las medidas anticorrupción propuestas por el Gobierno quieren ir mucho más allá para poder combatir estas conductas. Especialmente duro con la actual situación fue el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, quien lamentó la falta de medios legales, materiales y personales y la ausencia de mecanismo de acceso a bases de datos públicos para poder combatir la corrupción. “Legislación insuficiente, enrevesada y con penas no acordes con la gravedad que se demanda por la ciudadanía”, “actuación exasperantemente lenta”, “absoluciones difíciles de entender y sin recuperación de dinero”, “prescripciones incomprensibles”, “indultos a corruptos” y “agujeros negros en la ejecución de sentencias”, son algunas de las disfunciones demoledoras que Torres-Dulce denunció ante la Comisión Constitucional y que llevan a la sensación generalizada de que “la Justicia favorece al poder”.

Este miércoles comparecieron el fiscal general; Benigno Pendás, director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y el presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda. Les seguirán otros expertos para valorar las normas que el Gobierno remitió al Congreso: un proyecto de ley sobre altos cargos, otro sobre financiación de partidos y la reforma del Código Penal que se tramita para aumentar las condenas y tipificar nuevas conductas.

El fiscal general criticó expresamente el “parcheo del Código Penal, con penas desproporcionadas y desequilibradas”, en referencia a esa reforma, lo que supone una crítica implícita a la respuesta legal del Ejecutivo contra la corrupción, por poner el acento en las condenas y no en el proceso penal y la respuesta judicial. Con distinto tono, los comparecientes coincidieron en esa crítica a la falta de respuesta judicial y la demora de los procesos penales.

Torres-Dulce critica las reformas judiciales basadas en el Código Penal

En concreto, Torres-Dulce reclamó instrucciones más ágiles y dirigidas por el fiscal y Pendás afirmó que es mucho más importante la respuesta procesal ágil que el endurecimiento de las penas. Esa reforma del proceso sí está en el borrador de Código Procesal Penal para sustituir a la decimonónica Ley de Enjuiciamiento Criminal que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, tiene en su cajón desde hace más de un año.

Ese texto se basa se basa en un informe de expertos, pero está congelado por el Gobierno y es ya muy difícil que en su totalidad pueda ser aprobado en lo que queda de legislatura por los plazos de tramitación.

El fiscal general reclamó reiteradamente esta reforma y aseguró que “si no hay tiempo para aprobar una nueva ley que se hagan reformas parciales”. Pintó un panorama negro sobre la viabilidad e imparcialidad de los sumarios más llamativos que se resume en esta frase: “Las causas más complejas no las instruye ni el juez ni el fiscal, sino que llegan precocinadas por la policía y la Agencia Tributaria y la capacidad de filtraje crítico es muy limitado”. Ni mencionó siquiera el proyecto de Ley del Poder Judicial de Gallardón para limitar el poder de “jueces estrella” que instruyan esos grandes sumarios.

Las causas más complejas llegan precocinadas por la policía y Hacienda”

En todo caso, explicó que el cambio de proceso no solo está en una reforma legal, sino en un “cambio conceptual para que sea más sencilla, ágil y rápida”. Por ejemplo, situó ese cambio práctico en evitar macroprocesos que se eternizan y dan imagen de impunidad, avanzando en los sumarios y procesos, sin esperar a detalles colaterales. Según dijo, ahora la instrucción “es un fin y no un medio para llegar a la vista oral”.

Su propuesta se completa con la denuncia de la falta de medios materiales y personales y de acceso a datos de registros públicos. Para avanzar, anunció la puesta en marcha de mecanismos internos para mejorar las técnicas de investigación e impulsar secciones de investigación en las fiscalías. También anunció que dictará una circular interna entre los fiscales para acotar y delimitar la figura del imputado. Es decir, diferenciar la mera admisión de una querella de la existencia de un auto que determine indicios claros.