La policía no ve posible probar el delito de cohecho en el caso Bárcenas

El delito de cohecho se cae de la investigación que desarrolla el juez Pablo Ruz sobre los llamados papeles de Bárcenas (que dan cuenta de las donaciones ilegales aportadas en los últimos años al PP por 15 de los grandes empresarios españoles). Y se desvanece ante la dificultad policial de demostrar que estos empresarios hicieron esas donaciones (7,5 millones entre 2001 y 2008) a cambio de obras públicas de administraciones gobernadas por los populares. “Con la información de la que se dispone en estos momentos”, no es posible establecer “una vinculación directa” entre las donaciones que recibió el PP y la adjudicación de contratos a los donantes, señala la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la policía en el informe que ha remitido al juez.

Ruz ha dado por veraces las donaciones ilegales que figuran en los papeles de Bárcenas (la caja b del PP de los últimos 20 años). Pero, desde una perspectiva jurídico/penal, el delito de cohecho no se consuma por el mero hecho de que el extesorero del PP Luis Bárcenas diga en abstracto que algunas donaciones lo fueron a cambio de obras. Para imputar a algún empresario este delito hay que documentar quién paga, quién recibe, cuándo y a cambio de qué.

Ruz pidió a la UDEF que analizase las donaciones que figuran en los papeles de Bárcenas que publicó EL PAÍS el 31 de enero de 2013 y que las cotejase con las obras adjudicadas en esos años a esas empresas. Pero los investigadores se han topado con un obstáculo: los donantes son las grandes constructoras españolas, es decir, las que prácticamente se reparten casi todas las obras importantes que se licitan en España. Y reciben encargos de casi todas las administraciones, con independencia de que las gobierne el PP o el PSOE. Y como no hay, o no han trascendido, evidencias que revelen que en una determinada fecha, un determinado cargo público del PP adjudicó una obra a cambio de una donación al partido, “es imposible”, según fuentes de la investigación, establecer la existencia de cohecho.

También lo ve así ahora la UDEF en sus conclusiones. En mayo pasado, la UDEF presentó un primer informe analítico de las donaciones y las obras públicas otorgadas a estos empresarios. En ese primer informe, se establecían, por aproximación en las fechas, vinculaciones entre donaciones y obras. Y señalaban que las empresas de los donantes que figuran en los papeles habían recibido 12.000 millones de euros entre los años 2001 y 2012 en contratos adjudicados por administraciones públicas gobernadas por el PP. En ese primer informe se detallaba la existencia de “19 donantes identificados”, de los que 16 habrían realizado al PP aportaciones superiores al límite legal de 60.000 euros contemplados por la Ley Electoral hasta 2007. Pero eso, según los investigadores, nada tiene que ver con el delito de cohecho. Donar más de lo permitido es una infracción administrativa, susceptible de sanción, incluso puede ser un delito fiscal si esas cantidades no han sido declaradas al fisco, pero no un cohecho.

Los dos principales delitos que se investigan en el caso de los papeles de Bárcenas son el fiscal y el de cohecho. El fiscal sigue en pie todavía, pero no así el de cohecho, sobre todo después del informe presentado ahora por la policía (y otro anterior encomendado a interventores del Estado y que también concluyó la dificultad de probar el cohecho).

En su último informe, la UDEF revela que, para justificar el cohecho y atribuírselo a estos donantes, son necesarios “un conjunto de elementos cuantitativos, subjetivos y temporales que permitan llevar a cabo una inferencia lógica a partir de los mismos” (es decir, que se ha pagado a cambio de algo). Pero no se ha podido establecer en estas donaciones, afirma la policía.