La fiscalía pide imputar por cohecho a diez policías en el caso de Gao Ping

La fiscalía anticorrupción reavivó este lunes el caso Emperador, la trama de blanqueo de capitales encabezada por el empresario chino Gao Ping, con una serie peticiones de imputación de gran calado. El ministerio público pidió al juez instructor de la causa, Fernando Andreu, que impute por cohecho, prevaricación y revelación de secretos a siete agentes del Cuerpo Nacional de Policía —entre ellos tres comisarios y un inspector—, dos agentes de la Policía Municipal de Fuenlabrada (Madrid) y a un guardia civil. A algunos de ellos se les atribuye haber recibido regalos de la red corrupta a cambio de favores en materia de extranjería, departamento en el que trabajan la mayoría de los agentes.

La petición de la fiscalía supone una patata caliente para el magistrado instructor, que ha solicitado a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que lo releve del caso porque es amigo de uno de los mandos policiales que quiere investigar la fiscalía. En concreto el juez Andreu mantiene amistad con Carlos Salamanca, responsable de la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Además, entre los nuevos investigados se encuentran, según fuentes jurídicas, el jefe de la Brigada de Extranjería y Documentación de Madrid, Ángel Luis Olmedo; el número 3 de la Brigada de Seguridad Ciudadana de la capital, Manuel Patricio Rodríguez San Román, y el inspector Federico Sánchez Frutos, exmiembro de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Brigada de Madrid y actualmente en la empresa privada.

Tras conocer las peticiones de imputación de la fiscalía, el magistrado elevó este lunes un escrito a la Sección Tercera de la Sala de lo Penal en el que solicita inhibirse de este procedimiento, según informaron fuentes jurídicas. La Sección Tercera, presidida por el magistrado Alfonso Guevara, dispone de diez días para decidir sobre el relevo de Andreu al frente de la causa. En caso de que lo aceptara, el reparto de asuntos de la Audiencia Nacional haría recaer la investigación en el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2, Ismael Moreno.

Anticorrupción, que cuenta con el aval del Departamento de Asuntos Internos para solicitar las nuevas imputaciones, según fuentes jurídicas, sostiene en un escrito remitido el pasado viernes al juez instructor que los agentes pudieron favorecer a algunos miembros de la organización de Gao Ping en distintos trámites. Entre ellos se encontrarían la obtención del documento nacional de identidad, una denuncia por el robo de un bolso en Fuengirola (Málaga) y la petición de permisos de inmigración. Al menos uno de los agentes supuestamente relacionados con la red trabajó la Brigada de Extranjería del Cuerpo Nacional de Policía.

A Carlos Salamanca, además, se le relaciona con el presunto miembro de la red Yonping Wu Liu, con quien mantenía una relación fluida y acudía habitualmente a comer o ver partidos de fútbol o baloncesto. La fiscalía también relaciona a otros policías para los que pide la imputación con la esposa de Gao Ping, Lizhen Yang, según fuentes de la Audiencia Nacional.

La Operación Emperador, que estalló en octubre de 2012 con la detención de 83 personas, la mayoría de nacionalidad china, parecía inactiva desde que el pasado junio la Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia decidiera mantener en prisión al cabecilla de la trama, Gao Ping, encarcelado desde el pasado 16 de abril.

Sin embargo, lejos de detenerse, la investigación ha proseguido de forma discreta en una dirección sorprendente: la de destapar los supuestos cohechos de mandos policiales a cambio de favores a distintos miembros de la trama. Entre las recompensas irregulares supuestamente cobradas por alguno de los mandos figuran, entre otras, viajes a China, según fuentes jurídicas. Los diez agentes que se encuentran a un paso de la imputación no son los primeros miembros de las fuerzas de seguridad que se ven envueltos en la trama. Hasta ahora, estaban imputados en la causa un inspector de policía, también de extranjería, y un sargento de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, que supuestamente intervinieron para quitar multas y facilitar información a los principales miembros de la trama.

La investigación ha revelado que la trama de Gao Ping, centrada en el polígono Cobo Calleja de Fuenlabrada (Madrid) lavaba entre 200 y 300 millones de euros anuales mediante varios mecanismos que iban desde el envío de falsas remesas a una estructura internacional basada en cuentas en paraísos fiscales.

Entre los arrestados estaban el actor porno Ignacio García Jodrá, alias Nacho Vidal; el exconcejal de Seguridad de Fuenlabrada (Madrid) José Borrás. En junio de 2013 el magistrado imputó a otras 15 personas, entre ellas primas lejanas del rey Juan Carlos, por haber blanqueado dinero presuntamente a través de la rama de la red que dirigía la imputada Malka Mamman Levy.