Gürtel desangra al PP valenciano

Cinco años después, la trama de corrupción masiva dirigida por Francisco Correa, que desparramó sus influencias por varias comunidades y una decena de ayuntamientos del PP, ha colocado a más de una docena de excargos públicos valencianos a los pies del banquillo de los acusados. Serán casi los primeros, pero a ellos les sucederán los implicados en el grueso del caso y otros excargos populares, como los de Madrid, defenestrados políticamente al inicio de la investigación, pero que aún no han rendido cuentas ante la justicia.

A 14 meses de las próximas elecciones municipales y autonómicas, los procesos judiciales colocarán bajo mínimos el prestigio del PP valenciano por sus prácticas presuntamente ilegales. Es probable que las maniobras de sus dirigentes impidan una nueva foto en el banquillo antes de las elecciones europeas, pero no podrán frenar las investigaciones y el remate a un proceso judicial que, día a día, certifica el despliegue de todo un mecanismo de corruptelas que los populares permitieron en la pasada década.

Sobre el horizonte de 2015, el PP valenciano resiste pero como un partido desangrado, sin que su líder, y presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, sea capaz de atajar las líneas rojas que se marcó al inicio de su mandato, heredado tras la dimisión de Francisco Camps.

Muy atrás, y diluido, quedó el compromiso de tolerancia cero hacia la corrupción. En la bancada popular, en las Cortes Valencianas, se han llegado a sentar hasta una decena de imputados. Y la promesa de limpiar sus filas de corruptos se ha transformado en una serie de fórmulas que se aplican de forma individualizada en función del caso y del calendario judicial. El PP mantiene, tras la renuncia el viernes de una imputada, Milagrosa Martínez, a seis diputados pendientes de la acción judicial.

Pero, además, los sumarios judiciales han afectado a las siguientes líneas de poder y, además de los seis exconsejeros de Camps imputados por casos de corrupción, un escalón más abajo, figuran también como imputados casi una decena de secretarios autonómicos y docenas de directores generales y altos funcionarios de la Generalitat en las distintas piezas del caso Gürtel y las otras dos grandes causas que afectan a la Comunidad Valenciana, el caso Cooperación y el caso Nóos.

Las empresas de la trama Gürtel pasaron de ser proveedores únicos de eventos de la dirección regional del PP a lograr todo un elenco de contratos con la Generalitat y dinero de adjudicatarios de la Administración valenciana con los que, según la investigación, se pagaban los actos de los populares valencianos a cambio de suculentas comisiones.

De las seis causas del caso Gürtel que se investigan en Valencia, la conclusión de las dos primeras, las referentes a la financiación ilegal de las campañas de 2007 y 2008, es la que más podría acercarse a la fecha de las próximas elecciones municipales y autonómicas. Las pesquisas han evidenciado hasta ahora cómo el PP valenciano hizo trampas para costear su despliegue en campaña. Será la justicia la que determine si fueron ilegales y quiénes fueron sus autores. Pero, mientras, algunos de los responsables de aquellos desaguisados siguen sentados en sus escaños, aunque la dirección popular cuente con poder decir que en las próximas listas no habrá ningún imputado.

El acelerón que el instructor de la causa principal, Pablo Ruz, ha dado para el grueso del sumario ha impedido, no obstante, que las investigaciones sobre las piezas separadas sufran un frenazo, ante la incapacidad de la policía (por sus limitados recursos) de responder al reclamo de los informes de análisis de la documentación incautada y la información obtenida.

Al margen de Gürtel, el desangrado PP vive también pendiente de la alcaldesa de Alicante y también parlamentaria, Sonia Castedo, imputada por el caso Brugal, acusada de cohecho, tráfico de influencias y revelación de información privilegiada del plan general de ordenación urbana al empresario Enrique Ortiz, también imputado en el caso Gürtel. No es el único edil importante del PP valenciano que está en la cuerda floja. El alcalde de Castellón, Alfonso Bataller, también está imputado en una de las piezas del caso Gürtel que se instruye en el Tribunal Superior de Justicia valenciano por haber contratado con las empresas de la trama en su etapa como alto cargo de la Consejería de Sanidad.

Además, el PP de Alberto Fabra está a la espera de la sentencia, una vez finalizado el juicio, del llamado caso Cooperación, en el que se juzgan las irregularidades en la concesión de subvenciones a una fundación que recibió 1,6 millones de euros para dos proyectos en Nicaragua, de los que solo llegaron a su destino 43.000 euros. Su principal implicado, el exconsejero Rafael Blasco, salió del grupo popular antes de que lo expulsaran pero Fabra no fue capaz de conseguir que abandonara su escaño.

El problema no es solo que el partido que sostiene el Gobierno autonómico esté desangrado, sino que ese estado ha llevado además al mismo Ejecutivo valenciano y a toda la Administración, así como al grupo parlamentario en las Cortes Valencianas a una situación de parálisis.