El PP valenciano financió ilegalmente las campañas electorales de 2007 y 2008
Hacienda eleva a 3,5 millones los pagos opacos y las aportaciones irregulares a través de Gürtel Atribuye delitos a Carlos Fabra y a la alcaldesa de Alicante
El PP valenciano financió ilegalmente las campañas de 2007 y 2008 a través de la trama Gürtel. El informe definitivo que la Agencia Tributaria ha entregado al Tribunal Superior de Justicia valenciano concluye que el partido, dirigido entonces por el expresidente de la Generalitat Francisco Camps, dimitido en 2011 por su relación con el caso, ejecutó en ambos casos un monumental fraude.
“Los pagos en B a Orange Market”, la empresa valenciana de la red corrupta, por parte del partido alcanzaron en 2007 un “importe de 2.168.500 euros”, señala el informe. Las aportaciones irregulares de empresas constructoras, que la trama ocultaba “emitiendo facturas falsas”, se elevó en la campaña de las elecciones autonómicas de 2007 a 517.614 euros. Y en la de las generales de 2008, a 683.524 euros. Sumando esos y otros conceptos, los pagos en dinero negro y las donaciones prohibidas por la ley electoral alcanzaron los 3,5 millones.
La empresa que dirigía Álvaro Pérez, El Bigotes, que organizaba todos los actos de los populares valencianos, facturó en teoría una modesta suma por la campaña de 2007: “La contabilidad electoral del Partido Popular registra un gasto de 175.000 euros”. Hacienda revela, sin embargo, que la realidad fue muy diferente. “En este informe queda demostrado que los servicios prestados por Orange Market SL tienen un importe muy superior”, “comprendido en el intervalo de 2.190.953 a 2.575.557 euros”, indica.
Dinero fresco de empresas del ladrillo para montar mítines
Las campañas de los populares valencianos de la década pasada eran fastuosas. El expresidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps ha contado que le gustaba revisar personalmente la escenografía, de la que se encargaba Álvaro Pérez, El Bigotes. Hacienda corrobora en su informe definitivo sobre la campaña de 2007 que aquel brillo se debió, en parte, al dinero fresco con el que ocho empresas de la construcción, en los últimos coletazos del boom del ladrillo, pagaban mítines electorales.
Hacienda respalda a la UDEF y considera que Facsa, Piaf, Enrique Ortiz, Lubasa, Sedesa, Pavimentos del Sureste, Hormigones Martínez y Grupo Vallalba (las tres últimas del mismo grupo) abonaron 1,2 millones de euros por “el cobro de unos servicios que no les fueron prestados a dichas empresas sino al Partido Popular” en 2007 y 2008. Todas las empresas eran adjudicatarias de la Generalitat, aunque esos contratos están fuera de la investigación.
El juez José Ceres, que había requerido repetidamente a la Agencia que entregase su informe definitivo, mantiene imputados por estos hechos a la antigua cúpula del PP regional, salvo a Camps, y a los gestores de ocho empresas de la construcción y de obra pública.
El análisis de Hacienda considera, sin embargo, que otros destacados políticos valencianos realizaron “una actividad de colaboración necesaria en la comisión de los delitos de defraudación tributaria” de Orange Market. Y señala como autores a la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, a quien la trama aludía en sus documentos internos como “Sonia”. Al expresidente de la Diputación de Castellón y del PP de esa provincia Carlos Fabra, a quien registraban como “El tuerto”. Al recién destituido, por otro escándalo, vicepresidente de la diputación castellonense y alcalde La Vall d’Alba, Francisco Martínez (“Paco”). Y al empresario Felipe Almenar (“El Príncipe”), presidente de Cyes.
La defraudación tributaria de la filial valenciana del grupo de Francisco Correa ascendió en 2007 y 2008 a casi 1,6 millones de euros entre IVA e Impuesto de Sociedades.
Hacienda acusa a la formación política de haber participado en los cuatro delitos fiscales: “De los hechos comprobados en este informe se deduce que el Partido Popular colaboró con Orange Market para cometer el fraude tributario advertido, pagando parte de los servicios que recibía sin exigir la factura correspondiente ni pagar el IVA que los grava”.
La contabilidad de los populares, que el informe describe como “incorrecta”, “sólo registra servicios prestados por Orange Market en concepto de organización de mítines y actos de campaña”. La Agencia Tributaria constata, en cambio, que Gürtel se encargó de hasta el último detalle de las campañas. Desde la contratación de las vallas electorales a la inserción de propaganda en los medios, pasando por la selección de la corte de figurantes con los que el expresidente valenciano se rodeaba en los anuncios para televisión y en los grandes mítines.
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