De la sospecha a la acusación: así actúan los jueces con los aforados

La juez Mercedes Alaya sigue firme en su estrategia: evita por todos los medios concretar acusaciones contra las personas implicadas con condición de aforados para no verse en la obligación de desgajar la investigación y remitirla a tribunales superiores. Lo hace desoyendo a la Fiscalía Anticorrupción, que ha cuestionado abiertamente la instrucción; a la Audiencia de Sevilla y hasta arriesgándose a ser acusada de vulneración del derecho de defensa y a la tutela judicial efectiva. En circunstancias similares, otros jueces han recibido durísimas críticas por retener otras causas apenas un par de meses. Alaya lleva ya tres años con el caso.

Caso Gürtel. Solo un mes después de que estallase la operación, el 5 de marzo de 2009, el juez Baltasar Garzón se inhibe de la trama valenciana del caso Gürtel en favor del Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV) al encontrar indicios de responsabilidad penal en el entonces presidente de la comunidad, Francisco Camps, y en el diputado Ricardo Costa. Garzón hará lo mismo con los diputados autonómicos de Madrid Alberto López Viejo, Benjamín Martín y Alfonso Bosch. 

 Caso Gürtel (II). El 29 de noviembre de 2010, el juez Antonio Pedreira dicta un auto en el que se inhibe de la tercera rama del caso que salpica al Gobierno autonómico de Castilla y León por indicios de la implicación del presidente de las Cortes, José Manuel Fernández Santiago. Habían pasado solo siete días desde que el juez recibiese el informe de la Intervención del Estado que corroboraba las sospechas.

Caso Campeón. La investigación de la juez de Lugo, Estela San José, destapó en mayo de 2011 una supuesta red de corrupción entre cargos de la Xunta gallega y las empresas de Jorge Dorribo, beneficiadas con millonarias ayudas. En agosto unas declaraciones del empresario implican al entonces ministro de Fomento y diputado socialista, José Blanco. Los juzgados remiten el 3 de noviembre, dos meses después, la causa al Tribunal Supremo.

Caso Nóos. El 29 de mayo de 2013, el juez José Castro dictó un auto en el que pide al Tribunal Superior de Valencia que impute a Camps y a Rita Barberá, entonces aforados, en el caso Nóos. Siete días antes, el exsocio de Urdangarín Diego Torres detallaba a Castro la reunión de ambos para negociar el Valencia Summit.