El juez envía a la policía a la sede del PP

El juez Pablo Ruz, instructor del caso Bárcenas, que investiga la supuesta contabilidad b del PP, envió, en la noche del jueves a la policía a la sede central de los populares en Madrid, en la calle de Génova, para recabar documentación sobre las obras de reforma que se realizaron en el inmueble entre 2005 y 2011. 

El magistrado tomó esta decisión después de que, a través de la Fiscalía Anticorrupción, tuviera conocimiento de que el PP poseía información que aún no había facilitado al juzgado, pese a los requerimientos efectuados. Ante el intento de los populares de sortear la inspección judicial, Ruz optó por el requerimiento con las fuerzas de Seguridad del Estado. Los agentes acudieron al edificio acompañados por el secretario judicial alrededor de las nueve de la noche. Fuentes del PP aseguraron a Europa Press su intención de aportar toda la documentación que se le requiriese sobre la empresa Unifica, encargada de realizar las obras de reforma del inmueble.

Los agentes se centraron en los despachos de gerencia y de tesorería, mientras que los responsables de estas áreas, según las mismas fuentes, atendían al citado secretario judicial.

Después de que el extesorero, Luis Bárcenas, asegurara que parte de la remodelación de la sede del PP se había pagado con dinero de la caja b, como figuraba en su contabilidad manuscrita, el juez requirió a los populares toda la documentación sobre el proyecto y ejecución de estas obras.

El PP remitió información días más tarde y la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la policía se encargó del análisis de estos documentos, de la contabilidad oficial del PP, de los documentos intervenidos en el registro de las oficinas del arquitecto al que se encargó la obra, Gonzalo Urquijo, y de los papeles de Bárcenas, en los que aparecen tres apuntes con pagos al arquitecto. En su informe, la policía concluyó que el Partido Popular pagó a Gonzalo Urquijo 1.072.000 euros en b (184.000 en el año 2006 y 888.000 en 2008).

Tras la presentación de este informe de la policía, que no gustó nada a la dirección de los populares, la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, aseguró el pasado lunes haber presentado ante la Fiscalía Anticorrupción un escrito y varios documentos para “acreditar que toda la obra que se hizo en Génova está en las cuentas oficiales y pagada con cheques conformados”.

Entre los documentos hay órdenes de pago, cheques y facturas que, aunque el PP dijo haberlos aportado ya, el juez ha considerado que trascienden de lo presentado hasta ahora.

En ese mismo escrito, el PP hace una crítica al informe de la policía que considera “parcial, provisional y de avance” ya que, a su entender, se puede acreditar “el completo pago de las facturas presentadas por las obras de remodelación de su sede mediante cheques o transferencias bancarias correctamente asentadas en su contabilidad”.

El arquitecto declaró el lunes como imputado y negó haber recibido dinero alguno del PP. Pero, tras el interrogatorio, las acusaciones presentaron una queja al considerar que el fiscal Anticorrupción preguntaba sobre cuestiones, aparentemente reveladas por el PP, de las que el resto de las partes no tenían conocimientos.

Este jueves mismo, tras tomar declaración, en calidad de testigo, al contable de Unifica, la empresa que realizó las obras, el juez decidió suspender las otras dos declaraciones previstas, la de la encargada de las obras de reforma de la sede de la calle de Génova, Laura Montero, y la de Antonio de la Fuente, jefe de seguridad del PP y cuñado del extesorero Luis Bárcenas, quien, según señaló tanto la policía como el propio arquitecto Urquijo, era quien estaba pendiente de la ejecución del proyecto de reforma de la sede popular.