Los vigilantes privados podrán patrullar en las calles y detener

La definición y regulación del trabajo de los vigilantes de seguridad provocó ayer una importante polémica política en el Congreso de los Diputados. La Comisión de Interior de la Cámara baja dio luz verde, con los votos de PP, CiU y PNV, a la Ley de Seguridad Privada, un proyecto que da amparo legal al patrullaje en espacios abiertos como “zonas comerciales peatonales” y, como consecuencia, permite realizar detenciones y registros en la vía pública ante flagrante delito. Esto es, si las empresas de una zona comercial de una ciudad solicitan un servicio de seguridad privada, los vigilantes podrían encargarse del control de esas áreas, aunque se añade que “en coordinación, cuando proceda, con las fuerzas y cuerpos de seguridad competentes”.

La norma actualiza la anterior, de 1992, y, según fuentes del Ministerio del Interior, se refiere a un servicio “que ya se viene prestando en zonas comerciales desde hace tiempo, aunque sin respaldo legal, y que hasta ahora no ha planteado problemas”. De hecho, la ley de seguridad de José Luis Corcuera no contemplaba una regulación de la actuación en la vía pública de los empleados del sector de la seguridad privada. Y, a pesar de que la práctica cotidiana ha llevado a los vigilantes a llevarla a cabo, el amparo legal previsto en la nueva norma ha provocado la indignación y la oposición tanto del PSOE como del Grupo de la Izquierda Plural y UpyD.

La ley, que será remitida al Senado para continuar su trámite parlamentario, permitirá a partir de ahora, negro sobre blanco, la “vigilancia en polígonos industriales y urbanizaciones y en sus vías de uso común”; “la vigilancia en zonas comerciales peatonales”; la “vigilancia en acontecimientos deportivos, culturales o cualquier otro evento de relevancia social que se desarrolle en vías o espacios públicos”; y la “vigilancia en espacios o vías públicas en supuestos distintos de los previstos en este artículo”.

En cualquier caso, para prestar estos servicios “de protección” las empresas de seguridad privada necesitarán la “autorización previa por parte del órgano competente en cada caso”. Además, deberán realizarse en “coordinación, cuando proceda, con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes”.

La prestación de servicios de vigilancia podrá realizarse en espacios o vías públicas en determinados supuestos. Además de los casos clásicos —retirada o reposición de cajeros automáticos; los desplazamientos al exterior de los inmuebles objeto de protección para realizar actividades directamente relacionadas con las funciones de vigilancia; el control de medios de transporte—, también estará permitida “la vigilancia y protección en recintos y espacios abiertos que se encuentren o puedan ser delimitados de cualquier forma”; “los servicios de ronda o de vigilancia discontinua, consistentes en la visita intermitente y programada a los diferentes puestos de vigilancia establecidos o a los distintos lugares objeto de protección”; y “aquellos servicios de vigilancia y protección que lo requieran por su propia naturaleza y desarrollo”.

La ley permite la vigilancia en polígonos y urbanizaciones

La filosofía de la norma lo deja claro desde el principio y, en la exposición de motivos, se recoge que “se ha aprovechado para realizar una necesaria matización del principio general de exclusión de la seguridad privada de los espacios públicos, cuya formulación actual, excesivamente rígida, ha dificultado o impedido la necesaria autorización de servicios en beneficio del ciudadano, que resulta hoy obsoleta”.

Este es, en opinión del diputado popular Francisco Márquez, ponente de la norma, uno de los objetivos de la ley. Es decir, “organizar y ordenar” el trabajo de los vigilantes de seguridad en cada caso y en cada ámbito de trabajo. “La nueva norma modernizará la actual ley de 1992” y, si reconoce que aumentará las capacidades de las empresas privadas, “no persigue la privatización de la seguridad”.

Para la oposición, ganan las empresas y los ciudadanos pierden derechos

Para el principal partido de la oposición, en cambio, “ganan las empresas de seguridad y los ciudadanos pierden derechos”, en palabras de Alfredo Pérez Rubalcaba. El portavoz socialista en la Comisión de Interior, Antonio Trevín, consideró además que la ley “rompe con la concepción de la seguridad ciudadana como servicio público atribuida a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ya que, a partir de ahora, sus funciones podrán ser ejercidas por la seguridad privada según el criterio económico, es decir, lo que sea más barato”. “Solo podrán pagarse labores de protección aquellos que tengan recursos para ello”, aseguró Ricardo Sixto, de Izquierda Plural. “El Estado se ha echado a un lado por una cuestión presupuestaria. Es innegociable que las fuerzas de seguridad tengan el monopolio de la seguridad en un Estado”, aseguró Toni Cantó, de UPyD.

CiU y PNV, que respaldaron la reforma y se mostraron satisfechos por los aspectos competenciales de la ley —que otorga capacidad ejecutiva a las autonomías—, admitieron que si hay algún aspecto especialmente polémico aún podrá mejorarse con las enmiendas en el Senado.