Leyes para acallar la protesta

Las iniciativas legislativas de los Gobiernos suelen llevar mensajes políticos más o menos explícitos para los ciudadanos. El de Mariano Rajoy ha decidido celebrar la mitad de la legislatura con dos normas muy ideológicas y con un mensaje político clarísimo.

La Ley de Seguridad Ciudadana —conocida como ley Fernández, por ser del ministro del Interior— y la de servicios mínimos anunciada por Rajoy refuerzan lo que el Gobierno ha llamado mayoría silenciosa, es decir, los españoles que no se manifiestan, que le dieron al PP la arrolladora victoria electoral y que están en condiciones de volver a apoyarles.

Y las dos normas hacen frente a lo que genéricamente se conoce como la calle, contra las protestas sociales y los movimientos ciudadanos más o menos espontáneos, pero incómodos para el Ejecutivo. Tan importantes están siendo estos grupos como que tuvieron un protagonismo reconocido con el 15-M y en algunos casos han torcido el pulso al Gobierno o, al menos, han situado en la agenda asuntos concretos que el Ejecutivo no pensaba abordar.

Por ejemplo, las movilizaciones y los llamados escraches de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca provocaron una reforma de la ley hipotecaria a la que el Gobierno se oponía inicialmente, porque pretendía un simple Código de libre adhesión para las entidades bancarias que limitara los desahucios.

Más recientemente, la huelga de limpieza en Madrid logró que lo que iban a ser más de 1.000 despidos en empresas adjudicatarias terminara en medidas más limitadas.

Esas actuaciones, ejemplo de otras, han tenido de hecho más efecto en el Gobierno que las dos huelgas generales o la actuación de la oposición política. A esos grupos y movilizaciones de protesta les afectarán las dos leyes con las que Rajoy celebra el segundo aniversario de su victoria.

En lugar de buscar consenso, va contra los que protestan Eduardo Madina (PSOE)

Según los sucesivos sondeos de Metroscopia para EL PAÍS, el 65% respalda ahora el 15-M y ve más motivos para esa movilización que en el inicio; el 78% apoya los escraches y el 85% de los socialistas es favorable a esas protestas. Tan importantes han sido esas movilizaciones como que el PSOE ha intentado también acercarse a sus promotores. La propia Susana Díaz, presidenta de la Junta de Andalucía, explicó en su discurso ante la Conferencia Política del PSOE que las mareas ciudadanas que se movilizan en la calle buscan un partido y los socialistas deben estar allí.

Para el socialista Eduardo Madina, “no es cierto que el Gobierno no tenga programa, lo tiene similar al de Margaret Thatcher en los 80, con la idea de que los ciudadanos no existen y buscando la desarticulación de las redes de protección de la sociedad”. Según Madina, el Gobierno “ha provocado una conflictividad social sin precedentes y, en lugar de buscar acuerdos, se lanza contra los que protestan con la ley de huelga y con la ley que, en realidad, acaba con la seguridad ciudadana”.

“El Gobierno legisla contra la gente que le cae mal, contra quien le molesta”, sostiene gráficamente la diputada de UPyD, Irene Lozano, para quien la ley Fernández lanza el mensaje de “políticos que se protegen a sí mismos frente a las protestas de los ciudadanos”. Ya que penaliza los escraches y las manifestaciones cerca del Congreso, incluso aunque no se estén celebrando plenos en ese momento. Casi como un mensaje de autoprotección que está implícito en la norma.

El ministro del Interior, Jorge Fernández, y el portavoz del PP, Alfonso Alonso, explican que la futura Ley de Seguridad Ciudadana, que no estará lista antes del verano, solo sustituye al capítulo de faltas del Código Penal que desaparece en la reforma que promueve Alberto Ruiz-Gallardón.

Fernández asegura que en algunos casos de los que se ha hablado, como los de manifestaciones no comunicadas, la sanción va a ser menor que la actual. Pero, la Ley de Seguridad Ciudadana y la de servicios mínimos siguen a reiteradas declaraciones de altos cargos y dirigentes del PP —por ejemplo, la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, y la alcaldesa de la capital, Ana Botella— que han lamentado el exceso de manifestaciones y el supuesto incumplimiento de servicios mínimos.

Legisla contra quien le cae mal y quien le molesta Irene Lozano (UPyD)

Sin embargo, según fuentes de la policía, de 4.000 manifestaciones en 2012 en Madrid, solo en 12 hubo actos violentos.

Además, esa reforma incluye también, según asociaciones de jueces y fiscales, la concepción ideológica del orden público y la primacía de la autoridad y de su versión, sin contradicción entre las partes en una vista oral.

Respecto a la anunciada ley sobre servicios mínimos, las asesorías jurídicas de UGT y CC OO explican que el problema no está en los incumplimientos como pretende el Gobierno, sino en cómo se fijan de forma abusiva por las administraciones. Cuando son establecidos por la administración sin acuerdo con los sindicatos, los recursos se eternizan en la vía contenciosa y se resuelven una vez concluido el conflicto.

En cambio, sostienen, son muy contados los casos de sanción por no cumplir servicios mínimos: primero, porque casi siempre se cumplen; y, segundo, porque al finalizar los conflictos se pactan la retirada de sanciones en los pocos casos en los que los haya. Y, cuando los hay, las sanciones se establecen en el ámbito laboral con despidos declarados procedentes en algunos casos. Como ejemplo, aseguran que si en la huelga de limpieza de Madrid no se cumplieron los servicios mínimos fue más bien porque las propias empresas eximían de salir a la calle a los que debían cumplirlos. También desde el Gobierno del PP se habla de los piquetes como elementos de coacción en las huelgas que serán regulados ahora. Pero en la encuesta del CIS realizada después de la última huelga general, el porcentaje de los que quisieron parar y no pudieron duplicaba al de los que quisieron trabajar y no les dejaron.