Luz judicial sobre el horror tibetano

Hace 16 años que el abogado José Elías empezó una tesis sobre la matanza en el Tíbet, para un doctorado en Derecho Internacional de la Universidad de Valencia. El resultado hoy es la solicitud de extradición de cinco miembros de la nomenclatura china. “Lo único que me viene a la cabeza es el cierto alivio que puedan sentir las víctimas tibetanas, que hasta ahora veían el estado del mundo, en el que nadie se fijaba en ellas”, explica el ahora profesor de Derecho Internacional, que obtuvo cum laude en su tesis.

En la querella que presentó en 2006 en la Audiencia Nacional, junto con la Comisión de Apoyo al Tíbet y la Fundación Casa de Tíbet, describe por apartados matanzas y torturas, con fechas, lugares y monasterios, contra el pueblo tibetano por parte del partido comunista chino. Los crímenes denunciados transcurren entre 1971 —cuando se incluyó en el código penal español el delito de genocidio— hasta 2005.

Entre la infinidad de pruebas, informes y testigos aportados a la causa, Elías hace hincapié en la declaración ante el juez Ismael Moreno del médico estadounidense Blake Kerr sobre el hecho de “impedir el nacimiento de niños en el seno tibetano". “Pudo entrar en hospitales de pequeñas aldeas, lo tiene filmado, incluso tomó fotografías de informes. Acreditó y vio cómo se apilaban fetos en los hospitales, cómo practicaban a las mujeres abortos forzados sin su consentimiento, cómo inyectaban a los recién nacidos un líquido, cómo morían los niños...”, cuenta el abogado. Y lo consiguió a base de “sobornos y de emborrachar” a funcionarios.

Elías recoge el testimonio de personas que “contaban cientos de muertos al mes, por fatiga o por inanición” en los campos de trabajo. Reunieron más de un centenar de casos de torturas “a personas de todas las edades y de todo género, de niñas de 13 años, a monjes que se han pasado 40 años en prisión, siendo torturados”. “Son auténticas aberraciones, pero no hablamos de la revolución cultural de Mao, es algo que pasó anteayer”, reflexiona.

Cuando Elías había acabado su tesis, y estaba ultimando la querella, conoció a Alan Cantos, actual director del Comité de Apoyo al Tibet y oceonógrafo físico de profesión. Cantos cree que les unió una “coreografía del destino”. Ambos impulsaron el proceso, para el que se asesoraron con los “mayores expertos” en la materia, cuenta Cantos.

“Significa muchísimo para las víctimas, pero también tiene un gran significado para la salud de la democracia española y para la independencia de poderes”, defiende Cantos. Está contento con las órdenes de extradición, pero manda un mensaje: “Conviene hablar menos de dinero y de diplomáticos airados, y más de víctimas y de principios legales y éticos. Estoy a favor de la amistad y de los negocios entre China y España, pero eso no debe ser excusa para sumisión política cuando asistimos a los crímenes más horrendos contra la humanidad”.

No existe una cifra independiente de víctimas del genocidio tibetano. El Gobierno en el exilio habla de 1,2 millones de personas. Por eso Elías pide que “una comisión de investigación de Naciones Unidas, que acredite el alcance de todo lo sucedido”.