Un control policial bajo sospecha

Tres remodelaciones de la cúpula policial en dos años son demasiados cambios. Tantos que han movido a sospecha: ¿cómo es que el Gobierno del PP no ha encontrado un comisario general de Policía Judicial de su confianza dentro de un colectivo mayoritariamente formado por hombres conservadores? ¿O es que esa confianza exige algo más? La teoría de que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, quiere un control absoluto de la unidad anticorrupción (UDEF) se ha consolidado entre los mandos policiales, pero es incompleta: los constantes desencuentros entre el ministro y el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, forman parte del relato.

El ministro del Interior, hombre de confianza de Rajoy, se encontró un ministerio con los altos cargos nombrados por el partido: Cosidó al frente de la Policía y Arsenio Fernández, de la Guardia Civil. Puestos por el partido, pero con una diferencia: Cosidó aspiraba a ser ministro porque hizo méritos como azote de Rubalcaba durante los años de la oposición. Con un perfil político y muchos tentáculos en el PP, Cosidó ha actuado como si fuera el ministro de la Policía.

De tal forma que hay cierta confusión sobre quién ejerce de mano dura en la policía: si Cosidó o el ministro, a pesar de que Fernández Díaz es un hombre más conservador ideológicamente. Y quien dice mano dura quiere decir también quién quiere llegar más lejos en el control de la unidad policial anticorrupción (UDEF), cuyas investigaciones e informes son un auténtico dolor de cabeza para el Gobierno y para el partido.

“De lo que no se dan cuenta es de que en la policía no puedes obligar a un inspector jefe a hacer un informe como tú quieras y menos a firmar un informe que no ha hecho. Eso en la Guardia Civil funciona, pero aquí no”, dice un mando policial. “Cosidó quiso contentar a mucha gente y ha asumido algunos planteamientos con los que no estaba de acuerdo. Lo que pide el PP es no conocer a la policía, un control estalinista de la policía. No se da cuenta de que los informes terminan siendo públicos, tienes que mantenerlos en un juicio; no puedes retorcer la realidad permanentemente”.

Precisamente por sus informes firmados y por los que no firmó, la UDEF se convirtió en una unidad rebelde a ojos del Gobierno y del partido, máxime teniendo en cuenta que se creó durante el mandato de Rubalcaba como ministro del Interior hasta alcanzar los 300 agentes. Y, por contraste, los comisarios generales, empezaron a ser vistos como mandos débiles. El relato de episodios está documentado desde que el primer comisario general (Rodríguez Ulla) reabrió una investigación sobre el ático de Ignacio González [presidente de Madrid] sin necesidad, a juicio del Gobierno, hasta los informes sobre los regalos a la ministra Ana Mato, las vacaciones de la familia Aznar, pasando por el informe que se negó a firmar sobre el patrimonio de Artur Mas y Jordi Pujol. Y luego, lo relacionado con el patrimonio de Bárcenas y los donativos al PP. Un informe de la UDEF fue clave para que el juez Ruz enviase a prisión a Bárcenas y de su existencia no sabía nada el Gobierno: “No se trata de manipular informes”, dicen fuentes del partido, “se trata de que un Gobierno tiene derecho a saber qué es lo que se está investigando, en qué actividades está la policía. Se trata de hacer un control activo. Lo que no puede ser es que Rajoy se entere de unos datos que están en un informe de la UDEF en una conferencia de prensa. Que hayan estado molestos Mato, González o gente del partido es una muestra de que la policía ha obrado con independencia”.

“En la policía no puedes obligar a hacer un informe como tú quieras”

Aquel informe se redactó en junio, con José Losada al frente de la comisaría general, un policía bien considerado a nivel profesional y sin un marcado perfil político, que ya había ocupado ese puesto en el Gobierno de Aznar. Aquel informe neutralizó cualquier intento de pacificar a Bárcenas, camino de la cárcel. Losada supo una mañana que estaba cesado por culpa de ese informe, al igual que Manuel Vázquez, comisario de la UDEF. Pero el cese de Losada no se ejecuta en junio sino en octubre. Y Vázquez sigue.

¿Quién ordena el cese de Losada y por qué se retrasa cinco meses? El parón se explica porque a Losada le comunican su destitución por la mañana y Bárcenas entra por la tarde en la cárcel: era muy descarado que ambos hechos coincidieran. En cuanto a la orden, todas las fuentes señalan al ministro, pero oficialmente se le atribuye al secretario de Estado, Francisco Martínez, que llegó al cargo hace unos meses y no había hecho ningún nombramiento. Caído Losada, le sustituye José Sánchez Aparicio, conocido como Chati, un hombre ligado al sindicato SPP (Sindicato Profesional de Policía), de donde se dice que Cosidó tiene su cantera de altos mandos. “Seguir los boletines del SPP es muy interesante de un tiempo a esta parte. Se ve cómo lanzan dardos contra el ministro y siempre salvan a Cosidó”. El nuevo comisario, Sánchez Aparicio, tiene un perfil más político que sus antecesores.

“Cosidó debió de dar un paso atrás. Si hay una cara debe ser la del ministro”

Y, luego, están los desencuentros entre el ministro del Interior y el ministro de la Policía, cada vez más frecuentes. Actos en los que el ministro no está invitado pero aparece de improviso y termina elogiando a la Guardia Civil han sido muy comentados entre los mandos. O el sucedido hace un mes con una misa televisada el 27 de septiembre en la catedral castrense, organizada por Cosidó y repleta de policías uniformados. “Que a esa misa, televisada además, no acudiese el ministro, que es del Opus y de misa casi diaria, parece una provocación”, cuenta un comisario.

La situación ha llegado al punto en el que la mayoría de comisarios consideran a Cosidó como un verdadero defensor de la policía frente al ministro. “Cosidó debió dar un paso atrás hace tiempo”, explican fuentes del Gobierno. “Si hay una cara en el ministerio, tiene que ser la del ministro”.

“Todo esto demuestra”, reflexiona un comisario, “que están en juego unos valores, una forma de trabajar de la policía. No te puedes cargar tres comisarios en dos años por motivos políticos y que la gente no proteste en el Parlamento”. Precisamente, el PSOE, que había permanecido callado en este asunto, anuncia ahora que preguntará en el pleno de esta semana.