Un piso trampa para cazar espías
El abogado de Diego Torres tuvo sospechas de seguimientos, de que alguien había entrado en su despacho y de circunstancias que sucedían a su alrededor y que no podían ser una casualidad
![Diego Torres y su mujer, el pasado 16 de febrero, a su llegada a la Audiencia de Palma.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/Y7XL7HOK4RAOAP4HQYBY5SVUBI.jpg?auth=97e453a73c45c9e99bb68d0be80a049fe86888200e81ea580bba95948a644279&width=414)
La sensación de que alguien merodeaba por el caso Urdangarín no solo afectó al juez Castro y al fiscal Horrach, que siempre han tenido la sospecha de que en el asunto de los correos electrónicos había más de un propietario. El propio Diego Torres observó cómo sus famosos correos cambiaban de sitio. Pero quizás el más afectado, quien llevó sus sospechas hasta convertirlas en certezas, fue el abogado de Torres, Manuel González Peeters.
Al menos en tres ocasiones, González Peeters envió notas privadas al fiscal Horrach, detallando una serie de circunstancias que sucedían a su alrededor y que no podían resultar fruto de la casualidad; sospechas sobre seguimientos; evidencias de que alguien había entrado en su despacho; pequeños accidentes domésticos que podían parecer inexplicables por número y frecuencia...
La gota que colmó el vaso fue un episodio que afectó a su hijo. Algunas de estas incidencias tenían como principal objetivo generar inquietud, alterar o poner nervioso al abogado y a su entorno. Algunos de los episodios más graves sucedieron a partir del 30 de marzo, una fecha que no es aleatoria por cuanto el 3 de abril se produjo la imputación de la infanta Cristina.
El fiscal Horrach recomendó al abogado poner una denuncia y llevar el caso a la policía. El fiscal nunca tuvo dudas de que estos episodios eran ciertos porque compartía con el juez Castro la sospecha de que este caso estaba sometido a una vigilancia exterior y había tenido sus propias experiencias. González Peeters y su mujer, también abogada, fueron a la comisaría al menos en tres ocasiones para relatar los hechos. Peeters puso una denuncia en enero de 2013, pero no vio necesario realizar una ampliación de la misma a pesar de que los episodios no han cesado. Finalmente, se abrió un atestado y la policía preparó una trampa: Peeters hizo parecer que trasladaba documentación de su despacho a otro inmueble de su propiedad. La policía instaló micrófonos y cámaras ocultas en un coche camuflado a escasos cien metros del escenario. Las grabaciones no dieron resultado en primera instancia porque, a los cuatro días de iniciarse el operativo, alguien entró en el coche policial y se llevó el aparato de grabación. La operación fracasó relativamente: no hubo caza de espías, pero sí nuevos indicios que daban la razón a Peeters.
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