Anticorrupción se opone a investigar la destrucción de los discos de Bárcenas

La Fiscalía Anticorrupción no quiere que se abra una investigación sobre la destrucción de los discos duros de los ordenadores que empleaba el extesorero del PP, Luis Bárcenas, en su despacho de la sede del PP en Génova. El juez que instruye el caso Bárcenas, Pablo Ruz, decidió reclamar los ordenadores después de que la secretaria general de la formación, Dolores de Cospedal, manifestara ante él que se encontraban custodiados.

El PP entregó al juez los equipos, pero vaciados, sin la información que Bárcenas dijo que había acumulado en los dos portátiles, documentación “muy importante”, según dijo. Los populares sostuvieron que los equipos habían sido formateados para que los pudieran utilizar otros empleados. Varias acusaciones pidieron entonces a Ruz que abriera una investigación para determinar si ha habido obstrucción a la justicia y otro posible delito de encubrimiento. El juez, como es habitual, pidió a la fiscalía que informara sobre qué le parecía esta petición, y Anticorrupción ha contestado ahora con una negativa a abrir esa vía.

En un informe presentado al juez de la Audiencia Nacional, el Ministerio Público se ha posicionado en contra de la petición efectuada por las acusaciones. En el escrito, la Fiscalía señala que esta diligencia no aportaría ningún resultado de interés para el avance de la causa, según informó este miércoles la agencia Europa Press.

Entre los argumentos que esgrime la fiscalía para oponerse a la investigación figura, además, el de que investigar quién y por qué destruyó los equipos informáticos solo contribuiría a retrasar la causa, según amplió la cadena SER.

Tras conocer los argumentos de Anticorrupción habrá de ser, en cualquier caso, el propio Pablo Ruz quien determine si investiga o no qué pasó con los ordenadores con los que trabajaba Bárcenas en el PP.

Habitualmente, el juez hace suyas las tesis del fiscal. Sin embargo, en ocasiones discrepa de ellas y acepta peticiones a las que la fiscalía se opone. Así ocurrió, por ejemplo, con la citación como testigos a los ex secretarios generales del PP, Javier Arenas y Francisco Álvarez-Cascos. Anticorrupción expuso que su declaración no era pertinente, pero Ruz les hizo acudir a declarar como testigos.

El PP destruyó en abril de este año el contenido de los discos duros de los dos portátiles, un mes después de que agentes de la Policía Nacional acudieran a Génova tras la denuncia que el exsenador presentó contra el abogado de la formación, Alberto Durán, por abrir sin su consentimiento un espacio que tenía a su disposición en el edificio.

Esa visita de la Policía Nacional a la sede popular se produjo el 1 de marzo, el mismo día que Bárcenas interpuso su denuncia, y fue justificada con el objetivo de comunicar a Durán la acción judicial emprendida por el extesorero, sin que los agentes practicaran otras diligencias.

Bárcenas denunció a Durán por un posible delito contra la intimidad y otro de robo por forzar la puerta del despacho y examinar de forma exhaustiva toda la documentación allí guardada, parte de la cual argumentaba que era de carácter personal, así como los ordenadores portátiles que estaban guardados en la sala Andalucía de la formación.

El Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid archivó en abril esta denuncia argumentando que los ordenadores estaban en una sala, por lo que “no se trataba de un despacho personal” y “en definitiva, no se ejerció fuerza alguna para entrar”.

El Partido Popular entregó los dos ordenadores en la sede de la Audiencia Nacional. El magistrado adoptó esta medida al considerar que en los dispositivos portátiles podría encontrar información relevante y a raíz de la declaración de Bárcenas en la que afirmó que los archivos del pendrive entregado el día de su comparecencia eran copias de documentos “primigenios” que se encontraban en los dos ordenadores que usó durante su última etapa en el partido.

La extracción de la información de los dos dispositivos, que entregó al juez el PP, se realizó a finales de agosto. Uno de ellos no tenía disco duro y el otro contenía uno que no era el original. Los peritos determinaron que el PP formateó uno de los dos ordenadores de su extesorero seis días después de que el antiguo ejecutivo de Génova 13 ingresara en prisión.