El enemigo está en Westminster

La amenaza más urgente a la que se enfrenta el Gobierno de Gibraltar no son las marchas de los pescadores españoles ni las bravatas diplomáticas de Rajoy; ni siquiera su plan (frustrado) de imponer una tasa por pasar desde España. El mayor peligro que se cierne sobre la economía gibraltareña viene directamente del Palacio de Westminster, sede del Parlamento del Reino Unido, donde se tramita el proyecto de ley del Gobierno de Su Majestad para modificar la legislación sobre la tributación del juego online, no solo en la isla sino en todos los territorios bajo bandera británica. También en Gibraltar.

Un cambio que supondrá un duro golpe para las finanzas del Peñón, cuya principal industria está conformada precisamente por las multinacionales del juego por Internet, que se han radicado aquí desde hace más de una década al amparo de su baja tributación.

Esa manga ancha está a punto de ver su fin. El proyecto de ley del Gobierno de David Cameron pretende modificar el régimen fiscal de esa actividad de forma que se aplique una tasa del 15% sobre los ingresos netos de las empresas (dinero ingresado por apuestas menos premios), en lugar del 1% que pagan ahora en el Peñón (con un mínimo de 85.000 libras y un máximo anual de 425.000 libras). Para ello, cambiará el objeto fiscal, que se basará en la ubicación del jugador y no en el domicilio fiscal de la empresa, y otorgará un sistema de licencias que será preciso para operar con apuestas que se hagan desde el Reino Unido.

La norma obligará a pagar el 15% de las ganancias frente al 1% actual

Las más de 20 multinacionales que operan en Gibraltar, con el apoyo incondicional del Gobierno de Fabian Picardo, se han puesto en pie de guerra contra este proyecto, confirmado esta misma semana por el Ejecutivo del Reino Unido. La Gibraltar Betting Gaming Association (GBGA), que agrupa a las firmas de juego online, ha asegurado que si se sigue adelante con la reforma fiscal llevará el tema a los tribunales. Y es que, aunque las sociedades y sus empleados estén domiciliados en el Peñón, al menos la mitad de los jugadores en los que se basa su negocio hacen sus apuestas desde ordenadores, portátiles y tabletas en Reino Unido.

La preocupación no es menor entre las autoridades gibraltareñas. No en vano las empresas de juego online emplean a 1.800 personas, el 12% de la fuerza de trabajo de la colonia, cuya población asciende a 28.000 personas. Y, al haber tal concentración de firmas, pese a la baja fiscalidad, sus tasas representan el 15% de los ingresos del Gobierno.

Las empresas de juegos online tienen hasta el próximo 30 de septiembre para remitir sus enmiendas al proyecto de ley. No parece que el Ejecutivo británico esté muy por la labor de cambiarlo. El secretario del Tesoro, Sajid Javid, ha asegurado que es “inaceptable que las empresas de juego pretendan evitar el pago de impuestos moviéndose a paraísos fiscales”.

El Gobierno británico quiere evitar a toda costa esa fuga fiscal. El problema no se circunscribe a Gibraltar. El 85% del juego online en el Reino Unido se lleva a cabo por empresas que operan en jurisdicciones de baja tributación como Alderney, Antigua, la Isla de Man y Gibraltar. Incluso va a extender esa legislación a Irlanda del Norte, que quedó fuera de la norma de 2007 que rige actualmente las relaciones de juego a distancia. El mercado total del juego en el Reino Unido genera unos ingresos netos de unos 5.800 millones de libras, de los que 717 corresponden al juego online, que cuenta con 216 empresas con licencia.

Las empresas y el Gabinete de Picardo recurrirán a los tribunales

Por eso, el Ejecutivo va a tramitar esta reforma incluyéndola en la Ley de Finanzas de 2014 (los presupuestos generales), de forma que entre en vigor el 1 de diciembre de 2014. Se estima que con la nueva tributación la Hacienda británica recaudará 300 millones de libras adicionales (350 millones de euros).

Si culmina la vía parlamentaria, el único camino para parar la ley sería el judicial. La GBGA ha recaudado entre sus socios 500.000 libras para llevar el tema a los tribunales. Las principales firmas de juego online están radicadas en Gibraltar. Entre ellas, Ladbrokes, William Hill, Bwin.party, Digibet, 888.com, Paddy Power, Betfair o Gala Coral.

En Gibraltar temen una fuga masiva de empresas si se pierden las ventajas fiscales. “Es lógico que las compañías busquen jurisdicciones con menor presión fiscal. Pero esta medida traerá consecuencias: se reducirá la inversión en marketing y patrocinio, y perjudicará a las compañías pequeñas, que se verán obligadas a cerrar o abandonar el mercado del Reino Unido”, señala Laura Guillot, una de las mayores expertas en juego en España.

La situación no afectará a España, que ya sufre una de las mayores fiscalidades de los países de su entorno en ese sector, según JDigital, la asociación que agrupa a la industria del juego online en España. La ley aprobada en 2011 establece un impuesto sobre la actividad de juego que, a nivel general, grava con un tipo del 25% los ingresos netos de las compañías. Y aunque la empresa esté radicada en Gibraltar debe pagar ese impuesto, porque para operar necesita una licencia del Ministerio de Hacienda y tener un dominio .es.

“Desconocemos el impacto que tendrá la reforma del Reino Unido”, señala Miguel Ferrer, de la asociación JDigital. “Pero hay que recordar que los usuarios españoles tributan por IRPF las ganancias que obtienen del juego online, mientras que las ganancias de los usuarios de países como Reino Unido (o Gibraltar), Francia o Dinamarca no están sometidas a tributación aun existiendo también un régimen de licencias para que las empresas operen juego online. Dicha situación hace menos competitivo al mercado español”, señala.