Rajoy reclama a Bruselas una investigación global del Peñón

Mariano Rajoy quiere que Bruselas actúe como árbitro en el conflicto sobre Gibraltar. El presidente del Gobierno desea que la delegación de la Unión Europea que verificará en las próximas semanas los controles en la Verja, para intentar llegar a una solución al conflicto diplomático entre España y Reino Unido, amplíe sus objetivos e investigue el contrabando y blanqueo de capitales. Este martes Bruselas ha accedido.

El primer ministro británico, David Cameron, pidió a Bruselas el envío de esta comisión técnica y hoy el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, han tratado en una conversación telefónica los detalles de la delegación. Cameron quería que se limitara a los controles en la frontera, y Rajoy, según la versión oficial de su Gobierno, ha logrado que se extienda a la situación global del Peñón. La UE asumiría así el papel de árbitro para solucionar el conflicto entre dos Estados miembros que, sin renunciar a sus actuaciones, se someten a la comisión de verificación.

Según La Moncloa, esa delegación debe hacer “las verificaciones oportunas con un enfoque global”. Es decir, que no solo debe examinar los controles impuestos por España en la frontera y que han irritado al Gobierno de Londres, sino que se extenderá a las denuncias del Ejecutivo español sobre la elusión de impuestos en el Peñón.

Según el comunicado de La Moncloa, se trata de “verificar y controlar que la actividad económica en Gibraltar no vulnere la normativa europea relativa a blanqueo de dinero, contrabando y fiscalidad”.

El Gobierno español da por hecho que Bruselas acepta ampliar el objetivo de la comisión de verificación. El comunicado posterior de la Comisión asegura que ambos líderes “acordaron que una misión de la Comisión debe, tan pronto como sea posible, examinar in situ las cuestiones relacionadas con el control y el movimiento de personas y bienes en la frontera”.

En esa expresión sobre los “bienes” se incluiría, según fuentes del Gobierno, la extensión a los movimientos de capitales en Gibraltar, tal y como demanda España. Fuentes comunitarias no confirmaban que se hubiera aceptado ese planteamiento de Rajoy.

Ni en la nota del Gobierno español ni en la posterior de la Comisión Europea hay precisión sobre la fecha en que llegará al Peñón esa delegación. Bruselas ha asegurado que “cuanto antes”, pero fuentes comunitarias han explicado luego que podría mantenerse la fecha a mitad de septiembre, tal y como estaba previsto ya antes, aunque ahora su objetivo se haya ampliado.

En todo caso, de la conversación entre el presidente del Gobierno y el de la Comisión Europea se desprenden unas prisas renovadas por enviar a Gibraltar la comisión de técnicos que supervisarán los controles en la frontera y la actividad en el Peñón. Si la semana pasada la Comisión anunciaba que los funcionarios irían en septiembre, ahora se limita a decir “lo antes posible”. Incluso, los técnicos estudiarán estos días si es posible organizar todo lo necesario para anticipar la visita a agosto.

Cameron pidió a Barroso el pasado viernes que la misión se adelantara al mes de agosto, algo a lo que se opuso el Ejecutivo comunitario por considerarlo demasiado apresurado. Según la nota oficial, el presidente del Gobierno defendió en su conversación telefónica los controles en la Verja por considerar que “España ejerce sus obligaciones legales al establecer controles aleatorios, proporcionales y no discriminatorios en la frontera”.

Para Londres, por el contrario, los controles son una forma de dificultar la actividad económica en Gibraltar y, por eso, quiere que la UE verifique si son proporcionales.

El presidente del Gobierno ha trasladado al de la Comisión Europea su malestar por el lanzamiento de bloques de hormigón por parte de Gibraltar para impedir la actividad de los pescadores españoles.

Según la nota oficial, Rajoy “recordó que el acto unilateral de lanzamiento de bloques de hormigón en las aguas de la bahía de Algeciras por parte de las autoridades gibraltareñas es inaceptable y supone una violación de la normativa medioambiental”.

En este apartado, La Moncloa asegura que la solución debe venir desde la UE, al remitirse a la respuesta de Bruselas a las denuncias presentadas por España. Así, recuerda que “el Gobierno de España ya trasladó su denuncia cuando se produjo el lanzamiento ante la Secretaria General de la Comisión Europea por violación de la normativa medioambiental europea. El Gobierno de España espera que la Comisión responda a esa denuncia”.

En todo caso, explica que en la conversación telefónica el presidente del Gobierno ha trasladado a Barroso que España mantendrá “las medidas legales en defensa de su propia legalidad española y europea y de los intereses de España y los españoles”. Se refiere al recurso que España ya presentó ante la UE contra la fiscalidad en el Peñón. Las instituciones europeas ya dieron la razón a España en una ocasión, pero Gibraltar modificó su régimen fiscal y el Gobierno inició el trámite para un nuevo recurso que aún no ha sido resuelto.

Expresa “su disposición al diálogo de España con el Reino Unido, de acuerdo con el derecho internacional y europeo y en los términos acordados con el primer ministro del Reino Unido”.

Poco antes de esa conversación telefónica, un portavoz del Ejecutivo comunitario, Olivier Bailly, ha asegurado en Bruselas que “la Comisión espera que estos dos Estados miembros dialoguen entre ellos como miembros de la Unión Europea. También les corresponde a ellos encontrar una solución y superar los obstáculos”.

El Reino Unido “aplaudirá la implicación de Bruselas” en el problema que actualmente mantiene con España por los retrasos para cruzar la frontera de Gibraltar, según ha indicado a Efe un portavoz del Ministerio británico de Exteriores.