Interior justifica los controles en Gibraltar porque es “la frontera del contrabando”

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, se sumó este viernes a la ofensiva del Gobierno contra las autoridades de Gibraltar iniciada por los titulares de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, y Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete. Tras defender la legalidad de los controles policiales en la Verja, Fernández Díaz advirtió de que “la frontera de Gibraltar no puede ser la frontera del contrabando de tabaco”.

“Somos conscientes de que los controles perjudican a los ciudadanos y lo lamentamos mucho”, admitió el ministro, en Fitero (Navarra), donde pasa unos días de vacaciones. “Pero deben entender que las retenciones y los controles en la Verja se hacen precisamente por la deslealtad con que están actuando las autoridades gibraltareñas”.

“Si ellos”, agregó, “se dedicasen a combatir el tráfico ilícito de tabaco a través de la frontera o se dedicaran a combatir el blanqueo de capitales, seguramente los ciudadanos no deberían padecer ese plus de responsabilidad que se traduce en un plus de controles que las autoridades españolas debemos llevar a cabo en defensa de la legalidad”.

El titular de Interior detalló que Gibraltar importó el año pasado 140 millones de cajetillas de tabaco y subrayó que es evidente que “la población de la colonia [29.000 habitantes] o los visitantes y turistas no se fuman esa cantidad”. Según explicó, el contrabando de tabaco está aumentando en los últimos años, de forma que en 2012 fueron aprehendidas por la Guardia Civil más de 725.000 cajetillas en el paso entre La Línea (Cádiz) y Gibraltar; y en los siete primeros meses de este año se ha alcanzado ya la misma cantidad que en todo el pasado. El 80% del tabaco de contrabando, explicó el ministro, se introduce en España oculto en dobles fondos de vehículos, como los alijos de droga, y el resto adosado a los cuerpos de los contrabandistas.

El ministro acusó de “deslealtad” al Gobierno gibraltareño por no hacer su parte del trabajo en la lucha contra el contrabando. Pero este no es el único problema asociado a la colonia británica. No menos importante es “el blanqueo de capitales que se produce con sociedades vinculadas con el Peñón. La inmensa mayoría [unas 200, precisaron fuentes de su departamento] de las investigaciones contra la corrupción o el crimen organizado llevadas a cabo por la brigada de blanqueo de capitales de la UDEF [Unidad de Delitos Económicos y Financieros de la Policía] Central “acaban en Gibraltar con sociedades o cuentas abiertas allí”.

A ello se ha sumado en las últimas semanas “la situación aberrante de echar a la bahía de Algeciras bloques de hormigón con ganchos destinados a impedir que faenen los pescadores y provocando un delito medioambiental clarísimo” y la construcción ilegal de espigones en la zona de poniente del Peñón, “una situación que no podemos permitir y no se puede prolongar”.

Las palabras de Fernández Díaz resultaron premonitorias, ya que poco después el Ministerio de Asuntos Exteriores anunciaba que había presentado una nota verbal de protesta ante el Reino Unido (la segunda en solo 48 horas), en la que le insta a detener las operaciones de ampliación de la cara este del Peñón por considerarlas “inadmisibles” conforme al derecho internacional y a la normativa comunitaria de protección del medio ambiente.

Las obras consisten en la construcción de espigones y relleno del fondo marino en las proximidades del área de desarrollo urbanístico East Proyect. Para el Ministerio español de Exteriores suponen un cambio en la configuración del espacio marítimo y terrestre incompatible con el Tratado de Utrecht. Además, el Gobierno declaró el pasado 30 de noviembre Zona de Especial Conservación una amplia área marítima en el Estrecho y prohibió la práctica de la venta de combustible en alta mar desde gasolineras flotantes y de los rellenos de fondos marinos. Hasta ahora, sin embargo, España no había actuado en ninguno de los dos campos, a la espera de alcanzar un acuerdo con el Reino Unido, a quien la Comisión Europea también reconoce competencias medioambientales en parte de esas aguas.

Pero la peor noticia no le vino este viernes a Gibraltar desde España, sino desde Londres. El secretario del Tesoro, Sajid Javid, reveló que impondrá una tasa del 15% a los jugadores de apuestas online y que el impuesto se pagará en el lugar donde está el cliente y no donde se registre el operador. Reino Unido espera recaudar así unos 350 millones de euros. La nueva tasa supondrá un duro golpe para la economía gibraltareña, donde se han asentado muchas de estas compañías, ya que pagan solo el 1% de impuestos, con un límite de 500.000 euros.