El juez consulta a Hacienda si los duques de Palma tienen bienes en extranjero

El instructor del caso Nóos, José Castro, volvió a ampliar ayer las líneas de investigación económica y fiscal que dictó sobre la infanta Cristina en relación con la trama de supuesto fraude de su esposo, Iñaki Urdangarin. Ahora ha solicitado a la Agencia Tributaria en Cataluña que le informe si los duques de Palma han declarado tener bienes, fondos y derechos en el extranjero desde 2002. El juez trabaja para documentar indicios de delitos fiscales y blanqueo de capitales de la hija del Rey, según la senda que le marcó la Audiencia de Palma. Tres comisiones rogatorias en Andorra, Luxemburgo y Suiza detectaron meses atrás cuentas opacas de la trama de Nóos, en especial de Diego Torres, exsocio del duque. La comisión judicial de Suiza no ha concluido y alude supuestamente a un negocio de Urdangarin.

Las nuevas indagaciones abarcan a los dos socios del Instituto Nóos y a sus parejas y a otros imputados: el secretario de las infantas, Carlos García Revenga, y los hermanos Miguel y Marco Tejeiro, asesores fiscales. Hacienda debe filtrar las operaciones y registros de la malla de fundaciones y empresas pantalla y reales que se extendió desde Nóos, con hasta 15 referencias societarias. Torres y Urdangarin cruzaron y triangularon facturas para aparentar actividad económica, gastos y aminorar impuestos, según la Fiscalía.

El juez Castro cree que los cargos valencianos  "se doblegaron" ante Iñaki Urdangarin 

El juez había ampliado a la última década (2002-2012) el período de rastreo exhaustivo de los inspectores de Hacienda sobre el patrimonio, cuentas y cuotas tributarias de la Infanta, a la que había reclamado sus declaraciones del IRPF de este período. El instructor, en esta última encomienda a Hacienda del examen de los posibles bienes en el exterior, atiende a una petición del pseudosindicato ultraderechista Manos Limpias, que pidió que se comprobase si los investigados usaron el modelo de declaración tributaria 720, obligatorio para quienes tienen bienes en el extranjero.

El yerno del Rey carga con una acusación inicial de tres delitos fiscales, dos por el IRPF y uno por el impuesto de sociedades. Su exsocio afronta una acusación de fraude fiscal por el impuesto de sociedades. La Audiencia de Palma sospecha que la Infanta pudo ser “supuesta cooperadora omisiva de socio no administrador” en el fraude fiscal y el blanqueo, por su papel de copropietaria con Urdangarin de la compañía familiar Aizoon, que fue usada, según el tribunal, como sociedad pantalla para defraudar.

Por otra parte, el juez ha enmarcado en una exposición razonada de 70 folios hasta cuatro posibles delitos de los que ve indicios para que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana impute al expresidente regional Francisco Campos y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. El instructor, que imputó al expresidente balear Jaume Matas por hechos semejantes, cree que Camps y Barberá pudieron cometer malversación, prevaricación, fraude a la administración y falsedad en documento oficial. Valencia destinó 3,5 millones a la red de Nóos y Baleares, 2,3. La condición de aforados de Camps y Barberá obliga a Castro a inhibirse.

El instructor desgrana el encuentro que Urdangarin convocó con ambos, en 2004, en el palacio de la Zarzuela “para mayor impacto psicológico” y cerrar el primero de los convenios. Ambas autoridades se “doblegaron a las exigencias de don Iñaki Urdangarin”. “Sin el beneplácito” de Camps, indica el juez, “no se comprende ese sometimiento de la Generalitat Valenciana a las exigencias” de Urdangarin, “cuya presencia detrás de la Asociación Instituto Nóos era de dominio público en el ámbito de dicha Administración”. Las sociedades públicas que vehicularon los pagos, sin control ni apoyo jurídico, fueron la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau y Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa). En la causa, resalta el juez, la ex alto cargo de Cacsa Elisa Maldonado se negó a pagar facturas que libró Nóos por 1,98 millones. “Todas las contrataciones se adjudicaron ‘a dedo’, asintiendo verbalmente los aforados [Camps y Barberá] a cuanto se les ofrecía, sin estudios previos de viabilidad técnica ni de mercado, en marcos geográficos absolutamente impropios y orillando por completo las normas sobre las contrataciones públicas”, escribe Castro.