Hacienda limitará el salario a decenas de miles de empleados municipales

El Gobierno tiene intención de profundizar en las medidas de reducción de masa salarial en la Administración, y así se lo ha hecho saber a Bruselas a través del Plan Nacional de Reformas. Fuentes del Ministerio de Hacienda aseguraron que el objetivo es conseguir un ahorro de 870 millones en las nóminas de los empleados de los Ayuntamientos españoles durante el 2014 y el 2015. ¿Cómo? Poniendo límites al complemento específico (el que se cobra por las características especiales de un puesto de trabajo y que es variable, junto a los pluses de productividad), con topes en función del grupo profesional al que cada empleado pertenece y que vendrán definidos cada año en la Ley de Presupuestos. “Se establecerán horquillas salariales para homogeneizar las retribuciones y evitar la disparidad actual”, señala Hacienda.

El ministerio que dirige Cristóbal Montoro ha añadido esta medida al ahorro ya previsto de otros 7.129 millones que espera lograr con la reforma de la Administración local, que hoy será debatida con los alcaldes en la Comisión Nacional de Administración Local y que, en esencia, mantiene los puntos más polémicos del texto aprobado en febrero por el Gobierno.

La nueva rebaja de las retribuciones se ha comenzado a esbozar y no hay cifras concretas de a cuántos Ayuntamientos afectará, ya que hay disparidad entre unos y otros a la hora de establecer los complementos. Lo que no baraja el Ejecutivo es modificar la parte fija de las nóminas de los funcionarios (la antigüedad y el complemento de destino).

Para conseguir este ahorro sin ninguna otra medida adicional, la limitación salarial tiene que afectar a decenas de miles de funcionarios. Los 8.116 Ayuntamientos españoles tienen contratadas a 526.248 personas (datos de febrero), de las que 190.169 son funcionarios y 304.005 personal laboral. Otros 32.074 trabajadores figuran con otro tipo de contratos. Las previsiones de recortes del Gobierno por la reforma local, de 7.129 millones, fueron modificadas al alza por primera vez el pasado 26 de abril. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría aseguró entonces en rueda de prensa tras el consejo de ministros que el ahorro se elevaría a 8.000 millones en el trieno 2013-2015. Lo que no explicó entonces fue si su nueva previsión se debía a un redondeo o a que se iban a tomar más medidas, lo que ahora ha confirmado Hacienda.

En cuanto a la reforma local, que está enquistada desde hace meses por las tensiones políticas, el ministerio ha decidido obviar la mayoría de las críticas de la Federación Española de Municipios (FEMP). Montoro mantiene la posibilidad de que los Ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes sean despojados de competencias en favor de las Diputaciones si no ajustan sus costes a una tabla que será definida por el Gobierno en los próximos meses. Hacienda calcula que 5.927 municipios de menos de 20.000 habitantes pagan más que los grandes por prestar los mismos servicios obligatorios (como alumbrado, basuras, suministro de agua o funerarios). “Solo un 8% de los que tienen menos de 5.000 habitantes y el 40% de los que tienen entre 5.000 y 20.000 han demostrado que son eficientes. Lo saben, y a lo largo de este año ya están ajustando al máximo, esta es una reforma que ha entrado en vigor antes de aprobarse”, reflexionan fuentes ministeriales.

El año pasado 4.623 Ayuntamientos cerraron el ejercicio con superávit, 600 más que en 2009. El gasto en personal se ha reducido entre julio de 2011 y julio de 2012 en un 12%, fundamentalmente por la extinción de contratos. Las empresas públicas locales también se han visto mermadas de 3.656 a 3.294 en el último año.

El PSOE, que ha lanzado una intensa campaña contra la reforma, sospecha que lo único que se conseguirá con el “coste estándar” delimitado por Hacienda es abrir el camino de la privatización de los servicios, porque las Diputaciones no tendrán ni personal ni capacidad para hacerlo directamente. “En el anteproyecto no se menciona ni una sola vez la palabra privatización”, responden desde Hacienda. En cambio, señalan que un estudio del ministerio ha llegado a determinar que en los Ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes el coste medio de todos los servicios es de 1.219 euros por persona y año, mientras que en los mayores de 100.000 habitantes no pasa de 445 euros.

La reforma también pretende modificar los artículos 25 y 26 de Ley de Bases de Régimen Local para eliminar competencias municipales como las que tienen que ver con la educación, la prestación de servicios sociales, promoción y reinserción o actividades como promoción de la mujer o la sanidad. A menos que la negociación de la ley modifique el planteamiento del Gobierno, se restará a los Ayuntamientos la financiación correspondiente para estos servicios. “La financiación va con la competencia”, señala el ministerio, que cree que con la reforma se garantizará la dotación presupuestaria de cada servicio, algo que ahora es más difuso.

El próximo 1 de enero de 2014, si la ley avanza con los plazos que ha marcado el Gobierno, miles de consistorios deberán dejar en manos de las Diputaciones en el plazo de tres meses buena parte de su poder de gestión. Incluso de la capacidad de establecer tasas. También desaparecerán miles de entidades menores (pedanías) que no presentan cuentas ante la Administración central, y se limitarán salarios de cargos electos. Lo que no ha previsto la ley es qué ocurrirá con los cientos de concejales y alcaldes que se quedarán sin capacidad ejecutiva. “La labor política seguirá manteniéndose, porque tendrán que ser los interlocutores con las Diputaciones y vigilar la calidad de los servicios”, dice Hacienda, que no ha querido forzar con la reforma las fusiones municipales.