El juez enumera un decálogo de prácticas corruptas de Urdangarin y su exsocio

El juez José Castro tiene tan controlado el caso Nóos que es capaz de condensar en diez únicos puntos las presuntas corruptelas que Iñaki Urdangarin y su exsocio Diego Torres perpetraron en las comunidades de Valencia y Baleares a costa de la Administración pública y del dinero de los ciudadanos. En un auto en el que también reprende con dureza a los responsables políticos por plegarse sin condiciones a los deseos y exigencias del yerno del Rey, el juez describe las circunstancias que permitieron al duque de Palma y a su exsocio embolsarse grandes sumas de dinero a través del instituto Nóos.

El punto de partida es la situación privilegiada de Urdangarin, que aprovecha su “parentesco con la Casa Real” para “acudir a altas instancias políticas, puenteando escalones y trámites que para cualquier ciudadano serían insoslayables”. Esa tarjeta de visita le permitió adjudicarse, entre 2004 y 2006, la organización de dos eventos de carácter turístico-deportivo: el Illes Balears Forum y el Valencia Summit. El esposo de la infanta Cristina y el exprofesor de Esade desviaron buena parte de esos fondos públicos: 2,3 millones del Gobierno de Baleares y 3,7 de la Generalitat Valenciana.

“Con las mismas excusas”, recoge el segundo punto del auto, “se desprecia la correcta aplicación” de la ley que rige los contratos con las Administraciones. En contraste con los presupuestos que se aportan, que son “ridículos”, los importes de las adjudicaciones son siempre elevados. En los puntos cuarto y quinto de su resolución, Castro subraya que Urdangarin y su exsocio lograron “imponer” sus condiciones, que fueron “aceptadas sin discusión por los responsables políticos” de la Comunidad Valenciana y de Baleares, ambas en manos del PP.

Sin el triste papel jugado por los políticos no puede entenderse que el duque de Palma y Torres hicieran negocios tan lucrativos ni que estos quedasen fuera de control. La reprimenda del juez a los políticos es palmaria en los puntos sexto a noveno. Castro les reprocha que “no se preocuparon de constatar, para descontarlos”, los patrocinios privados que lograron los organizadores. Además, al optar por la fórmula del convenio de colaboración, pudieron “excluir constreñimientos administrativos” y, sobre todo, evitar la participación de terceros. La adjudicación de ambos eventos se dio como un “hecho consumado”.

Hasta tal punto están enlazados los sucesos de Valencia y de Baleares que los convenios firmados en uno y otro lugar son, “con la salvedad de las obligadas variables”, dice el juez, “calcados unos de otros”. Un corta y pega en toda regla que, presuntamente, pasó desapercibido. A nadie “se le ocurrió exigir a Urdangarin y a Torres rendición de cuentas”, remacha el auto, firmado ayer.

Las reflexiones del juez vienen a cuento de la petición de uno de los imputados —el exsecretario de Turismo de la Generalitat valenciana Luis Lobón— para que decline su competencia en favor de los juzgados de esa ciudad. Castro rechaza la idea con el argumento de que los presuntos delitos cometidos en Valencia y Baleares son “conexos”. En el último apartado del decálogo, el juez recuerda al imputado, con cierta sorna, que la extensión de las indagaciones a Valencia “no fue fruto de un imperialista afán instructor”, sino de las facturas que aportó en su día Torres, defendido por el letrado Manuel González Peeters.

En esa documentación sobre el Illes Balears Forum se hallaron facturas que, presuntamente, corresponden a una de las ediciones del Valencia Summit. Ambos eventos fueron, en su día, “sobradamente conocidos”, por lo que, previsiblemente, “generaron debates” políticos con los grupos de la oposición. Y, pese a todo, concluye el juez —que expresa su “absoluto respeto” por las instituciones de Valencia—, “no consta que se haya presentado ninguna denuncia para investigar los hechos”. Según Castro, es “fácilmente deducible” que las mismas facturas se utilizaron para justificar, indistintamente, gastos de uno y otro evento. Ese cruce de facturas es la clave de bóveda del caso y una de las pruebas más sólidas del presunto fraude.