El magistrado al que la gente aplaude

Ha sentado en el banquillo a un expresidente de Baleares. Ahora tiene en el punto de mira nada menos que a Iñaki Urdangarin, el yerno del Rey. Antes, ganó uno de los primeros combates contra la corrupción política en España: instruyó en 1992 el pionero caso Calvià, el intento de compra por el PP del voto de un concejal socialista para cambiar la mayoría política y urbanizar más el litoral. José Castro, un cordobés de 66 años, que practicó esgrima japonesa (kendo), es un juez que inspira respeto a unos y otros, implacable y poco dado a efusiones públicas, al que posiblemente no le gustó recibir el aplauso ciudadano cuando se dirigía hacia los interrogatorios a Urdangarin. “Respeta y hace respetar la ley, con severidad, y busca conocer la verdad a fondo”, asegura un fiscal. Impone, pero a veces su estilo es campechano, popular. A un detenido, un ladrón de motocicletas, le espetó una vez: “¡Macho, acompáñame!”. Fueron al aparcamiento del juzgado y le pidió: “Esta es mi moto, muéstrame cómo haces el puente”.

Pepe Castro —él pide que le llamen así en confianza— alteró las pasadas Navidades el ritmo informativo en España. En alianza con el fiscal anticorrupción Pedro Horrach imputó al yerno de don Juan Carlos por supuestos negocios sucios. Investigan la presunta malversación en la gestión de las partidas de seis millones de euros de dinero público de Baleares y Valencia. Lo que tratan de aclarar son las actividades privadas del duque de Palma a través de su Instituto Nóos, que no tenía ánimo de lucro.

El tándem instructor-acusador tuvo “al señor Urdangarin” durante 23 horas en el banquillo, cercándole con casi 1.000 preguntas sobre supuestos hechos ilícitos. Castro hizo prólogos extensos a cada una de sus 500 cuestiones y Horrach usó un estilo más seco y más directo. Estos tres hombres fueron protagonistas de un estreno histórico: la presencia de un miembro de la familia real en un juzgado en calidad de imputado.

“Su excelencia” se convirtió en el “ciudadano Urdangarin”. Pudo callar, contestar y mentir, como cualquier otro en su lugar. “Apenas concretó. Derivó las culpas a otros. Negó y alegó ignorancia. Parecía entrenado para no decir nada que no se le preguntara. No se extendió en explicaciones para no decir inconveniencias en el proceso”, resume un defensor. Tanto esta como las demás personas consultadas para este reportaje han exigido el anonimato.

Castro, que practicó el kendo, una disciplina medieval de la que sus tres hijos —profesionales del Derecho— han sido campeones de la UE en este deporte, está separado y tiene novia. Es un profesional no adscrito a asociaciones judiciales ni a los foros sociales. Minucioso y trabajador, fue capaz de tirar de un hilo en el caso Palma Arena sobre la presunta corrupción y enriquecimiento del expresidente de Baleares, Jaume Matas, del PP, y construir con los fiscales hasta 25 piezas penales distintas. No es lento ante tal magma. Conoce la pirámide del sistema desde la base: ha sido funcionario de prisiones, secretario judicial, juez de lo social y, desde 1990, magistrado de instrucción. Rechazó ascensos y nombramientos.

Castro respeta y hace respetar la ley, con severidad, y busca conocer la verdad a fondo", dice un fiscal

En el caso Calvià, Castro admitió, para respaldar la acusación, una cinta que el denunciante había grabado a los delincuentes mientras le ofrecían el soborno. Mandó a la cárcel, preventivamente, a un comisionista y a un político del PP y les impuso una fianza de 600.000 euros. La Audiencia de Palma condenó a los autores por cohecho impropio y el Tribunal Supremo en pleno validó la sentencia y el diseño del novedoso delito penal.

En 1996, el juez que ahora escruta al yerno del Rey investigó una derivada del caso Calvià destapada por las peleas, chantajes y más grabaciones entre condenados y no juzgados, dirigentes del PP, por el pago de las penas de multas. La trama quedó al descubierto, pero el asunto penal había prescrito. “La instrucción fue magnífica”, según reconoce uno de los acusadores del caso Calvià. Sobre Castro sobrevuela una leyenda de instructor desordenado, al que tumban sumarios. Sin embargo, un magistrado de rango de la Audiencia palmesana lo niega: “No es una característica suya ser un mal instructor. Es un buen juez”.

En el laberinto de Baleares, SA, 20 años después del caso Calvià y a 15 años de la caída del expresidente balear Gabriel Cañellas por cobro de comisiones del caso Sóller, una investigación de Castro y el fiscal Horrach, llevó a juicio el pasado enero a otro expresidente autonómico y exlíder regional del PP, Jaume Matas, que anteriormente había sido ministro con José María Aznar.

Al expresidente balear, el juez Castro le fijó en 2010 una fianza de tres millones para esquivar la cárcel, a la vez que le reprochaba que parecía que “se burlaba de los mortales”. En el primer juicio a Matas —uno de los muchos que habrá por el llamado caso Palma Arena— el fiscal Horrach pidió más de ocho años de cárcel para el expolítico del PP por malversación, fraude y falsedad. Horrach, con vehemencia, mostró su “indignación” porque Matas descargara “sin escrúpulos” la responsabilidad de los hechos en sus subordinados. En los próximos días se sabrá la sentencia.

Matas arrastró a Urdangarin y ambos están imputados en una pieza separada del caso Palma Arena por parecidas sospechas penales sobre malversación de caudales. El esposo de la infanta Cristina y su socio Diego Torres al frente del Instituto Nóos y su trama de empresas lograron 2,3 millones del Gobierno de Matas y 3,8 de la Generalitat Valenciana, presidida por Francisco Camps. La ausencia de presupuestos y la no justificación de los gastos se evidenciaron al aparecer vacías las carpetas de los acuerdos de Nóos con Baleares. Esa documentación llegó por casualidad al juzgado de Castro.

Fijó una fianza de tres millones a Matas, a la vez que le reprochaba que parecía que "se burlaba de los mortales"

El tsunami judicial creció durante meses, tanto por su magnitud como por aludir a un familiar del Rey. El caso Urdangarin estalló, hace semanas, con récord de audiencias en todos los medios de comunicación de medio mundo. El monarca apartó de la agenda oficial al marido de la infanta Cristina, por comportamiento “no ejemplar”. Antes de que este fuera imputado, el Rey recordó en su mensaje navideño del pasado 24 de diciembre que “la justicia es igual para todos”.

Cien días atrás, en los círculos del juez Castro y del fiscal Horrach ya se consideraba “inevitable” emplazar a Urdangarin a partir de los indicios de los documentos intervenidos en sus empresas y, en especial, por las declaraciones de sus socios en Nóos. El asesor y el contable en su firma particular Aizóon, cuya propiedad comparte con la Infanta, no le ayudaron. Además, los políticos que negociaron y firmaron con Nóos, en Palma y Valencia, están imputados.

Los togados que investigan a Urdangarin no han sufrido presiones. Castro no recibió ninguna llamada. “Ni siquiera me telefoneó por año nuevo un familiar que está en el Supremo”, le comentó a un colega.

La Fiscalía es distinta. Horrach operó solo, aunque empotrado en una estructura jerárquica. La cúpula de la Fiscalía Anticorrupción, ligada a la Fiscalía General del Estado, recibía cada día informes de sus pesquisas sobre un asunto que salpicaba a un integrante de la familia real. Era “un caso más”, pero con la fuerza simbólica del relieve social que resaltaban los medios de información.

Saltó un chispazo. La derecha política valenciana activó sus conexiones con el ámbito del Poder Judicial el día en que el fiscal mallorquín se presentó en Valencia para ampliar su investigación sobre presuntas facturas e informes falsos detectados allí. Horrach y los funcionarios, autorizados por el juez, interrogaron como testigos a varios empresarios (los hermanos Francisco y Fernando Roig y Juan Bautista Soler) que abonaron sumas millonarias a Urdangarin y Torres. Otros ex altos cargos del PP de la Generalitat Valenciana encabezada por Francisco Camps quedaron implicados por sus convenios y pagos a Nóos.

No ha habido ninguna presión. " Ni siquiera me llamó por año nuevo un familiar que está en el Supremo", confió Castro

En un pendrive, un lápiz de memoria de 32 megas, caben esta y otras causas. Castro y Horrach tienen en su bolsillo una copia de esos sumarios gigantescos, y, cuando se van a casa, siguen trabajando en ellos.

El juez y el fiscal han construido el caso Urdangarin y lo han desmenuzado en claves y epígrafes. Descubren las agujas en el pajar de miles y miles de folios, manuscritos, correos electrónicos y facturas intervenidas en las empresas y bufetes de la trama Nóos, en Barcelona y también en Valencia. Existen decenas de relatos de testigos e imputados… y también nimiedades.

El fiscal Horrach, de 45 años, “es muy brillante, incisivo y contundente en sus actuaciones; es un hombre capaz y un encanto de persona”, observa un juez de Mallorca. Independiente, como Castro, sin activismo ni significación, es un hombre vocacional. Con nervio jugó al squash, al tenis, al futbito, y fue polideportivo, aunque ahora no puede practicar. “Ve una pelota y sale tras ella”, explican sus amigos.

Hijo de una familia de profesionales adinerados, dueños de hoteles, padre de una hija adolescente, está casado con Ana Zácher, de Bilbao, una alta funcionaria a la que conoció en Madrid. Ambos preparaban oposiciones con el fiscal del Supremo José María Luzón, un jurista conservador.

"Horrach es brillante, incisivo y contundente en sus actuaciones; es un hombre capaz y un encanto de persona"

“Horrach tiene un carácter fuerte y no se arruga y en su estrategia es un poco zorro”, anota un abogado que le impugnó, por dos veces, en relación con el asunto que tiene entre manos. “Al interrogar, es brillante, con estilo de abogado”, reconoce el letrado. El fiscal trabaja apoyado por policías especializados en delincuencia económica, inspectores tributarios, informáticos y guardias civiles, según los casos. Él mismo protagoniza los registros sorpresa e interroga personalmente en comisarías.

Un penalista catalán cuestiona “la función instructora del fiscal, que interroga sin presencia de abogados” y la aparente acción “inquisitorial” del juez, “sin el secreto debido”. Un empresario de Palma, imputado en un escándalo de Unió Mallorquina (UM), narra su experiencia de detenido ante Pedro Horrach: “Me pareció áspero y agresivo tras pasar por el calabozo, donde no han mandado ni a Jaume Matas, Maria Antònia Munar (expresidenta de Mallorca y de UM), ni al mismo Urdangarin. ¡Póngalo!”.

Otro comerciante encausado observa: “No olvidaré jamás el trance de tener que acudir al juzgado. Horrach y el juez Castro fueron duros, aunque respetuosos. Creo que no saben de balances, ni de facturas ni de sociedades. Buscan y no hallarán”.

Al modo italiano y norteamericano, Horrach suscita pactos de confesión de imputados que explican la verdad de los hechos y sus protagonistas y reparan el daño. Un arrepentido, por su colaboración con la justicia, merece ver reducida su posible pena. El yerno del Rey, precisamente, cayó finalmente imputado tras la confesión detallada de un amigo deportista, el ex director general José Luis Pepote Ballester, que tramitó con Matas las propuestas millonarias del duque. Los tres se reunieron en el palacio de Marivent, jugaron una partida de pádel y trataron de negocios al lado del despacho del Rey, con otro amigo, el inmobiliario Jorge Forteza.

El esposo de la infanta Cristina fue imputado de oficio por el juez Castro y la Fiscalía General no puso objeciones. Horrach, con sus jefes, rechazó hace unos días la petición del seudosindicato ultraderechista Manos Limpias de investigar a la hija del Rey. El ministerio público la ve ajena a las presuntas actividades ilícitas de su consorte.

En el complejo damero de los casos de corrupción, el juez Castro sabe que la Fiscalía General del Estado, con Gobiernos del PP y del PSOE, intervino al menos en tres ocasiones para evitar la imputación de Matas, reclamada por los fiscales baleares y los jueces, mientras era ministro de Medio Ambiente o presidente de Baleares.

La cúpula fiscal decidió excluir a Matas del caso Formentera, de 1999, sobre compra de votos de españoles en Argentina; tampoco se le indagó, en 2000, en el caso Bitel de espionaje a los emails del PSOE y, finalmente, en 2009, intentó vetar su implicación en el caso Palma Arena, la raíz de la causa que afecta a Urdangarin.

El juez reclamó para sí la investigación de los fiscales, la Guardia Civil y Hacienda sobre el patrimonio de Matas y la unió a sus trabajos sobre la construcción del velódromo Palma Arena y después imputó a Matas. Sin ese requiebro, una acción autónoma del juez, no hubiera habido caso Matas, ni su hijuela el caso Urdangarin. Ahora Castro fintó también con rapidez.

Horrach lleva meses centrado en esas historias alambicadas. Las ha memorizado. Amante de las motos, tiene un deportivo rojo, trabajó en Sevilla, Ibiza y llegó a Mallorca, su tierra, en 1995. Es uno de los cerebros de la Fiscalía Anticorrupción, que ha destapado decenas de escándalos con sus colegas (el precursor Juan Carrau y el duro Miguel Ángel Subirán). Los tres cuidan como propia la macrocausa del caso Palma Arena. “Horrach es atrevido y riguroso. Al interpelar indignado parece que asume la voz del pueblo”, apunta un penalista.

Los fiscales implacables han desnudado a los autores de decenas de grandes escándalos en Mallorca, entre ellos, el caso Andratx de 2006, cerrado con numerosas sentencias firmes, con tres penas de cumplimiento de cárcel. Cinco excargos políticos (cuatro del PP y uno de UM) cumplen condena en la prisión de Palma, tras las investigaciones dirigidas por diferentes jueces, menos famosos que Castro.

Los adversarios de Castro y Horrach están localizados. El juez sorteó la investigación, ya archivada, del Poder Judicial, por supuestas filtraciones del sumario. Saltó por una denuncia de otro imputado, el expresidente Matas, que ha zaherido con recursos, apelaciones, denuncias y querellas al magistrado, con el fin de apartarlo del caso. Dice Matas que Castro le tiene “fobia política y enemistad manifiesta”.

No están politizados ni son progres con toga. No hay un discurso político en sus documentos. Un laboralista ignora cuáles son sus afinidades políticas: “Es imparcial, independiente, recto. Es de los mejores, estudia los temas y no se deja influenciar, actúa con libertad de criterio y da juego a las partes. También correcto, afable, gran trabajador. Pero nunca intimé con él en 30 años”.

José Castro y Pedro Horrach, junto los fiscales Juan Carrau y Adrián Salazar, han demostrado tener sangre fría y coraza de galápago. Han sido blanco de programadas campañas de descrédito, bastas, en medios marginales. Se les acusó de cometer delitos. Dos periódicos digitales de Mallorca, un diario ultra de Madrid y su canal televisivo, auspiciados por personas imputadas de Palma, pendientes de juicio o de sentencia, usaron un informe elaborado a propósito y lanzaron sospechas insidiosas sobre los patrimonios y la familia del juez y los fiscales. Publicaron la imagen de la esposa de un fiscal y vieron ilegal su sueldo público, además de divulgar un correo electrónico de Horrach. Nada se denunció, era la trampa tendida para provocar motivo de inhibición de esos profesionales.

Esas embestidas han recrecido con el tsunami Urdangarin. Al cabo de 23 horas de declaración, a las tres de la madrugada del lunes 27 de febrero, Castro salió a zancadas y se puso al volante de un pequeño deportivo alemán negro que alterna con la bicicleta. Allá, ante el mar en Es Molinar, apenas cenó y se puso a leer una novela para evadirse de la otra trama real.

El fiscal Horrach, después del largo interrogatorio judicial, tomó una copa en un bar para trasnochadores, con ruido de tragaperras. Llegó satisfecho a su ático en la parte alta de Palma. El 1 de enero salió del hotel donde pasó la Nochevieja y se fue a fiscalía a contestar un recurso.

Tras la maratón Urdangarin, Castro apareció en su juzgado. Ojeó los titulares de los periódicos y espetó: “No me veo reflejado”. Tenía el día libre y le tocó ejercer una hora de canguro de su nieto de dos años. Bajo el volcán apareció el abuelo cariñoso.

“Pepe Castro es el mejor, es mi ídolo, el más valiente. No se arruga ni desfallece ante esos casos complejos”, desgrana con alegría un juez del grupo de 12 instructores de Palma, que cada viernes comen juntos. “En casas de menú y sin hablar de trabajo. A donde vamos, le jalean”. También al fiscal Horrach le para la gente por la calle para felicitarle.