Guerra abierta en el Consejo para que Dívar convoque un pleno en 72 horas

La tormenta desatada por el escándalo de los 32 viajes de lujo de Carlos Dívar a Marbella y otras ciudades españolas sigue descargando granizo pesado sobre el Consejo del Poder Judicial. Y no la ha amainado la decisión que adoptó este miércoles el Tribunal Supremo de archivar la querella por malversación de caudales públicos que pesa sobre su presidente. La guerra en el Poder Judicial sigue abierta y, desde que se conoció el fallo del Supremo, se suceden las escaramuzas. Hay un horizonte: el próximo lunes, cuando está previsto que el Rey visite el Supremo con motivo de los actos (que Dívar ha estado preparando al detalle) del bicentenario del alto tribunal. Dívar quiere estar allí como primera autoridad judicial del Estado y presidente del Supremo, pero hay un grupo de cinco vocales, susceptible de ampliación incluso tras el archivo de la querella, que entienden que el escándalo de sus viajes le inhabilita para presidir ese evento. Y quiere que convoque un pleno en 72 horas para debatir su abandono del cargo.

Los 20 vocales (con Dívar, 21) que integran el órgano de gobierno de los casi 4.500 jueces españoles llevaban casi dos semanas esperando la decisión del Supremo para decidir qué hacen con su jefe. No fue una sorpresa el archivo, pero los cinco consejeros que exigen su dimisión, y que este miércoles la reiteraron, distinguen el reproche penal del ético. Y, además, hacen bandera con los votos particulares anunciados por los cuatro magistrados del Supremo que sí ven indicios delictivos en la conducta de su presidente. Y que entienden que hay que investigar si los casi 13.000 euros que este endosó a las arcas del Consejo como gastos oficiales camuflan en realidad gastos de índole personal.

La polvareda del caso Dívar se desplazó, de nuevo, al Poder Judicial, que no se la ha quitado de encima desde que el 8 de mayo el vocal José Manuel Gómez Benítez, propuesto por el PSOE, denunciara los viajes de su presidente, sin éxito, ante el fiscal general del Estado.

El presidente del Supremo se somete mañana de nuevo a un pleno de censura en el Consejo del Poder Judicial

Había apuestas en el Consejo sobre los votos a favor y en contra que cosecharía Dívar entre sus subordinados del Supremo. El resultado (11 contra 4) no fue una sorpresa. Tras hacerse público el fallo judicial, se reprodujo la batalla. El presidente Dívar, con la mirada puesta en la visita del Rey el lunes, buscó un golpe de efecto: se olió que, con independencia de lo que dictaminase la Sala Penal sobre su querella, los cinco vocales que vienen pidiendo su dimisión tratarían de forzar un pleno antes del lunes y reclamarla.

Pero Dívar, tirando de su facultad como presidente (solo él puede convocar un pleno extraordinario), se les adelantó y fijó una sesión, no para ya, sino para el jueves día 21. Su convocatoria tiene truco. A partir del lunes y durante tres días se celebra el bicentenario del Tribunal Supremo. La jugada consiste en posponer cualquier nuevo debate hasta el jueves, una vez concluidos los actos. Hacerlo antes, mañana viernes o el sábado, como por la tarde seguían pidiendo los cinco vocales, era asumir el riesgo de su destitución. La Ley Orgánica del Poder Judicial, en su artículo 126, permite que tres quintos de los vocales (es decir 13, porque hay 20 más Dívar) puedan destituir al presidente (ellos le eligieron) por “un incumplimiento grave de los deberes de su cargo”.

Los cinco vocales se dieron cuenta de la jugada y pusieron de inmediato sobre la mesa una petición formal para que Dívar convoque el pleno antes del sábado y, por tanto, del lunes. Con un orden del día: su dimisión. La normativa del Consejo obliga a que si un 25% de los consejeros (cinco) demandan la celebración de un pleno, el presidente ha de convocarlo necesariamente. No hay más opción. El pleno lo demandaron los consejeros Margarita Robles, Carles Cruz, Félix Azón e Inmaculada Montalbán. Y a ellos se unió el denunciante Gómez Benítez, principal látigo de Dívar. Por tanto, y según la ley, el pleno tendría que celebrarse como muy tarde este sábado. Pero si algo hay en el Consejo son exégetas legales. Y hay vocales, sobre todo los partidarios de que Dívar continúe de momento, que entienden que el presidente podría negarse (él es quien los convoca) amparándose en que ya tiene convocado uno para el jueves.

La negativa de Dívar (y todo esto se debatía en la tarde de este miércoles) obligaría a acudir a la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo. E incluso podría acarrearle una denuncia por prevaricación. Eso sí, Dívar habría logrado salvar la celebración del lunes. Aunque también hay voces en el Consejo que pedirían que el Supremo resolviese este asunto de forma cautelarísima. Pero solo quedaría como opción este viernes y nadie cree que el Supremo se reúna tan rápido.