Valencia costea la estancia de dos guardaespaldas de Zaplana en Madrid

La Generalitat valenciana costea, diariamente, la estancia y dietas en Madrid de dos escoltas del expresidente del Gobierno valenciano Eduardo Zaplana. Por turnos y de lunes a domingo, ambos se alojan en un hotel de la capital, en la que permanecen toda la semana con un coste que, solo en el caso del alojamiento, se sitúa en alrededor de 70 euros diarios.

Así ocurre desde hace, aproximadamente, tres años, cuando Zaplana ya había abandonado la vida política y había pasado a formar parte del Consejo de Administración de Telefónica y cobrar entre 600.000 euros y un millón al año.

Los gastos de la seguridad de quien también fue ministro de Trabajo del Gobierno de José María Aznar corren a cargo de la Consejería de Gobernación de la Generalitat valenciana, que es el departamento al que se carga el servicio. Los dos escoltas son agentes, en segunda actividad, de la unidad adscrita de la policía nacional a la policía autonómica valenciana, que reciben de este mismo departamento la diferencia de salario al marcado para los agentes de la policía nacional.

El privilegio de esta seguridad “pública” es uno de los recogidos en el Estatuto de expresidentes de la Generalitat valenciana, al que pueden acogerse todos los exjefes del Ejecutivo autonómico. La norma señala que el Consell “adoptará las actuaciones que sean precisas para preservar la seguridad personal de los expresidentes, dotándoles de los servicios de seguridad que se consideren necesarios” y no marca ningún límite, por lo que Eduardo Zaplana ha considerado que se extiende a su residencia en Madrid, aunque eso obligue a que se deba costear el alojamiento, que asciende a más de 25.000 euros anuales, y manutención de los escoltas desplazados de Valencia. Cataluña, País Vasco, Andalucía o Castilla-La Mancha también cuentan con un Estatuto de expresidentes que reconoce y regula derechos similares.

Además de Zaplana, el único expresidente valenciano que no ocupa actualmente un cargo público es el vicepresidente de Bankia, José Luis Olivas, cuya escolta corre a cargo de la entidad bancaria. Olivas no hace uso de ninguno de los privilegios que otorga el Estatuto valenciano, lo mismo que ocurre con el único expresidente socialista, Joan Lerma, que también ha renunciado a ellos.

Quien sí reclamó varios de los derechos que le otorga la norma fue Francisco Camps, que lo hizo apenas unos días después de presentar su dimisión como presidente de la Generalitat, en julio, tras la decisión judicial de sentarlo en el banquillo por el caso de los trajes, derivado de Gürtel, del que salió absuelto por un jurado popular.

Camps dispone de un escolta y un conductor, pero también de uno de los dos puestos de trabajo, con funciones de asesoramiento, que permite el Estatuto, y mantiene en nómina a quien fue su secretaria. Pero, además, el expresidente ha hecho efectiva la posibilidad de su nombramiento como miembro nato del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana en el que, si no renuncia, puede permanecer por un período de hasta quince años, tiempo durante el que cobrará un sueldo de alrededor de 60.000 euros al año.