El Gobierno restringe el acceso a la sanidad a los inmigrantes irregulares

En plena crisis económica, las principales víctimas de las medidas que pretenden combatir el abuso que algunos ciudadanos extranjeros hacen de la sanidad pública española pueden ser los inmigrantes más desprotegidos. La ministra de Sanidad, Ana Mato, ha anunciado que no bastará con estar empadronado para obtener la tarjeta sanitaria, sino que se exigirá la residencia fiscal. Ello implica que las personas que se encuentren en situación irregular solo podrán acceder a las urgencias, la maternidad y los cuidados de los niños, que es la asistencia básica asegurada a cualquier persona.

El Gobierno reformará la Ley de Extranjería para poner en marcha nuevas restricciones. “El padrón no les bastará”, ha manifestado Mato, quien explicó que para otorgar la tarjeta sanitaria se verificará que quienes la solicitan “de verdad” viven y “trabajan como nosotros y pagan sus impuestos”. Es decir, que tienen residencia legal en España. Mato justificó este cambio aduciendo los abusos de quienes traen a sus familiares exclusivamente para recibir tratamientos médicos. El resultado de estos cambios será que quienes estén en situación irregular solo podrán acceder a las urgencias, la maternidad y los cuidados de los niños, que es la asistencia básica asegurada a cualquier persona.

La población de extranjeros residentes en España es de 5.711.040 personas, según datos del Instituto Nacional de Estadística, y el número de extranjeros en situación legal asciende a 5.251.094, según los datos del ministerio de Empleo, con lo cual la cifra de ciudadanos 'sin papeles' que podrían verse afectados por estos cambios rondaría el medio millón de personas, a falta de depurar posibles duplicidades en el padrón que admiten los expertos.

Fuentes del Ejecutivo precisaron que solo se reconocerá el derecho a acceder a tarjeta sanitaria a aquellos extranjeros con “residencia legal” en España, lo que implica tener permiso de residencia en vigor, y a sus familiares directos también regularizados. Está por definir cómo abordar la situación de los miles de residentes irregulares que ya cuentan con tarjeta sanitaria en España.

El anuncio de Sanidad supone un giro radical a la política aplicada desde que en el año 2000, en plena avalancha migratoria y bajo un Gobierno también del PP —entonces presidido por José María Aznar— la Ley de Extranjería abrió las puertas a los inmigrantes en situación irregular a la tarjeta sanitaria con el único requisito de que estuvieran empadronados. La ley, reformada por última vez en el año 2000, establece en estos momentos que los extranjeros que se encuentren en España inscritos en el padrón del municipio en el que residan “tienen derecho a la asistencia sanitaria en las mismas condiciones de los españoles”. Los que no tienen ni el padrón tienen derecho a las urgencias, la maternidad y la atención infantil.

Hasta 2000 únicamente se reconocía el derecho a la atención sanitaria gratuita y sin trabas administrativas a los extranjeros en la atención de urgencias, ya fuera por accidente o por padecer una enfermedad grave hasta que el paciente recibiera el alta. Junto a este aspecto, considerado como un auxilio humanitario, también se atendía la asistencia al embarazo, parto y postparto, y los cuidados a los menores.

Al revisar el acceso a la sanidad de los sin papeles, Mato aspira ahorrar unos 500 millones de euros. La ministra anunció que su departamento también tomará otras iniciativas para combatir el llamado turismo sanitario. A este respecto anunció la intención de revisar distintos convenios internacionales que, según afirmó, no se han mostrado eficaces. También, explicó, se exigirá reciprocidad a los países, de manera que en España solo se ofrecerán las prestaciones sanitarias que los españoles puedan recibir dentro de sus fronteras. Con eso y un mayor control de la atención que reciben los residentes extranjeros, se espera ahorrar otros 971 millones, ha dicho la ministra.

Mato detalló un amplio abanico de medidas con las que su departamento pretende recortar 7.000 millones de euros en gasto sanitario. Entre ellas figuran, además de las destinadas a luchar contra el turismo sanitario, la creación de una central de compras farmacéuticas, el traspaso de enfermos crónicos desde hospitales a residencias o ajustes en las prestaciones complementarias.