Cuando el aceite de palma se interpone en la vida de los niños

Revan Pragustiawan amaba su hogar junto al río. Los antepasados del chico lo construyeron en la selva de la isla indonesia de Sumatra al estilo tradicional de la tribu Batin Sembilan, usando cortezas y hojas de la zona. A lo largo de los años, su padre lo había ido mejorando con madera y un tejado de metal.

Revan se sentía a salvo allí. Dormía apiñado con su familia sobre una esterilla de plástico y pasaba el día jugando con su hermana y echando una mano en las tareas cotidianas. En el verano de 2011 tenía cinco años y ya era lo bastante mayor como para ayudar a su madre a traer agua potable del río y esperar con impaciencia a colaborar en un nuevo huerto que su padre y algunos vecinos tenían pensado plantar a lo largo de la ribera. La mañana del 10 de agosto todo cambió para él.

Estaba en casa cuando oyó disparos. Poco después llegaron dos docenas de policías y 20 empleados de la empresa de aceite de palma PT Asiatic Persada en vehículos pesados.

Las tensiones entre la compañía y la población, que vivía en terrenos que el Gobierno había arrendado a Asiatic Persada para que la empresa pudiera instalar una plantación de palma de aceite a escala industrial, habían ido en aumento. Ahora, la empresa se proponía tomar medidas. Los hombres dispararon al aire, llamaron “cerdos” y “animales” a los vecinos de la aldea y les ordenaron que se largasen, según denunciaron más tarde los lugareños.

Revan huyó con su familia por el bosque hasta el río, mientras volvían la cabeza para vislumbrar el avance de las excavadoras. Cuando las máquinas redujeron su hogar a un montón de madera y chapas de metal, Revan lloró desconsoladamente con el rostro surcado por las lágrimas. Su padre recuerda que le aterrorizó tanto ver su casa destruida que empezó a decir cosas sin sentido.

Al final del día, los operarios habían arrasado las 35 viviendas del pueblo. La comunidad de Revan había desaparecido, barrida por el afán de Asiatic Persada por satisfacer el creciente apetito de aceite de palma de su empresa matriz. La exigencia estaba impulsada en parte por los más de 145 millones de dólares en préstamos y garantías del Grupo del Banco Mundial que ayudaron a la matriz a ampliar sus actividades de plantación y procesamiento.

La historia de Revan ejemplifica un caso extremo del trauma que pueden sufrir los niños cuando su vida se cruza en el camino de iniciativas respaldadas por dinero del Grupo del Banco Mundial, un gigante financiero internacional que se autodenomina paladín de la lucha contra la pobreza.

La historia de Revan ejemplifica un caso extremo del trauma que pueden sufrir los niños cuando su vida se cruza en el camino de iniciativas respaldadas por dinero del Banco Mundial

Los desalojos, la pérdida de ingresos familiares y otras adversidades ligadas a presas, carreteras y proyectos diversos pueden ser especialmente perjudiciales para los más jóvenes. Los estudios muestran que los niños cuyas familias han sido obligadas a trasladarse tienen mayor riesgo de caer enfermos, pasar hambre o quedar privados de educación.

Las políticas de salvaguarda sociales y medioambientales del banco prohíben los desalojos repentinos por métodos violentos. Es obligatorio instalar en hogares nuevos a las familias afectadas por “reasentamientos involuntarios” o compensarlas de manera que sus condiciones de vida sean tan buenas o mejores que antes.

Pero, tal como revelaron en abril el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, EL PAÍS y otros medios de comunicación asociados, el banco no aplica estas normas, lo cual tiene efectos devastadores para los adultos y los niños que viven en o cerca de los terrenos objeto de explotación.

En las orillas del golfo de Kutch, en India, un estudio elaborado por activistas proderechos humanos descubrió que la contaminación procedente de una central térmica respaldada por el Banco Mundial estaba causando perjuicios a los poblados agrícolas y a las zonas pesqueras, lo que obligaba a muchas familias a sacar a sus hijos del colegio para que pudiesen trabajar y compensar la pérdida de ingresos. Según el estudio, para las adolescentes obligadas a ir a trabajar como criadas, esto suponía su exposición a la explotación sexual.

En Camboya, los niños vieron cómo demolían sus casas en una oleada de desalojos de un área de Phnom Penh supuestamente protegida por un programa de ordenación del territorio financiado por la entidad crediticia. En una presentación organizada por defensores de los derechos de los niños, un pequeño cuyo hogar había sido destruido escribió a Jim Yong Kim, presidente del Grupo del Banco Mundial, para pedirle que no “se quedase sentado tranquilamente mientras se violaban los derechos humanos con fondos del Banco Mundial”. Otra joven desahuciada, esta vez una chica preadolescente, escribió: “A pesar de ser una niña, me pegaron. He perdido toda posibilidad de ir al colegio”.

El Grupo del Banco Mundial rechazó las reiteradas peticiones de comentarios sobre este asunto.

En declaraciones públicas, el organismo financiero afirma que su actividad en Camboya, India, Indonesia y otros países ha sido beneficiosa para los niños al mejorar la educación, promover la atención sanitaria a los recién nacidos y reducir la mortalidad infantil. Entre 2003 y 2013, los fondos del banco para los países más pobres garantizaron la vacunación de casi 600 millones de niños.

Sin embargo, el banco está incrementando su apoyo financiero a presas y otras costosas iniciativas que, con toda probabilidad, desplazarán a gran número de personas, a pesar de haber reconocido que a menudo no hace un seguimiento de las repercusiones para la gente que está sobre el terreno.

La guía de 468 páginas del Banco Mundial sobre cómo gestionar los reasentamientos incluye una página y media en la que se resumen las “buenas prácticas” —como, por ejemplo, comprobar la escolarización— que los prestatarios pueden adoptar para reducir los daños a la población infantil.

El banco está incrementando su apoyo financiero a presas y otras costosas iniciativas que, con toda probabilidad, desplazarán a gran número de personas

En opinión de las organizaciones pro derechos humanos, no basta con las recomendaciones. Quieren normas claras acerca de los pasos que deberían dar el banco y sus clientes para proteger a los niños. En 2012, una carta de más de 75 organizaciones de todo el mundo instó a la entidad de crédito a reforzar sus normas de protección exigiendo a los planificadores de los proyectos que evalúen detalladamente los probables impactos para los pequeños, “incluida la posibilidad de violencia y explotación”.

En julio, los defensores sufrieron una decepción cuando los funcionarios del banco hicieron público un nuevo borrador de un proyecto de revisión de las políticas de protección que incluía los créditos a iniciativas patrocinadas por los gobiernos. El borrador afirma que las normas de amparo aspiran a “eliminar los obstáculos que afectan negativamente a aquellos que suelen quedar excluidos de los procesos de desarrollo, como las mujeres, los niños, los jóvenes y las minorías”, pero no especifica cómo se debe proteger a los menores si sus familias son desplazadas.

“Limitarse a tener en cuenta a los niños no es suficiente para resolver los problemas”, denuncia Elana Berger, directora del Programa de Derechos del Niño del Centro de Información del Banco, una organización en defensa de los derechos humanos que vigila las prácticas del Banco Mundial. “Hay que tener un plan para responder a sus necesidades”.

“Sigue asustándose”

Es una sofocante tarde de mayo. Revan y su padre están sentados en la exigua choza donde vive ahora la familia. El padre de Revan, un hombre de 35 años con perilla llamado Irsan Saiful, construyó la estructura con las planchas recuperadas de los restos de su antigua casa. Tras un aluvión de publicidad negativa por los desalojos de 2011, la empresa permitió que la familia y otros miembros de la comunidad levantasen nuevas construcciones en una zona situada más o menos a un kilómetro y medio de sus antiguos hogares, dentro de los 275 kilómetros cuadrados de la concesión a la productora de aceite de palma.

Ahora Revan tiene nueve años, pero parece mucho más joven. Sus pantalones hasta la rodilla, sujetos a la cintura para que no se le caigan, amenazan con tragarse su cuerpo larguirucho, y la visera de su gorra de béisbol oculta su rostro redondo y atento. El padre de Revan se lleva la mano al corazón cuando cuenta el precio emocional de los desalojos.

Durante tres días, la familia no tuvo nada que comer. Además de la casa, los equipos de demolición destruyeron ropa, comida, utensilios de cocina, recuerdos de boda, e incluso el certificado de nacimiento del pequeño.

En las semanas que siguieron a la expulsión, Revan y su familia vivieron bajo un toldo que les dio el Gobierno. Las organizaciones humanitarias les proporcionaron vestido y comida. Varias familias fueron compensadas por los daños. La de Revan recibió unos 1.000 dólares a cambio de acceder a construir su nuevo hogar más lejos del río. La policía se quedó semanas en la zona, disparando al aire diariamente y hostigando a los desalojados, relatan los Batin Sembilan.

Los estudios muestran que los niños cuyas familias han sido obligadas a trasladarse tienen mayor riesgo de caer enfermos, pasar hambre o quedar privados de educación

Mientras su padre habla, Revan permanece sentado tan cerca de él que casi está en su regazo. Han pasado cuatro años y todavía es un niño temeroso y asustado, incapaz de superar la conmoción de presenciar cómo demolían su casa. Echa de menos las horas que pasaba jugando junto al río con sus amigos, y sigue mascullando cosas como “malo” y “ellos nos echaron” cuando ve a un guarda de seguridad o a un policía. “Mi hijo no es normal”, dice Irsan Saiful con tristeza. “Sigue asustándose si alguien grita un poco”.

Los desalojos han pasado factura a todos los niños de la comunidad Batin Sembilan. Cuando se le pregunta por los acontecimientos de agosto de 2011, un chico de 12 años llamado Aldi dice que no puede recordar nada.

“Tiene un trauma”, afirma su tía a modo de explicación.

La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas afirma que los desalojos forzosos pueden tener impactos psicológicos permanentes para los niños. “Con frecuencia desarrollan síndromes de estrés postraumático, como pesadillas, ansiedad, apatía y retraimiento”.

Los estudios muestran que, además de los daños psicológicos, los desplazamientos y los grandes proyectos industriales pueden afectar a la salud física y al progreso del aprendizaje de los niños.

Por ejemplo, en la región de Akosombo, en Ghana, la tasa de infección por esquistosomiasis —una enfermedad transmitida por el agua que puede provocar anemia, dificultades de aprendizaje y daños en el colon— entre niños en edad escolar era del 5% antes de la construcción de una presa respaldada por el Banco Mundial, pero aumentó al 90% después de que la obra se concluyese en la década de los sesenta, según los especialistas en ciencias ambientales que estudiaron el proyecto.

Los desalojos han pasado factura a todos los niños de la comunidad Batin Sembilan. Cuando se le pregunta por los acontecimientos de agosto de 2011, un chico de 12 años llamado Aldi dice que no puede recordar nada

Michael Cernea, un antiguo funcionario del Banco Mundial que elaboró las primeras normas de reasentamiento de la entidad, ha observado que los traslados “suelen interrumpir los estudios, y para algunos niños eso significa que nunca volverán al colegio”.

Un sondeo puso de manifiesto que alrededor de la mitad de las familias desplazadas del estado Indio de Bengala Occidental habían sacado a sus hijos del colegio porque necesitaban que trabajasen para compensar el golpe a su economía que había supuesto la pérdida de sus tierras.

Berger señala que, incluso si es temporal, la perturbación de la asistencia a la escuela, los ingresos familiares y las condiciones de vida puede tener efectos devastadores para el desarrollo de un menor.

“Cada año que pierde un niño, ya no se le puede devolver”, sentencia.

Antes y después

En Sumatra, los padres de Revan y otros adultos que crecieron antes de la proliferación de las plantaciones industriales recuerdan una infancia diferente de la que viven ahora Revan y otros jóvenes de los Batin Sembilan.

“Jugaba en el bosque”, cuenta Damsi (habitualmente, los indonesios tienen solo un nombre), el jefe tribal de la zona, de 38 años. “Solía buscar leña y trabajar el campo. Recogía savia que usábamos como pintura y ratán para las construcciones”.

En la selva abundaban los cocoteros y los árboles de papaya, jaca y mango silvestre. Los Batin Sembilan cazaban ciervos, cultivaban hortalizas y pescaban peces gato y cangrejos en el río. Cuando era adolescente, el padre de Revan cultivaba cacao, café y chiles.

Las cosas empezaron a cambiar drásticamente a comienzos de la década de 1980. La tribu seminómada perdió cientos de kilómetros cuadrados de tierra a causa de un plan de “transmigración” financiado por el Banco Mundial que trasladó a millones de indonesios de las islas más pobladas del archipiélago y los reasentó en otras donde vivía menos gente, como Sumatra. Se crearon nuevas granjas que se entregaron a los colonos a base de invadir tierras que las tribus habían habitado y en las que habían cazado y cultivado durante generaciones. “La transmigración tuvo un gran impacto negativo y probablemente irreversible en los indígenas”, concluía más tarde un supervisor interno del Banco Mundial.

A principios de la década de los noventa, el banco asesoró y financió las políticas forestales de Indonesia, que, a lo largo del último cuarto de siglo, han desembocado en la pérdida de alrededor de un tercio de la masa arbórea del país a favor de las industrias de producción de madera y aceite de palma, entre otras. Dos tercios de la superficie boscosa de Jambi —la provincia donde vivían originariamente los Batin Sembilan— se cedió a los intereses de la silvicultura y la agroindustria.

En los últimos años, Wilmar International Limited, la mayor empresa agraria de Asia, se ha convertido en un importante actor en los campos de palma de aceite de Sumatra. Controla aproximadamente el 40% del comercio mundial de aceite de palma, que se emplea en galletas, dentífricos, pintalabios, helados e innumerables productos que representan, como mínimo, la mitad de los que se encuentran en los estantes de las tiendas de alimentación de Estados Unidos.

Entre 2003 y 2008, la Corporación Financiera Internacional (CFI) —la sección del Banco Mundial que concede créditos a empresas— apoyó el negocio de aceite de palma de Wilmar con cuatro inversiones: dos créditos por un total de 62,5 millones de dólares y dos garantías financieras por un total de 83,33 millones de dólares. En 2006, en plena inyección de recursos, Wilmar adquirió Asiatic Persada.

Después de la compra, Wilmar se desvinculó de la promesa de Asiatic Persada de reservar más de seis kilómetros cuadrados de su concesión para uso de los Batin Sembilan. En vez de ello, les propuso crear una cooperativa en lo que seguirían siendo terrenos administrados por la empresa, a unos 30 kilómetros del pueblo de Revan, que compartirían con otros grupos indígenas. Los Batin Sembilan rechazaron la oferta, en parte porque temían encontrarse con conflictos cuando intentasen compartir un territorio limitado con otros grupos. Las tensiones entre Wilmar y los habitantes fueron en aumento, y la empresa acabó por prohibir a los Batin Sembilan que recogiesen los frutos caídos de los árboles, cuya venta era uno de las pocas fuentes de ingresos que les quedaban. En julio de 2011, la empresa llamó a la policía. Un mes después, tras un enfrentamiento con un aldeano acusado de robar fruta, llegaron las excavadoras. Los obreros arrasaron el pueblo de Revan y otros dos asentamientos y expulsaron a un total de 83 familias, incluidas docenas de niños.

Wilmar declinó responder a las preguntas sobre los desalojos y otros asuntos relacionados con sus actividades, alegando que “ya no les corresponde hacer comentarios sobre el caso”, dado que hace dos años vendieron Asiatic Persada. En una declaración hecha pública dos semanas después de las expulsiones de 2011, la empresa se refería a los habitantes de las aldeas como a “ocupantes ilegales” y afirmaba: “Ninguno de ellos ha sido expulsado de sus tierras por la fuerza”.

“Son incidentes desafortunados”, proseguía la declaración, “pero creemos firmemente que, igual que las comunidades locales tienen derecho a disfrutar de los derechos humanos, los agentes de la ley deben hacer que se respeten las normas y el orden con el fin de apuntalar tales derechos, así como para protegerse a sí mismos. Del mismo modo, Wilmar tiene la obligación de proteger a sus empleados de daños y peligros”.

Nada es sagrado

El paisaje que ahora Revan y otros niños Batin Sembilan llaman su hogar consiste en un mar infinito de palmas de aceite.

La flora nativa prácticamente ha desaparecido. Todo aquí, incluso los volquetes que atestan a todas horas del día las carreteras llenas de baches, queda empequeñecido por las enormes hojas que cuelgan sobre el lugar como las alas de alguna gigantesca ave prehistórica. Con frecuencia, el retumbar de los camiones y otros equipos empleados para el transporte y el mantenimiento asusta a los niños al recordarles a las excavadoras que destruyeron sus hogares.

En medio de la tierra de color nuez y el verde apagado de los árboles, el único contraste de color procede de los frutos naranja brillante de la palma de aceite que resplandecen en los erizados montones de hojas apilados a intervalos junto a la carretera.

El clima templado de la zona es cosa del pasado. Las palmas de aceite, que consumen unos 300 litros de agua al día, absorben la humedad del suelo como una gigantesca esponja. Según un estudio de 2014 realizado por investigadores de las universidades de Stanford y Minnesota, la práctica de deforestar para ganar tierras de cultivo hace que aumente la temperatura del agua del lugar. Los lugareños aseguran que la ausencia de cubierta forestal provoca que ocurra lo mismo con la temperatura del aire.

Durante los desalojos de hace cuatro años, los pocos frutales que quedaban en el pueblo de Revan, que habían sido plantados por los antepasados de la comunidad, fueron arrancados y tirados al suelo.

Ahora Revan y los demás niños comen sobre todo hojas de yuca y el arroz que les suministra el Gobierno. La única tienda abierta cerca de las comunidades que viven dentro de la concesión rara vez tiene frutas u hortalizas. En su lugar, los paquetes de brillantes colores de caramelos y aperitivos fritos comparten los estantes con múltiples marcas de cigarrillos de clavo.

A veces, la madre de Revan trae pescado del río. Los habitantes de la zona dicen que hay una especie resistente que logra sobrevivir en las aguas de color té, densas por la escorrentía de la plantación y, según afirman, contaminadas por los fertilizantes y los pesticidas. Más o menos una vez al mes la familia consigue reunir suficiente dinero para comprar carne o huevos.

El chico y sus familiares siguen usando el río para bañarse y lavar la ropa. Llegar hasta allí supone gastar dinero en gasolina para su moto —ya que está demasiado lejos para ir andando— y pasar junto al lugar en el que un día estuvo su casa, ahora cubierto de hierbajos. Un señal cercana advierte de que “causar daños a las tierras” tendrá como consecuencia cinco años de cárcel y una multa de hasta 5.000 millones de rupias, lo que equivale a más de 322.000 euros.

Subestimar los riesgos

Las poblaciones indígenas obligadas a abandonar sus hogares por la expansión de las plantaciones de Wilmar pidieron ayuda al Grupo del Banco Mundial y presentaron una serie de quejas ante el Defensor del Pueblo y Asesor en Materia de Observancia de la entidad, que se ocupa de los asuntos que afectan a los créditos a clientes empresariales.

Las demandas acusaban a la CFI, la rama del Grupo del Banco Mundial dedicada al sector privado, de haber hecho caso omiso de sus propias normas de protección social, lo que había permitido a la empresa quedarse con las tierras tradicionales de las poblaciones indígenas sin el debido proceso de consulta. Una reclamación de 2007 denunciaba que eso provocó conflictos sociales que desencadenaron las “acciones represivas” de las fuerzas de seguridad de la empresa y del Gobierno.

Más tarde, la unidad del Defensor del Pueblo descubrió que los funcionarios de la CFI habían subestimado los riesgos de sus inversiones en Willmar. Según un informe de 2009, la Corporación sabía desde hacía más de 20 años que el sector del aceite de palma de Indonesia estaba perjudicando al medio ambiente y alterando las vidas de las poblaciones locales, pero cedió a las “presiones comerciales” para que ignorase los problemas en las plantaciones pertenecientes a la cadena de suministro de Wilmar.

A comienzos de 2012, el Defensor del Pueblo había ayudado a negociar una serie de acuerdos que reducían la presencia policial en la concesión de Sumatra y estipulaban el pago de compensaciones a la familia de Revan y a otras que habían perdido sus casas. Pero, en abril de 2003, Wilmar vendió su participación en Asiatic Persada a un par de empresas, una de las cuales era propiedad del hermano menor del cofundador de la casa matriz. Los nuevos propietarios se retiraron de las negociaciones, lo cual dejó todos los acuerdos sin validez en la práctica.

Posteriormente, el Defensor del Pueblo hizo público un informe que afirmaba que la venta “tuvo consecuencias adversas directas e indirectas para las comunidades afectadas”. El caso, que expuso a la CFI a la crítica de que sus normas de protección se podían burlar mediante un cambio de propiedad de cualquier parte infractora, todavía se está investigando.

Asiatic Persada ha reanudado sus tácticas agresivas en la concesión. En diciembre de 2013, expulsó a 150 familias y destruyó sus hogares en una acción que recordó a los desalojos de 2011, según informaron diversos medios informativos nacionales e internacionales. En marzo de 2014, uno de los habitantes murió de una paliza y cinco fueron heridos durante otro choque con el personal de seguridad en la concesión de Jambi.

Los reiterados intentos de obtener una respuesta referente a este asunto por parte de Asiatic Persada o de sus nuevos propietarios fueron infructuosos.

Este es nuestro sitio

Algunas familias se han marchado de la concesión de Jambi, cansadas de los enfrentamientos y del ambiente claustrofóbico que hay en ella. “Estamos más tranquilos fuera de las puertas”, afirma una mujer llamada Rogaya, que se mudó con su marido y sus tres hijos a la casa de un familiar en un pueblo cercano.

La familia de Revan se ha quedado cerca del lugar donde estaba su antiguo hogar con la esperanza de mantener las conexiones tradicionales de la tribu —y de los niños— con la tierra.

Durante siglos, los Batin Sembilan han educado a sus hijos e hijas en la veneración a la tierra, el agua y las plantas, y en el respeto a los espíritus de los antepasados que, según sus creencias, habitan el territorio de la tribu.

A Irsan, el padre de Revan, le preocupa que su hijo y sus hijas estén perdiendo su identidad de niños indígenas, y mudarse no haría más que empeorarlo. Dice que aunque la empresa le ofreciese lo que para él sería una fortuna —200 millones de rupias, es decir, unos 14.000 euros—, no bastaría para apartarlo de las tierras donde los Batin Sembilan han dado a luz y han muerto desde que se tiene memoria.

“No me importa lo que valga la casa. Lo que me importa es que nuestros ancestros nos dejaron esto a nosotros”, declara el padre. “Este es nuestro sitio”.

Ya no están solos. Los guardas de seguridad de la empresa son una presencia constante en el laberinto de caminos que serpentean entre las hileras de palmas de aceite. A los lugareños les intranquiliza relacionarse con los visitantes. Cuando el sol empieza a ponerse, los echan nerviosamente de la propiedad de la empresa. Insinúan que un periodista y un fotógrafo tienen que irse de inmediato, por temor a que todos puedan correr peligro si los guardas los sorprenden hablando.

“Hay mucha intimidación”, confiesa el padre de Revan. “Tengo miedo y estoy confuso”.

Su hijo tiene la esperanza de que, algún día, él, sus padres y sus hermanas puedan recuperar sus tierras y rehacer sus vidas junto al río. En cuanto se sientan seguros, Revan tiene la intención de ayudar a su padre a desmontar los gastados y desiguales tablones de su nueva casa en el asentamiento a donde fueron trasladados para poder volver a montarlos en el lugar donde nació su madre.

Sí, dice Revan en voz baja, todavía está furioso con la empresa del aceite de palma. Pero sabe que sus oportunidades para el futuro son limitadas, así que espera conseguir algún día un empleo en la plantación. Tal vez como guarda.

“Si trabajo en la seguridad”, reflexiona, “no tendré tanto miedo. A lo mejor podré llevar un arma”.