Amenazados por protestar contra los desalojos
Una investigación interna del Banco Mundial descubrió que no hizo lo suficiente para defender a los residentes de una aldea desalojada en Camboya por uno de sus proyectos financiados
Nget Khun, una mujer de 76 años a la que algunos en la capital camboyana conocen como Abuela Mommy, no ha tenido una jubilación tranquila. Las autoridades enviaron varios meses a prisión a esta exvendedora ambulante. Khun cuenta que la policía le pegó y le dio descargas con porras eléctricas
Todo porque, según explica, se atrevió a alzar su voz en contra de una oleada de desalojos dirigida contra los habitantes pobres de un área de Phon Penh supuestamente protegida por un programa de ordenación del territorio financiado por el Banco Mundial. Una investigación interna de la entidad crediticia descubrió que sus funcionarios no habían hecho lo suficiente para defender los derechos de los residentes cuando las autoridades camboyanas expulsaron a cientos de vecinos de Khun de sus hogares para hacer sitio a rascacielos y comercios de lujo.
Khun es una de las docenas de activistas de base y personas corrientes de todo el mundo que declaran que los gobiernos y las empresas respaldados por el Banco Mundial los han hecho blanco de sus amenazas, palizas, detenciones, espionaje y otras represalias por haber criticado grandes proyectos de desarrollo.
Los defensores de los derechos humanos afirman que la institución crediticia de desarrollo ha omitido reiteradamente intervenir para que sus prestatarios dejen de aplicar mano dura a quienes se oponen a los diques, las carreteras y otros proyectos que cuentan con el apoyo de la entidad, y que ha dejado que personas vulnerables como Khun se las arreglen solas contra empresas y gobiernos que a menudo tienen poca paciencia con los disidentes.
En un informe hecho público en junio, Human Rights Watch afirmaba que la débil respuesta del banco a las represalias de sus prestatarios es una burla al compromiso de la institución de permitir que las personas afectadas por sus proyectos manifiesten su opinión en cuanto a la forma en que se gestionan las iniciativas de desarrollo. En algunos casos —sostiene el informe—, la “respuesta dominante” del Grupo del Banco Mundial ha rozado la “completa apatía”.
En su calidad de prestamista multinacional, el grupo no tiene autoridad para intervenir directamente con el fin de proteger a las personas objeto de escarmiento, pero en el mundo en desarrollo sigue gozando de influencia. Según los defensores de los derechos humanos, los funcionarios del banco deberían estar dispuestos a suspender la financiación cuando los gobiernos o las empresas intentan silenciar las críticas. Años atrás, una simple llamada del presidente del Banco Mundial podía hacer que los gobiernos diesen marcha atrás en sus medidas represivas.
El Grupo del Banco Mundial declinó facilitar respuestas detalladas a las preguntas para este artículo. En una declaración publicada en junio aseguraba tener “políticas y mecanismos fuertes” para amparar a aquellos que desean expresar lo que opinan de su labor. “Cuando se nos dirigen quejas”, declaraba un portavoz, “trabajamos —dentro del ámbito de nuestro mandato— con las partes correspondientes a fin de intentar darles respuesta”.
Khun relata que los funcionarios de la entidad de crédito nunca se pusieron en contacto con ella durante los dos periodos —seis meses en total— que pasó en una cárcel de Camboya.
Años atrás, una simple llamada del presidente del Banco Mundial podía hacer que los gobiernos diesen marcha atrás en sus medidas represivas
“Jamás. No los vi”, explicaba Khun en una entrevista con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación poco después de ser puesta en libertad de su última estancia entre rejas. “Nunca vinieron ni comprobaron cómo estaba cuando la policía me golpeó. Nunca se reunieron conmigo ni me preguntaron nada cuando me agredieron”.
Khun, una anciana enjuta de ojos hundidos y mejillas tostadas por el sol, fue detenida por primera vez en 2012 cuando participaba en una manifestación de apoyo a los vecinos que vivían alrededor del lago Boeung Kak, una gran cuenca de agua dulce situada en Phnom Pehn que las cuadrillas de obreros estaban rellenando de tierra para hacer sito a nuevos bloques de viviendas y comercios. Los lugareños dependían del lago, en la actualidad prácticamente desaparecido, para pescar y cultivar hortalizas. Algunos de ellos también tenían restaurantes y hostales para los turistas.
Se suponía que un proyecto de 34 millones de dólares financiado por el Banco Mundial iba a ayudar a los habitantes del lago y a los camboyanos en general a obtener títulos legales de propiedad bien delimitados. Según la entidad financiera, el programa contribuía a esclarecer la propiedad de más de un millón de parcelas en todo el país. Alrededor del lago Boeung Kak, las cosas no fueron así: el Gobierno cedió el control sobre la propiedad de la primera línea de la orilla a una empresa privada dirigida por un senador camboyano bien relacionado.
Las autoridades expulsaron de sus hogares a unas 3.000 familias en lo que Amnistía Internacional describió como el mayor desalojo forzoso del país desde la época de los “campos de la muerte” de la Camboya de la década de 1970. Otras familias, entre ellas la de Khun, se quedaron, pero tuvieron que soportar inundaciones y otros contratiempos mientras los obreros llenaban de tierra el lago.
“El Gobierno de Camboya no se preocupa por los pobres”, se lamenta Khun. “Se preocupa por los ricos y los poderosos. Cuando los ricos quieren tierra, les ayuda”.
Los manifestantes quieren que el Gobierno otorgue títulos legales a las personas que viven todavía alrededor del lago y pague indemnizaciones más cuantiosas a los miles que ya han sido obligados a desplazarse. Las autoridades ofrecieron a algunos hogares 8.500 dólares por renunciar a sus tierras y a sus casas, una cantidad que los lugareños y sus abogados aseguran que está muy por debajo del valor de mercado y que no basta para que las familias rehagan sus vidas en otro lugar.
La institución crediticia guardó “un silencio casi absoluto” sobre las represalias contra los manifestantes, según Huma Rights Watch
La policía acusó a Khun y a otras 12 mujeres de “ocupación ilegal de la propiedad pública” y de “obstrucción a los funcionarios públicos”. Dos días después, un juez las sentenció tras un rápido proceso que “no cumplió ni siquiera con las normas más elementales de un juicio justo”, según Human Rights Watch, que afirma que los abogados de las acusadas no dispusieron de tiempo para prepararse ni se les permitió citar a testigos de la defensa.
El tribunal condenó de Khun a un año de cárcel. Empezó a cumplir su pena en lo que describe como una celda sofocante y estrecha en la que había nada menos que 60 reclusas. “Me puse muy enferma”, relata. “Mi salud era débil y estaba agotada”.
Un tribunal de apelación ratificó su condena pero redujo la sentencia a algo más de un mes.Las autoridades camboyanas no han respondido a las reiteradas peticiones de comentarios para el presente artículo.
En 2011, el Banco Mundial reconoció los problemas con los desalojos y declaró que dejaría de aprobar nuevos préstamos en Camboya hasta que el Gobierno alcanzase un acuerdo justo con las personas que habían perdido sus hogares alrededor del lago Boeung Kak.
Sin embargo, siguió inyectando dinero al país a través de proyectos ya aprobados y de fondos fiduciarios bajo su supervisión destinados a otros agentes de desarrollo.
Human Rights Watch reconoce el mérito del Banco Mundial por tomar cartas en el asunto de los desalojos, pero le recrimina que guardase “un silencio casi absoluto” sobre las represalias contra Khun y otros manifestantes. “Los miembros de la comunidad afirman que los empleados del Banco Mundial les dijeron que, oficialmente, no podían hacer nada para ayudar a las personas encarceladas o siquiera reclamar directamente al Gobierno”, informa la organización que defiende sus derechos.
Además de instar al Grupo del Banco Mundial a dar una respuesta enérgica a las represalias, Human Rights Watch considera que la entidad tendría que ser más activa a la hora de tomar medidas para prevenir las agresiones antes de que ocurran.
Según esta organización proderechos humanos, los funcionarios del banco deberían reunirse regularmente con la gente sobre el terreno para tratar de sus “necesidades de protección”, y exigir que los prestatarios se comprometan por anticipado a no presionar ni penalizar a los que se oponen al desarrollo.
El Banco Mundial declara que ya dispone de diversos mecanismos para garantizar que se puedan expresar libremente las inquietudes acerca de los proyectos que apoya la entidad.
La institución no ha intervenido para defender a quienes se oponen las infraestructuras con apoyo del Banco Mundial, según los defensores de los Derechos Humanos
Por ejemplo, exige a todas las iniciativas que establezcan un sistema de reclamaciones que permita que la gente presente sus quejas directamente a los funcionarios encargados de los proyectos. Las personas que tengan reticencias también pueden pedir investigaciones por parte del Panel de Inspección del Grupo del Banco Mundial, que se ocupa de las quejas relacionadas con los préstamos a gobiernos, o de la Oficina del Defensor del Pueblo y Asesor en Materia de Observancia cuando se trata de créditos a empresas privadas.
Human Rights Watch y otras organizaciones consideran que, con frecuencia, estos mecanismos no garantizan que se escuche o se proteja a los afectados.
En 2014, una auditoría interna del Banco Mundial puso de manifiesto que los procedimientos de reclamación vinculados a proyectos suelen ser ejercicios de “marcar casillas” que tienen entidad “sobre el papel pero no en la práctica”. En Camboya, el Panel de Inspección descubrió que los habitantes del lago Boeung Kak estaban “sometidos a presiones para que evacuasen sus casas sin haber tenido acceso a ningún procedimiento de reclamación”.
Quienes han expuesto sus inquietudes a más alto nivel mediante quejas detalladas al Panel de Inspección o al Defensor del Pueblo declaran que, a menudo, se enfrentan a represalias de los gobiernos o las empresas involucrados en los proyectos.
En su estudio, Human Rights Watch entrevistó a personas que habían firmado reclamaciones presentadas al Panel de Inspección y al Defensor del Pueblo en 34 casos. En 18 de ellos esas personas informaron de que habían sido “amenazadas o sufrido alguna clase de represalia” que creían que estaba relacionada directamente con su actitud crítica frente a algún proyecto del Grupo del Banco Mundial.
De nuevo en prisión
En Camboya, Abuela Mommy Khun y otros ciudadanos activistas continuaron siendo víctimas de detenciones aun después de que el Panel de Inspección del Banco Mundial documentase los perjuicios causados por los desalojos alrededor del lago Boeng Kak.
En noviembre, Khun y algunos de los habitantes del lago que seguían allí instalaron la estructura de una cama en el bulevar que hay delante del ayuntamiento de Phnom Penh para protestar por las inundaciones que estaban anegando sus casas. Aseguraban que las habían provocado las cuadrillas de obreros que estaban rellenando el lago para hacer sitio para viviendas y comercios.
La policía detuvo a Khun y a otras seis mujeres y las acusó de obstruir el tráfico. Al día siguiente, un tribunal las condenó a un año de cárcel. A Kuhn la encerraron en la misma prisión que la primera vez. Cuenta que los guardias se burlaban de ella y de otras reclusas que se quejaban del rato que recibían: “Si queréis morir, suicidaos”.
En pleno clamor internacional por las penas de cárcel, en abril el Gobierno indultó a Khun y a otras manifestantes y las dejó en libertad cuando habían cumplido cinco meses de sus condenas.
Mientras tanto, el Banco Mundial se está preparando para descongelar nuevos préstamos al Gobierno de Camboya, y en los últimos meses se ha reunido con funcionarios y grupos de ciudadanos del país para hablar de sus planes. En julio, una coalición de ONG instó al banco a asegurarse de que el Gobierno resuelve los problemas con los habitantes actuales y anteriores del lago Boeung Kak ante de aprobar cualquier nuevo crédito.
Una portavoz del Banco Mundial declaró que la entidad crediticia está manteniendo conversaciones con el Ejecutivo acerca de “cómo apoyar el desarrollo del país de una manera que beneficie a todos los camboyanos”, y aseguró que los funcionarios del organismo también “siguen reclamando al Gobierno que llegue a una solución justa y pacífica de los conflictos por la tierra”.
En julio pasado, Khun obtuvo una victoria personal: el Gobierno le otorgó el título de propiedad sobre la parcela de tierra en la que vive su familia.
Pero su lucha no ha terminado.
Algunas familias siguen esperando recibir documentos oficiales que les permitan quedarse en sus casas, mientras que otras que han sido obligadas a desplazarse continúan intentando recibir indemnizaciones mejores. Khun promete seguir apoyando su causa.
“Protestaré hasta que muera”, proclama.
‘Guerra abierta’
El Grupo del Banco Mundial opera en lo que describe como “los entornos más difíciles y exigentes” al prestar dinero para dar apoyo a obras públicas y servicios sociales en países con graves problemas económicos y políticos. En muchos de los lugares en los que trabaja, la libertad de expresión es limitada, y quienes mantienen una actitud crítica se arriesgan a ser agredidos o encarcelados.
La libertad de opinar sobre los proyectos financiados por la entidad crediticia es importante, ya que sus iniciativas pueden tener graves consecuencias para las personas cuyas vidas se cruzan en su camino. Una investigación de un equipo formado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, The Huffington Post y otros medios de comunicación ha revelado que, desde 2004, los proyectos respaldados por el banco han desplazado física o económicamente a unos 3,4 millones de personas. Según las entrevistas y las denuncias oficiales, en algunos casos gobiernos o empresas financiados por el Grupo del Banco Mundial han incendiado o arrasado casas y han agredido o asesinado a los lugareños durante la ejecución de desalojos en masa.
Un estudio reciente de International Accountability Project, un grupo pro derechos humanos, ha descubierto que, a menudo, los afectados por proyectos con financiación del Banco Mundial tienen miedo de hablar. Según la organización, el 78% de las 800 personas a las que entrevistaron en Camboya, Mongolia y Egipto, entre otros lugares, manifestaron que “no se sentían a salvo para expresar sus verdaderas opiniones o hacer preguntas” sobre iniciativas impulsadas por el banco y otras entidades de crédito para el desarrollo.
En 2002, Yoweri Museveni, presidente de Uganda, puso en marcha un proyecto de presa respaldado por el Banco Mundial, al tiempo que lanzaba una advertencia contra los alborotadores empeñados en entorpecer el crecimiento económico. “Quienes obstaculizan los proyectos industriales son enemigos, y no los quiero”, precisó al día siguiente, según medios de comunicación controlados por el Estado. “Voy a declararles una guerra abierta”.
En los años que siguieron, el Gobierno detuvo a ecologistas que protestaban contra la presa y amenazó con clausurar las organizaciones humanitarias que habían criticado una iniciativa agroindustrial financiada con fondos del Grupo del Banco Mundial. La autoridades ugandesas acusaron a Oxfam y a otros grupos de “incitar a la violencia” por afirmar que el proyecto agrario había sido la causa de las expulsiones de miles de aldeanos pobres.
Los funcionarios ugandeses no respondieron a las preguntas para este artículo.
En Nepal, las Fuerzas de Seguridad reprimieron a los manifestantes pacíficos contra la construcción de una línea eléctrica de alto voltaje respaldada por el Banco Mundial “utilizando la tortura, las detenciones y los ataques violentos contra mujeres desarmadas”, según una denuncia presentada en 2013 al Panel de Inspección de la entidad.
En Camboya, la policía detuvo en 2012 a ocho habitantes de un pueblo que iban a ser desalojados a raíz de una ampliación del aeropuerto de Phnom Penh financiada por el Banco Mundial. Los aldeanos habían intentado enviar una mensaje al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, cubriendo los tejados de chapa de sus casas con una fotografía suya y una súplica pintada con espray: “SOS”. Esperaban que Obama lo viese cuando llegase en avión al país para una cumbre.
El Banco Mundial declinó hacer comentarios sobre estos casos y otros incidentes concretos. “Los detalles de esas intervenciones son delicados y, por lo tanto, no podemos divulgar información al respecto”, declaró un portavoz.
En su declaración general, el banco manifestaba que, cuando ha podido determinar que existía relación entre las represalias y los proyectos financiados por la entidad, “hemos tomado medidas, tal como demuestran casos anteriores, y seguiremos haciéndolo”.
El banco rehusó citar ejemplos concretos.
Episodios de la historia previa de la institución muestran que esta puede influir en las acciones de los países y las empresas que financia.
En 2001, los funcionarios de la entidad intervinieron después de que las autoridades de Chad detuviesen a un miembro del Parlamento y a otras personas que se oponían a un oleoducto que se estaba construyendo con fondos que el Banco había proporcionado. El entonces presidente del Grupo del Banco Mundial, James Wolfensohn, telefoneó al presidente de Chad para pedirle que liberase al diputado y a otros prisioneros políticos. Todos fueron puestos en libertad en el plazo de unas horas.
En 2002, el banco reprochó a las autoridades camboyanas las duras medidas tomadas contra los campesinos que protestaban por un proyecto de explotación forestal apoyado por él. “No se puede hablar de participación y consulta, por un lado, y agredir a la gente que expresa sus opiniones, por el otro”, declaró entonces un portavoz.
No obstante, según los grupos pro derechos humanos y los activistas sobre el terreno, en la última década no ha sido frecuente que el banco adoptase esta clase de actitudes enérgicas.
Bopha Phorn es periodista de investigación de Camboya y colaboradora habitual de Voice of America.
Michael Hudson es jefe de sección del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.
Barry Yeoman colaboró en este artículo como miembro del Fondo de Investigación de The Nation Institute.
Ben Hallman es redactor jefe de investigaciones y proyectos de The Huffingon Post.
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