Un cambio delicado

El Banco Central Europeo (BCE) ha dado un giro radical a su política de supervisión bancaria. El Mecanismo Único de Supervisión (MUS) entrará discrecionalmente en los Consejos de Administración de los bancos europeos —quizá a través de representantes de los bancos centrales nacionales, como por ejemplo, el Banco de España— para asegurarse sin mediaciones de que el funcionamiento del órgano de gobierno es el correcto y que se siguen las políticas de nombramientos, salariales o de riesgos adecuadas. La idea es que un representante del MUS asista a los consejos de los bancos una o dos veces al año, en un régimen similar al de oyente, y después analice el funcionamiento del consejo examinado.

Los consejos son órganos privados; los inspectores del BCE no pueden entrar en ellos sin autorización. Y eso es lo que ha hecho el supervisor europeo, pedir autorización. Es evidente que aunque los bancos centrales nacionales y las propias entidades examinadas consideran este nuevo modelo una complicación innecesaria e invasiva, no van a negar esa autorización. Las consecuencias serían muy costosas.

En una primera aproximación, la información directa que reclama el BCE es una tendencia razonable, que debe ser defendida como un reforzamiento necesario de la gestión de una entidad y de información del supervisor europeo. Los graves problemas que ha sufrido el sistema bancario continental no se remedian con circulares o admoniciones a distancia. Ahora bien, la participación en los consejos plantea problemas delicados que deben resolverse antes de que el sistema comience a funcionar. Hay que saber cuáles son los límites de los participantes externos; si, por ejemplo, sólo serán meros observadores. Es obligado aclarar si, como consecuencia del examen, los consejos tendrán más responsabilidad en las decisiones operativas de los bancos; si podrán recomendar cambios en la composición de los consejos; y, en fin, cuál es el tratamiento debido de la información que recopilen los examinadores.

La línea que propone el BCE es la correcta, porque, entre otras cosas, estimulará la responsabilidad de los consejos y garantizará la coordinación que requiere una zona monetaria. Pero la casuística es compleja y tiene que aclararse antes de que la maquinaria se ponga en funcionamiento, no sea que genere más problemas —incluso políticos: países como Francia, Alemania e Italia ofrecen serias resistencias a la idea— que soluciones.