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El PP toma la iniciativa sobre la reforma de la Cámara de Cuentas

Los populares defienden más control de la institución y rebajar el número de consejeros

Lourdes Lucio
Dolores López Gabarro, este lunes en la sede del PP.
Dolores López Gabarro, este lunes en la sede del PP.

Los grupos socialista y de Izquierda Unida del Parlamento andaluz tendrán que votar el próximo jueves si están a favor de la reforma de la Cámara de Cuentas a raíz de una propuesta planteada por el grupo popular. De este modo, el PP toma la iniciativa política en un asunto prometido por la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, en su discurso de investidura hace 13 meses. PSOE e IU llevan meses hablando de este tema sin que se haya producido avance alguno.

Los populares plantean dotar de más medios al ente que fiscaliza las cuentas de la comunidad, cuyo último informe sobre el uso de los fondos destinados a los cursos de formación provocó un auténtico terremoto político. El informe dado a conocer el 1 de febrero pasado destacaba que el 89% de las ayudas concedidas en 2009 se hicieron sin “concurrencia competitiva” como exige la ley de Subvenciones y que la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) recibió entre 2009 y 2010 un total de 48,8 millones de euros de los que “no consta justificación alguna”.

El PP defenderá este jueves en el Parlamento una proposición no de ley en la que insta al Gobierno a presentar una proyecto de ley de reforma de la Cámara de Cuentas con el fin de dotarla de “más eficacia, eficiencia y transparencia”, ha afirmado esta mañana la secretaria general del PP y todavía diputada autonómica, Dolores López Gabarro. Los populares reclaman también la rebaja del número de consejeros de esta institución. Ahora son siete.

La propuesta del PP supone de hecho una propuesta de reforma en firme. Así, reclaman ampliar a todos los órganos y entidades integrantes del sector público de Andalucía la obligación de remisión de los contratos que celebren cualquiera que sea su importe. También garantizar el acceso en tiempo real a la base de datos de Contratación Administrativa de la Junta de Andalucía y a la de Subvenciones. Con esta medida, pretenden realizar una fiscalización más completa y ajustada en el tiempo y ofrecer al ciudadano, a través de su página web, la información tratada de todos los contratos, independientemente de su importe, así como de la totalidad de las subvenciones otorgadas y los beneficiarios de ellas.

La iniciativa del PP reclama poner a disposición del Parlamento de Andalucía el expediente de cada Informe de fiscalización una vez aprobado el Informe definitivo y que las deliberaciones del pleno, que según Gabarro debe incrementar sus competencias, sean públicas. Los populares defienden dotar a Cámara de capacidad de apercibimiento a las entidades locales que no rindan sus cuentas, así como a las entidades que no cumplan con la obligación de remitir información.

Para acompasar los tiempos de la Cámara de Cuentas a la realidad, el grupo popular apuesta por acelerar los plazos de rendición de la Cuenta General de la comunidad al 30 de abril del ejercicio inmediato posterior, con el objeto de que la fiscalización realizada por la Cámara de Cuentas esté concluida a 31 de octubre y así contar con la misma para la tramitación del proyecto de Ley del Presupuesto de la Junta.

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Gabarro aseguró que con esta propuesta, la presidente de la Junta, Susana Díaz, “se somete a la prueba del algodón. Si quiere transparencia tiene la medida encima de la mesa. ¿Va a pasar de una vez por todas de las palabras a los hechos?”, se ha preguntado. Según la dirrigente popular, con una Cámara de Cuentas más reforzada se pondría coto "a los desmadres" en los fondos públicos.

La negociación que mantienen PSOE e Izquierda Unida sobre la reforma de la Cámara de Cuentas está en punto muerto y sin avances, según admiten fuentes de ambas formaciones. Izquierda Unida asegura que sus socios socialistas "no tiene interés" en dar más competencias de control a este órgano, porque teme, según fuentes de la federación, que se convierta en un poderoso contrapoder al Gobierno. Por su parte, los socialistas aseguran que la demora se debe a "una cuestión de prioridades".

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