El exalcalde de Torrevieja entra en la cárcel condenado por corrupción
El también exdiputado del PP valenciano agotó todas las instancias, incluida la del indulto
Ya está en prisión. El exalcalde de Torrevieja y exdiputado autonómico del PP valenciano Pedro Ángel Hernández Mateo ingresó en la noche del miércoles en el centro penitenciario de Campos del Río, en Murcia, para cumplir una pena de tres años por corrupción.
Hernández Mateo gobernó Torrevieja durante 23 años y dimitió como diputado autonómico en 2012, después de que el Tribunal Superior de Justicia valenciano lo condenara por prevaricación y falsedad en documento público con motivo de la adjudicación, en 2004, de la recogida de basura del municipio por casi 100 millones de euros durante una década.
El exregidor recurrió al Tribunal Supremo, que confirmó el fallo. Y solicitó el indulto al Gobierno, que le denegó la medida de gracia el 11 de julio.
Como está ocurriendo ahora con el expresidente de la Diputación de Castellón y del PP de la provincia Carlos Fabra, cuyos fieles están movilizados para recoger firmas en favor del perdón del Gobierno, con Hernández Mateo también se produjo una corriente de apoyo. Aunque más intensa. La gran mayoría de los diputados del Grupo Popular en las Cortes Valencianas firmaron la solicitud de indulto, para irritación del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra.
La prisión elegida por Hernández Mateo, a quien el Tribunal Superior valenciano dio a elegir destino la semana pasada, está en Murcia, pero a apenas una hora de Torrevieja, el municipio más grande (100.000 habitantes) de la comarca de la Vega Baja, la más meriodional de la Comunidad Valenciana. Y también la más sacudida por casos de corrupción, hasta el punto de que el Poder Judicial planteó la necesidad de activar un plan especial para hacerle frente al haberse convertido en un problema "estructural".
El ahora preso tiene otras dos cuentas pendientes con la justicia. Por un lado está acusado de un delito "contra los derechos cívicos reconocidos por la Constitución y las leyes" (artículo 542 del Código Penal) por negarse a convocar plenos en Torrevieja. Y del otro, por los posibles delitos de uso de información privilegiada y tráfico de influencias a raíz de una operación inmobiliaria en Almoradí, población también de la Vega Baja. Hernández Mateo compró unos terrenos allí en 1997 por 180.000 euros y los revendió dos años después por 5,6 millones.
Los Verdes de Torrevieja, que presentaron la denuncia por el servicio de la basura que han llevado al político a la cárcel, afirmaron que aquel pelotazo escondía turbios intereses: el entonces regidor había traspasado la finca a Edén del Mar, "uno de los grupos empresariales que más actividad urbanística desarrolla en el término municipal de Torrevieja e íntimamente relacionado con los particulares que inicialmente" le habían vendido el terreno.
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