Madrid asegura que atenderá a los indocumentados crónicos

Los ciudadanos en situación irregular que vivan en la comunidad de Madrid y que sufran enfermedades crónicas  serán atendidos en los hospitales madrileños a partir del 1 de septiembre aunque se queden sin tarjeta sanitaria. “Cualquier persona que resida en Madrid, independientemente de su situación legal, y que esté recibiendo un tratamiento crónico que pueda comprometer la vida”, ha señalado este martes el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández- Lasquetty, “va a continuar el tratamiento”.

El consejero, que ha citado como ejemplo tratamientos como el de VIH o la quimioterapia, no ha aclarado cómo se garantizará esa asistencia cuando el paciente a tratar ya no dispongan de una identificación válida ante la sanidad madrileña. El Ministerio de Sanidad, por su parte, solo ha argumentado hasta ahora que la asistencia sanitaria a los sin papeles está garantizada aunque tampoco ha ofrecido directrices concretas de cómo abordarlo para evitar que los afectados dejen de ser atendidos en ambulatorios u hospitales sin tarjeta sanitaria.

A partir de septiembre, los irregulares que viven en España solo podrán ir a urgencias o, según el plan que estudia el Ministerio de Sanidad, a servicios ordinarios pagando una cuota anual. Quedan exentos de pagar niños y mujeres embarazadas. Fernández- Lasquetty ha asegurado hoy que Madrid cubrirá de forma completa la asistencia pediátrica de los menores, incluidas las vacunas, y  el cuidado de las embarazadas hasta el posparto.

La Comunidad de Madrid ha optado por seguir la línea que marca el ministerio frente a otras comunidades, también del PP, que han mostrado dudas sobre la aplicación del plan sanitario. Galicia, por ejemplo, se ha mostrado contraria a restringir la atención a los sin papeles.

También se alinean con el ministerio respecto al cobro de los servicios. “Aquel que necesite asistencia la va a tener, pero luego habrá que ver si es un caso de asistencia gratuita o hay que emitir una factura al país a esa persona o a un convenio”. El cobro de cuotas es, a juicio de Lasquetty, “una vía oportuna y justa para aquellas personas que vivan aquí y quieran recibir la misma asistencia sanitaria que el resto de personas puedan percibir”.

Sanidad no ha especificado cuántos inmigrantes sin papeles se pueden ver afectados por esta medida en Madrid. En España son más de 150.000, según las estimaciones realizadas por este periódico. El consejero considera que no se producirán casos de objeción de conciencia entre los médicos madrileños porque “atender se atiende a todo el mundo, otra cosa es si eso genera o no genera la emisión de una factura”.

Una de las organizaciones que defienden la objeción de conciencia, la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SEMFyC), tiene una de sus sedes principales en Madrid. Es el colectivo más representativo de atención primaria y cree que la medida prevista pro sanidad vulnera el código deontológico de los médicos, entre otros motivos, porque este dicta que los médicos deben “velar por el bienestar, la lealtad, la justicia y la autonomía del enfermo”.

Ambulancias para diálisis

Por otra parte, la Comunidad de Madrid ha pedido al ministerio que los pacientes de hemodiálisis o quimioterapia, que "necesitan el transporte con mucha frecuencia", no tengan que pagar por el transporte en ambulancia. Según el consejero, el Gobierno español decidió, con el respaldo de las comunidades autónomas en el Real Decreto Ley aprobado el pasado abril, que "el transporte sanitario no urgente a partir de ahora tendría una coparticipación en el pago por parte del usuario". La decisión está pendiente de desarrollo en una orden.

"Lo que sí ha dicho ya el Ministerio, que desde luego es lo que la Comunidad de Madrid había dicho y pedido, es que los pacientes que necesitan el transporte con mucha frecuencia, como los de hemodiálisis o quimioterapia,tengan un tratamiento completamente distinto a aquellos que lo necesiten en un momento dado", ha señalado Fernández- Lasquetty.