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El Gobierno escocés, que encabeza Nicola Sturgeon, obtuvo este martes un holgado aval del Parlamento autonómico para exigir a Londres un segundo referéndum sobre el engarce o separación de este territorio del Reino Unido. Un frente político interno -y con visos de pulso constitucional- se abre para la primera ministra británica, Theresa May, coincidiendo con su decisión de activar hoy el artículo 50 del Tratado de Lisboa que sellará el inicio de las negociaciones con Europa sobre el Brexit, y que pretende despachar en el plazo de tan sólo dieciocho meses.

Justo la víspera del día histórico del miércoles en que Theresa May va a proclamar el inicio oficial de la cuenta atrás hacia el Brexit, la cuestión escocesa echaba por tierra cualquier pretensión de triunfalismo. Desdiciendo la proclama de la primera ministra británica de que el Reino Unido será, incluso fuera de la Unión Europea, “una fuerza imparable” en su integridad territorial, el Parlamento de Escocia votaba a favor de reclamar a Londres un segundo referéndum sobre la independencia. May ha respondido que “ahora no es el momento”, pero los secesionistas escoceses amenazan con plantar su batalla a la par que la primera ministra británica libra su pulso con Bruselas.

Tal y como ya vaticinaba la aritmética política en Escocia, el Gobierno del independentista SNP sumó su fuerza a la de los Verdes para rebasar por cuatro votos la mayoría absoluta (65 sufragios) que requería su demanda de una nueva consulta en el territorio. El argumento de Sturgeon se apoya menos en el 62% de votantes escoceses contrarios al Brexit en junio del año pasado–frente a sólo el 48% en el conjunto del Reino Unido- que en las condiciones en las que se producirá la desconexión de la UE. El Brexit duro, con la implicación de la salida del Reino Unido del mercado único, es visto como una amenaza para los intereses económicos y comerciales de Escocia, que en su momento pidó al menos la palabra en cuanto a los términos del divorcio de Europa. La respuesta de Londres fue un no rotundo.

El supuesto último intento de aproximación May-Sturgeon en su cita de Glasgow el pasado lunes fue, al margen de la civilidad, un ejercicio de relaciones públicas por parte de ambas, la reafirmación de sus posiciones enconadas no sobre la celebración en sí del reférendum, sino sobre el cuándo. El acervo político y democrático del Reino Unido impide a la primera ministra británica negarse a la consulta, pero lo que cuentan aquí son los plazos, y May está dispuesta a dilatarlos al menos hasta que el Brexit sea una realidad inapelable.

Los argumentos de Sturgeon pasan por la reivindicación de una voz desde Escocia antes de que se consume la salida británica de Europa, y del conocimiento previo de las verdaderas condiciones pactadas con Bruselas para que la población de esta autonomía decida si las sanciona o prefiere desmarcarse del Reino Unido e ir por libre. Por ello exige convocar una nueva consulta sobre la independencia a partir de otoño de 2018 (plazo que extiende hasta la primavera de 2019), precisamente la fecha que la misma May le confirmó en la reunión de Glasgow como punto en el que ya estarán preclaros los parámetros del desengarce de la Unión Europea.

El apoyo de la Cámara escocesa al planteamiento de Sturgeon implicará el envío de una carta oficial al gobierno de Londres a finales de esta misma semana, invocando en primer lugar la sección número 30 del estatuto de autonomía, que contempla la transferencia de los poderes de convocatoria de un referéndum desde Westminster hacia la cámara de Holyrood, en Edimburgo. Esa fue la base que permitió el pacto entre David Cameron y Alex Salmond, los anteriores responsables de los ejecutivos británico y escocés, para organizar la consulta de septiembre del 2014 sobre la indepedencia de Escocia, saldada con un no del 55% de los votantes. Pero May no quiere riesgos, se niega a reeditar aquel acuerdo y pretende erigirse en un muro frente a Sturgeon, aún a costa de un choque constitucional que se apunta como uno de los frutos indeseados del Brexit.