ONU: Argentina viola los derechos humanos por impedir el acceso al aborto legal

Abortar en Argentina es ilegal excepto en el caso de una violación o si el embarazo pone en peligro la vida o la salud de la madre. Aún así, cada año se practican alrededor de medio millón de abortos en el país suramericano. Las mujeres que deciden interrumpir su embarazo fuera de los supuestos legales se enfrentan a un proceso penal, pero incluso las que tienen reconocido el derecho por un fallo de la Corte Suprema deben superar numerosos obstáculos, como la falta de información, ausencia de protocolos y la objeción de conciencia de los médicos. La relatora especial de Naciones Unidas sobre violencia contra la mujer, Dubravka Simonovic, denunció en Buenos Aires que la falta de implementación del protocolo sobre el aborto no punible en dos de cada tres provincias argentinas supone una "violación de los derechos humanos" y "contribuye a la alta tasa de mortalidad materna" en el país. Simonovic exigió al Gobierno de Mauricio Macri que haga cumplir el protocolo existente e impulse un proyecto de ley sobre la interrupción voluntaria del embarazo.

Al término de su visita de siete días a Argentina, la relatora de la ONU dio una rueda de prensa en la que instó al Ejecutivo a facilitar el acceso de las mujeres "a un aborto legal y seguro y a la atención post aborto". Según cifras no oficiales, cerca de 80.000 mujeres son hospitalizadas anualmente por complicaciones derivadas de abortos inseguros y un centenar mueren por este motivo, que es la principal causa de mortalidad materna en Argentina. Simonovic pidió al Ministerio de Salud que difunda información sobre los hospitales que practican abortos legales y exija "una justificación estricta para evitar el uso generalizado de la objeción de conciencia por parte de los médicos que se niegan a realizar abortos, considerando en particular la situación de los embarazos recientes como resultado de la violación o el incesto, que puede ser considerado como una tortura".

Las declaraciones de la relatora de Naciones Unidas tienen lugar el mismo día en el que el Papa Francisco autorizó a los sacerdotes a perdonar a las mujeres que hayan abortado. Antes de llegar a la Santa Sede, el entonces arzobispo de Buenos Aires Jorge Bergoglio lanzó siempre duros mensajes contra de la interrupción del embarazo y su elección como pontífice supuso un jarro de agua fría para los impulsores de un proyecto de ley que legalice el aborto durante las primeras semanas de gestación.

La experta de Naciones Unidas hizo también un repaso por otras formas de violencia ejercidas contra las mujeres en Argentina y criticó la falta de implementación de las normas nacionales e internacionales y las diferencias que existen entre provincias. Aunque elogió la aprobación de un plan para la erradicación de la violencia contra la mujer, que entrará en vigor en 2017, sostuvo que es necesario aumentar el número de refugios para víctimas, capacitar a jueces y policías y garantizar que los agresores no violan las órdenes de restricción.

A su juicio, la pobreza influye de manera muy negativa en las oportunidades de las mujeres para hacer frente a la violencia machista. En Argentina, donde una de cada tres personas está bajo el umbral de la pobreza, las mujeres con menos recursos que padecen maltrato "tienen obstáculos adicionales para acceder a la Justicia y a un refugio inmediato", según Simonovic. Por ese motivo, la relatora ve con buenos ojos la aprobación de una ley de patrocinio jurídico gratuito a las víctimas, que espera que se cumpla.

Finalmente, expresó su preocupación sobre los delitos sexuales, que en Argentina no pueden juzgarse de oficio sino solo a petición de la víctima: "Este tipo de disposición envía un mensaje equivocado de que la violación y la violencia sexual son cuestiones privadas y no un tema de preocupación pública". Las conclusiones finales de la relatora especial sobre violencia contra la mujer se difundirán el próximo junio.