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El encaje jurídico europeo de un posible ‘sí’ en Escocia

Las instituciones insisten en que debería salir de la UE y que su reingreso podría retrasarse

Claudi Pérez
Un hombre a favor de la independencia de Escocia, junto a un cartel a favor del sí.
Un hombre a favor de la independencia de Escocia, junto a un cartel a favor del sí. RUSSELL CHEYNE (REUTERS)

La UE contiene el aliento ante el referéndum en Escocia y sus potenciales consecuencias: casi una decena de países —Reino Unido y España, pero también Chipre, Bélgica, Italia, Rumania o Eslovaquia— tienen tensiones secesionistas en su interior y el sentido del voto escocés, sea el que sea, puede suponer un cambio en las placas tectónicas de la política continental. Tanto la Comisión como el Consejo Europeo han adoptado en las últimas semanas una postura de no injerencia para no influir en el resultado escocés. Pero la posición de Bruselas en los dos últimos años ha sido tajante: “Si parte del territorio de un Estado miembro se independizara, los Tratados ya no se aplicarían sobre ese territorio”, según el presidente de la Comisión, José Manuel Barroso. Después llegarían las negociaciones, las dificultades técnicas, los recovecos legales. Esas cosas. Nada insalvable, salvo quizá un detalle espinoso: “El peligro más grave es que en varias fases del proceso puede llegar un veto por parte de cualquier país”, resume una alta fuente europea.

Bruselas se agarra a esa interpretación ortodoxa, que apunta a una salida de la UE y la posterior adhesión en un plazo que podría durar hasta 10 años, siempre supeditada a la cuchilla de la unanimidad. Esa es la letra de los Tratados. Pero en los últimos tiempos se abre paso un análisis menos rigorista (el preferido por los secesionistas), que permitiría un reingreso más rápido. Y se basa en una premisa: el debate importante no es jurídico, sino político.

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Con voluntad política y pragmatismo los tratados son maleables: también había una cláusula europea de no rescate; al estallar la crisis, Berlín y compañía encontraron la manera de ayudar a Grecia. “La voluntad política puede decantar una interpretación más o menos flexible”, señala una fuente de la Comisión, “pero aun así hay cosas que no van a cambiar: si ganara el sí, Escocia saldría de la UE y tardaría en ser readmitida. La clave es cuánto tiempo. Pero la clave de todas las claves es la restricción que impone cualquier posible veto”.

La visión ortodoxa

Apenas hay doctrina sobre un asunto que hasta hace poco quedaba en las procelosas aguas de lo hipotético. Pero los líderes de la Unión llevan una década haciendo declaraciones que parecían variaciones sobre el mismo tema: la secesión provoca la salida inmediata del club y el inicio de un complicado proceso de adhesión ajustado a los procedimientos (artículo 49 del Tratado de Lisboa).

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El jurista Jean-Claude Piris, máxima autoridad legal del Consejo durante 20 años, asegura que ese es el camino, aunque admite que hay formas de acelerarlo. Eso sí, la rapidez depende de muchos factores: “¿Edimburgo y Londres acordarán rápidamente lo relativo a la moneda, a los asuntos militares o la deuda? ¿Escocia será reconocida rápidamente como un Estado por los Veintiocho? ¿El Consejo Europeo admitirá a Escocia con rapidez y unánimemente como candidato? Si esas tres preguntas se responden afirmativamente, entonces se podría activar una vía rápida. Salvo en el caso de que Escocia insista en derogar los compromisos relativos a la aceptación del euro y Schengen, y excepto si espera obtener un cheque como el británico del presupuesto europeo”, afirma rotundo Piris.

La visión flexible

Los independentistas en Escocia y Cataluña y algunos juristas destacados insisten en que se puede flexibilizar y agilizar la adhesión sin violentar la letra ni el espíritu de los Tratados, resume Ignacio Molina, del Instituto Elcano. Para ello hay dos posibilidades: una flexibilización de las normas sobre ampliación (una versión agilizada del artículo 49) o incluso una base jurídica más imaginativa a través de la reforma de los tratados (usando el artículo 48, que requiere solo mayoría simple). Sionaidh Douglas-Scott, profesora de Derecho Comunitario de Oxford, defiende que Escocia podría acogerse a la vía rápida: “Sería incluso posible que no tuviera que abandonar la UE”. Según ese punto de vista, el artículo 48 de los Tratados (que permite la modificación exprés del esqueleto legislativo comunitario a petición de uno de los Estados miembros) deja un resquicio que permitiría una ampliación interna, desde dentro de la propia Unión, mucho menos traumática que por la vía convencional. “Hay diversas opciones legales, y no solo una como sugiere Bruselas. Y al final prevalecerán las razones políticas sobre las jurídicas”, añaden el parlamentario escocés Alyn Smith y el académico Nicola McEwen. “Los Tratados son lo suficientemente ambiguos si hay voluntad política. Es absurdo decir que somos un país tercero: no somos los Bálticos, somos europeos, y tenemos un caso sólido como para defendernos”, señala Smith.

¿Cambios en Bruselas?

Bruselas solía ser terminante al respecto. Y aun así no cabe descartar un giro pragmático en función del voto en Escocia. La presidencia italiana de la UE admite que se estudian “las posibles implicaciones” del referéndum, según el ministro Sandro Gozi. Y como respuesta están previstos varios escenarios, asegura Gozi, y no sólo uno (salida de la Unión y posible readhesión por los cauces habituales), pese a lo que ha contado la Comisión en mil y una ocasiones. “Podemos hacer todo tipo de cábalas, pero eso no va a evitar que persista una dificultad mayor: ese fantasma del veto que siempre recorre Europa”, cierran fuentes europeas.

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Sobre la firma

Claudi Pérez
Director adjunto de EL PAÍS. Excorresponsal político y económico, exredactor jefe de política nacional, excorresponsal en Bruselas durante toda la crisis del euro y anteriormente especialista en asuntos económicos internacionales. Premio Salvador de Madariaga. Madrid, y antes Bruselas, y aún antes Barcelona.

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