La histórica presencia de españoles e italianos en el Canal de Panamá

Españoles e italianos superaron en número a griegos y franceses como los trabajadores europeos que, de 1904 a 1914, participaron en la “olla de mestizaje” y “mosaico de nacionalidades” de obreros oriundos de 40 países -en especial latinoamericanos y caribeños- en la construcción del Canal de Panamá. Un siglo después, españoles e italianos encabezan el consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC), que edifica las obras principales de la ampliación de la ruta acuática interoceánica y que ahora están inmersas en un pleito financiero con amenazas de quedar paralizadas a partir del próximo 20 de enero.

Un recuento oficial mostró que, después de los 19.900 originarios de Barbados, los nacidos en España, 8.298, fueron el segundo grupo más importante de mano de obra contratada para la construcción de la vía, en unos trabajos dirigidos por el gobierno de EE UU. De los europeos, el segundo mayor grupo provino de Italia -con 1.941- y el tercero de Grecia —con 1.101—, mientras que de Francia solo hubo 19 obreros aunque de la isla caribeña Guadalupe, todavía bajo dominio de París, hubo 2.053.

Del total de 43.781 trabajadores extranjeros contratados para la construcción del Canal, los españoles (18,9%) y los italianos (4.4%) representaron el 23,3%, según los registros, por lo que su herencia ya es centenaria y, por algo, Panamá es un cóctel de tabernas españolas y de restaurantes italianos, aunque también de veredas antillanas. Atraídos por el imán de la alternativa laboral, árabes, hindúes y chinos, por ejemplo, también se asentaron hace más de 100 años en Panamá y hoy su presencia se expresa en múltiples negocios -de gastronomía, electrodomésticos, ropa, calzado- en los más diversos puntos de territorio panameño.

“¿Qué facilitó la mezcla de culturas y su arraigo en Panamá? Fue una combinación de factores los que llevaron a todos estos grupos a radicarse en el país”, asegura el panameño Vicente Barletta, en un artículo en El Faro, revista de la estatal Autoridad del Canal de Panamá (ACP), al relatar que “a partir de 1904 empieza uno de los movimientos migratorios más grandes” en la historia panameña. “Para los inmigrantes, Panamá llegó a significar la posibilidad de un nuevo inicio ante las oportunidades económicas que surgieron en el istmo”, agregó.

“Si se considera que la capital (panameña) tenía apenas 20 mil habitantes en 1904, en algún momento el área de la construcción del Canal tuvo que estar habitada por una mayoría de extranjeros, debido a la creciente inmigración, en su mayoría desde las Antillas”, subrayó Barleta. Según la biblioteca Roberto F. Chiari, de la ACP, los antillanos “fueron el mayor grupo humano que llegó a Panamá” en los albores del siglo XX para la construcción de la vía, con más 31 mil obreros. “Después siguieron los españoles”, recalcó.

El 15 de agosto de 1914, en un escenario geopolítico global estremecido por la Primera Guerra Mundial, que había estallado a finales de julio de ese año, el Canal fue inaugurado y emergió como una de las maravillas construidas por seres humanos en el siglo XX, y en diciembre de 1999 fue entregado a control panameño. Pero casi un siglo después de su apertura, una amenaza persiste:  la edificación de un nuevo juego de esclusas y la ampliación de la ruta acuática interoceánica podrían ser suspendidas, a partir del próximo martes, por decisión de las empresas españolas e italianas que encabezan el consorcio encargado de la obra.

El nuevo calvario

El 1 de enero, GUPC anunció que si no se le pagan 1.600 millones de dólares por exceso de costos o gastos adicionales en la construcción de las nuevas esclusas en los litorales Pacífico y Atlántico, el 20 de enero suspendería la ampliación. Iniciada en 2007, la expansión tiene un presupuesto total de 5.250 millones de dólares que incluye convenios suscritos con otros contratistas que asumieron diversas labores paralelas a las esclusas.

La ACP rechazó la exigencia del Grupo, encabezado como socios mayoritarios por la española Sacyr Vallehermoso y por la italiana Impregilo, ambas con 48% accionario cada una, y completado por la belga Jan de Nul, con 3%, y la panameña Constructora Urbana, con 1%, y que ganó en 2009 una licitación para las nuevas esclusas al ofrecer 3.118 millones de dólares.

Los trabajos comenzaron ese mismo año y debían concluir en 2014, pero surgieron atrasos y la finalización fue postergada a 2015 y ahora -si se cumple la amenaza de suspensión de obras-podrían retrasarse a 2016.

En una primera ronda de negociaciones directas, ACP exigió que el consorcio retire la advertencia de paralización, como requisito para girarle un anticipo de 283 millones de dólares sujeto a que el Grupo aporte una contrapartida de 100 millones de dólares. Españoles e italianos presentaron primero una propuesta para que el adelanto de la Autoridad sea de 400 millones de dólares y luego plantearon una segunda oferta en el que lo incrementaron a 1 mil millones de dólares. Ambas iniciativas fueron rechazadas por la ACP, cuyo administrador, el panameño Jorge Quijano, dijo a EL PAÍS s que lo que ha propuesto es lo máximo que puede ofrecer el Canal en estos momentos.

En una conferencia de prensa el pasado martes en Madrid, el español Manuel Manrique, presidente de Sacyr, aseguró que la empresa “no va a abandonar” el proyecto de ampliación del Canal y aseveró que “no contempla otro escenario” que sea lograr un arreglo con la ACP, para solucionar las diferencias puntuales de liquidez o flujo de caja, para concluir los trabajos en 2015.

La ACP pronosticó el pasado martes que si el 20 de enero son suspendidas las obras de ampliación, la parálisis se prolongaría por lo menos durante 15 días, pero que poco después podría asumir los trabajos -que ya están avanzados en un 65%- para su inmediata reanudación.

No obstante, las negociaciones entre las partes siguen estancadas y la fecha del 20 de enero está cada vez más cerca, por lo que la junta directiva de la Autoridad emitió el miércoles una declaración de respaldo a la administración de la ruta por su conducción de las pláticas con el consorcio.

“La situación actual, aunque delicada, es un desafío más que estamos afrontando juntos, y que confiamos resolver”, afirmó en la declaración el panameño Roberto Roy, presidente de la junta directiva de ACP y ministro de Asuntos del Canal. “El pueblo panameño puede estar seguro de que la ampliación de nuestro Canal se completará en el menor tiempo y costo posible, dentro de los términos del contrato” firmado por las dos partes en 2009, puntualizó.