La UE se muestra incapaz de pactar

Toda la reprobación y la vergüenza que han expresado los políticos europeos tras la tragedia de Lampedusa han quedado, de momento, en una mera declaración de intenciones. La Unión Europea se mostró ayer incapaz de concretar un proyecto para rescatar a inmigrantes que naufraguen en las costas del Mediterráneo. La Comisión Europea trasladó su propuesta a los Estados miembros, pero ninguno fue capaz de ofrecer ni calendarios concretos ni dotación económica para intentar paliar el drama de quienes se lanzan al mar para llegar a Europa.

Bruselas había levantado expectativas durante la mañana al anunciar que presentaría un plan a los 28 ministros europeos de Interior para crear una misión de detección y rescate de inmigrantes en las costas del Mediterráneo, desde Chipre hata España. Ese proyecto pretendía evitar sucesos como el de Lampedusa, al crear equipos para ayudar a los náufragos. “He pedido a los Estados miembros que ofrezcan recursos para poder poner en marcha la organización”, explicó la comisaria de Interior, Cecilia Malmström, en una conferencia de prensa tras la reunión que mantuvo con los ministros del ramo en Luxemburgo.

La mitad de los países penalizan el alquiler de viviendas a los sin papeles

Los periodistas insistieron en varias ocasiones para que Malmström ofreciera compromisos concretos. Y en cada ocasión la respuesta fue similar: la Comisión ya ha formulado su propuesta y ahora espera que la desarrolle Frontex, la agencia europea para el control de fronteras, y a los Estados miembros den su visto bueno. “No hay razón para retrasarlo”, respondió respecto a los plazos. La misión a la que aspira Malmström se encuadraría en el ámbito de Frontex, que ya hace labores similares, generalmente de coordinación y apoyo a los Estados con más problemas para supervisar sus fronteras.

La UE afronta este debate con una doble vara de medir. Por un lado intenta paliar el drama de los fallecidos y por otro penaliza la atención a la inmigración sin papeles. Acuciados por la presión migratoria, muchos Estados han aprobado en los últimos años leyes restrictivas para frenar las entradas irregulares. Los datos son elocuentes en lo que concierne a la vivienda, un elemento indispensable para establecerse en un territorio. Algo más de la mitad de los Estados miembros contemplan la penalización de los caseros que alquilen sus casas a extranjeros sin papeles, según datos de la Agencia de los Derechos Fundamentales, un organismo dependiente de la UE.

La Comisión Europea asegura no tener datos de cuántos países cuentan con legislaciones parecidas a la italiana, que criminaliza a los inmigrantes y a quienes los auxilian. El recuento más aproximado lo ofrece la agencia de derechos fundamentales, que desde 2007 vela por su cumplimiento. Este organismo ha contabilizado 15 Estados donde el casero se enfrenta a multas, incluso a penas de cárcel, si ofrece alojamiento a inmigrantes irregulares. Son Francia, Italia, Alemania, Reino Unido, Holanda, Finlandia, Dinamarca, Suecia, República Checa, Chipre, Estonia, Grecia, Lituania, Malta y Rumanía. En algunos casos, el castigo se aplica incluso si el alquiler intentaba impedir que los inmigrantes fuesen expulsados del territorio, según una portavoz de este organismo.

La proporción de Estados que penalizan la atención a irregulares puede empeorar si se tienen en cuenta otros parámetros, más allá de la vivienda. También al ampliar el foco a proyectos aún no consumados. España, por ejemplo, pretende cambiar el Código Penal para equiparar el tráfico de seres humanos con la atención a los inmigrantes irregulares. La agencia europea pide que cesen estas prácticas y asegura haber entrevistado a muchos pescadores que se lo piensan dos veces antes de asistir a náufragos por miedo a ser perseguidos.