La deportación del islamista Abu Qutada desata el debate en Reino Unido

La deportación este fin de semana del clérigo islamista Abú Qutada ha reabierto en Reino Unido el debate sobre la Convención Europea de Derechos Humanos. Qutada fue trasladado a primera hora del domingo a Jordania tras una batalla legal que empezó en 2005 y que ha costado 1,7 millones de libras (casi dos millones de euros) a los contribuyentes.

Palestino de nacimiento y con nacionalidad jordana, Qutada fue condenado en ausencia en Jordania en 1999 de diversas acusaciones de terrorismo y ha pasado largas temporadas en la cárcel o bajo arresto domiciliario en Londres. Las autoridades británicas le acusan de actividades terroristas pero nunca han querido procesarle para no desvelar cómo han obtenido los servicios secretos las pruebas en las que basan sus sospechas.

Internado indefinidamente por los laboristas en tiempos de Tony Blair, la legislación que permitía ese encarcelamiento sin proceso judicial fue derogada a instancias de la Cámara de los Lores. La vía alternativa de deportarle a Jordania fue paralizada durante años por los abogados del clérigo, amparándose en la Convención Europea de Derechos Humanos con el argumento central de que su cliente corría el riesgo de que se utilizaran contra él pruebas obtenidas bajo tortura. Eso obligó al Gobierno británico a firmar un nuevo convenio de extradición con Jordania que subrayaba la prohibición de utilizar ese tipo de pruebas en el proceso contra Qutada en ese país.

El clérigo, que en mayo sorprendió al anunciar que aceptaría la extradición cuando el convenio entrara en vigor, fue trasladado ante el juez en Amman nada más llegar a media mañana del domingo a Jordania.

Su deportación ha reforzado a la ministra del Interior, Theresa May, cuyo ascenso en la política británica es visto desde hace ya tiempo como un amenaza al debilitado primer ministro David Cameron. May celebró la deportación de Qutada y la atribuyó a “la determinación de este Gobierno de verle en un avión”. El clérigo fue enviado a Jordania en un jet privado que partió de la base de la fuerza aérea en Northolt, cerca de Oxford.

Su marcha ha reabierto el debate sobre la Convención Europea de Derechos Humanos. La ministra May, que en su día defendió que los británicos abandonaran una convención de la que son socios fundadores, ha insistido en la necesidad de reformarla para facilitar la deportación de extranjeros indeseables. Y Cameron optó por “no descartar nada” en lo que se refiere al futuro de ese texto legal.

Pero otros ven el largo proceso contra Abú Qutada como un triunfo del Estado de Derecho. “El éxito de los jueves británicos es que el Gobierno jordano ha hecho un cambio en sus leyes que se aplica a Othman [Qutada] y a nadie más. En su caso la carga de la prueba obliga ahora a la fiscalía que cualquier acusación presentada contra él en los tribunales no se haya obtenido bajo tortura ni bajo ningún otro tipo de malos tratos, al revés de lo que ocurría antes”, señala la activista Victoria Brittain en un artículo en The Guardian.