El Supremo avala el modelo sanitario de Obama

La reforma sanitaria de Barack Obama, la obra que puede dar trascendencia histórica a su presidencia, es constitucional. Así lo ha decidido el Tribunal Supremo en una sentencia que destruye la principal causa sostenida por los republicanos durante tres años y le da al presidente un enorme empujón en sus aspiraciones de reelección el próximo mes de noviembre. Los norteamericanos tienen ya un sistema sanitario que se aproxima a la cobertura universal.

Intentando evitar todo triunfalismo, Obama se dirigió a la nación poco después del anuncio de la sentencia para proclamar que “cualquiera que sea la orientación política de cada uno, esta decisión es una victoria para la gente de todo el país”. El presidente recordó que 30 millones de personas que hasta hoy carecían de seguro de salud tendrán ahora acceso a los servicios médicos y que las discriminaciones que las compañías aseguradores hacían con algunos pacientes serán ahora eliminadas.

El candidato presidencial republicano, Mitt Romney, destacó que esta sentencia hace más necesario que nunca que su partido recupere la Casa Blanca, donde ha prometido derogar la ley el primer día que llegue. “Nuestra misión está clara: si queremos reemplazar la reforma sanitaria de Obama, tenemos que reemplazar al presidente Obama”, dijo.

Un tribunal de mayoría conservadora se inclinó, finalmente, contradiciendo todos los pronósticos, a favor de una ley que ha estado en el centro del debate político desde que comenzó su tramitación en 2009, una ley muy controvertida que obliga a todos los ciudadanos a suscribir un seguro de salud y que extiende los beneficios sanitarios para toda la población.

El presidente recordó que 30 millones de personas que hasta hoy carecían de seguro de salud tendrán ahora acceso a los servicios médicos

Aunque ese es su valor fundamental, la solución de algunas de las más ostensibles injusticias sociales de este país, las repercusiones de la decisión del Supremo son hoy esencialmente políticas porque política ha sido la brutal oposición que se le presentó a esta ley desde un principio. Los republicanos la han puesto como ejemplo del modelo supuestamente intervencionista y socializante que pretende imponer Obama y la razón fundamental por la que es preciso derrotarle.

Las primeras reacciones reflejan ese clima de enfrentamiento. Nancy Pelosi, la líder de los demócratas en la Cámara de Representantes y la figura que más batalló en el Capitolio para sacar adelante esta legislación, dijo que había celebrado esta victoria junto al resto de sus compañeros congresistas. Pelosi tuvo unas palabras de recuerdo para Edward Kennedy, que hizo de la sanidad universal el principal proyecto de su vida y murió sin verlo cumplido. En el bando contrario, el presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, ha insistido en que ahora es necesario que los republicanos obtengan en noviembre mayoría parlamentaria para que la reforma que han amparado los jueces sea derogada donde fue aprobada inicialmente, en el Congreso. Sarah Palin considera que esta sentencia equivale a “la muerte de la libertad”. Otros dirigentes conservadores insistieron en que la libertad individual se ve amenazada con esta decisión.

Muchos en las filas republicanas se sienten hoy traicionados por el presidente del Supremo, John Roberts, un juez conservador nombrado por George W. Bush, ratificado con el voto en contra del entonces senador Obama

Muchos en las filas republicanas se sienten hoy traicionados por el presidente del Supremo, John Roberts, un juez conservador nombrado por George W. Bush, ratificado con el voto en contra del entonces senador Obama, y que ahora ha venido a salvarle la cabeza al presidente uniéndose a los cuatro magistrados progresistas para conformar la mayoría que ha amparado la ley. Junto a Roberts, votaron a favor Elena Kagan, Sonia Sotomayor, Ruth Ginsburg y Stephen Breyer. En contra se pronunciaron Antonin Scalia, Samuel Alito, Clarence Thomas y Anthony Kennedy. El juez Roberts explicó que la decisión fue tomada sin tener en cuenta ninguna consideración política. “No es nuestra función proteger a la gente de las consecuencias de sus decisiones políticas”, dijo.

Como suele ocurrir en este tipo de sentencias, la argumentación del tribunal es compleja y dio lugar a alguna confusión inicial sobre su interpretación. Los jueces no contemplan la constitucionalidad de la ley desde los mismos principios que el Gobierno. Los magistrados entienden que el Congreso no tiene autoridad para obligar a los ciudadanos a adquirir un seguro de salud sobre la base del artículo de la Constitución que limita la actuación federal en materia de comercio. En cambio, sí reconoce el derecho del Legislativo a imponer una multa a todo aquel que no tenga un seguro de salud, entendiendo esa atribución dentro de la autoridad de los congresistas para regular impuestos y tasas. “El requerimiento de que ciertos individuos paguen una multa por no obtener un seguro de salud”, escribe Roberts en nombre de la mayoría, “puede ser calificado razonablemente como un impuesto, y puesto que la Constitución permite tales impuestos, no es nuestro papel prohibirlo”.

Esta decisión del Supremo ayuda, por supuesto, al presidente porque le da legitimidad y eleva su estatura como estadista –hubiera ocurrido exactamente al contrario en el caso de una sentencia adversa-, pero el principal terreno electoral sigue siendo el de la economía

Por tanto, por una vía distinta a la que la Administración pretendió en la presentación del caso, el Supremo da luz verde al texto íntegro de la ley. Solo corrige a los legisladores en una particularidad sobre la capacidad del Gobierno federal para intervenir en un programa de ayuda sanitaria a los pobres (Medicaid) cuya administración corresponde a los Estados.

Los republicanos tienen ahora que reconstruir toda su estrategia electoral. Romney ha precisado que lo que el Supremo ha hecho es únicamente avalar la constitucionalidad de la ley, no su calidad. “Esta reforma era mala ayer y sigue siendo mala hoy”, afirmó. Pero es evidente que sus argumentos se han debilitado considerablemente y que este no va a ser un asunto que pueda explotar en su campaña electoral.

Tampoco Obama puede dar por sentado que el respaldo a esta ley es el respaldo a toda su gestión. Obama podría haber ganado las elecciones si la reforma hubiera sido rechazada y las puede perder aunque haya sido apoyada, puesto que, pese a su gran importancia, ese no es el terreno principal en el que se decide el nombre del próximo presidente. Esta decisión del Supremo ayuda, por supuesto, al presidente porque le da legitimidad y eleva su estatura como estadista –hubiera ocurrido exactamente al contrario en el caso de una sentencia adversa-, pero el principal terreno electoral sigue siendo el de la economía. Obama lo sabe y por eso dijo, tras felicitar a todo el país por este triunfo, que “ahora es el momento de mirar hacia delante y crear los puestos de trabajo que los ciudadanos necesitan”.