El Tribunal Supremo de EE UU elimina las limitaciones a la financiación electoral

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha eliminado hoy cualquier límite a la financiación por parte de empresas privadas a campañas políticas en el país, al considerar las leyes vigentes al respecto una violación de la primera enmienda a la constitución, que garantiza la libertad de expresión. A partir de hoy esta decisión se aplica por igual a ciudadanos individuales, a asociaciones y a agrupaciones empresariales.

"Si la primera enmienda tiene alguna fuerza", ha dicho el juez Anthony Kennedy al redactar la opinión de la mayoría conservadora del Tribunal, "es la de prohibir al Congreso la sanción o el encarcelamiento de ciudadanos, o agrupaciones de ciudadanos, simplemente por expresarse políticamente".

De este modo, la máxima instancia judicial del país contradice dos decisiones propias emitidas previamente, según las cuales las empresas privadas no podían usar sus beneficios económicos para apoyar u oponerse a las campañas de candidatos políticos. Los juristas y expertos interpretaban hoy que la medida se puede aplicar también a los sindicatos, que hasta ahora tampoco podían apoyar públicamente a un candidato determinado.

El presidente Barack Obama ha criticado la decisión por ser, según dijo en un comunicado, "una gran victoria para las compañías petrolíferas, los bancos de Wall Street, las compañías aseguradoras y otros intereses poderosos que ejercen su poder cada día en Washington para ahogar las voces de los americanos de a pie".

Esta decisión implica que se tendrá que replantear una buena parte de la ley de financiación electoral impulsada en 2002 por el senador republicano John McCain y el demócrata Russ Feingold, declarada constitucional por el mismo tribunal en 2003. Tras aquella fecha, el ex presidente George Bush nombró a dos nuevos jueces conservadores, John Roberts y Samuel Alito, que han apoyado el nuevo dictamen.

La juez recientemente nominada por Obama, Sonia Sotomayor, votó en contra de la decisión de la mayoría, que ha sido aprobada por un solo voto de diferencia, cinco contra cuatro. John Paul Stevens leyó la opinión de la minoría, que considera que el tribunal ha cometido un grave error al equiparar la expresión de las empresas con la de los seres humanos.

"La decisión de la corte amenaza con menoscabar la integridad de las instituciones electorales de toda nuestra nación", ha dicho Stevens. Este juez progresista tardó unos 20 minutos en leer su opinión, algo que en el complejo mundo del Supremo se interpreta como una forma de acentuar su protesta.

El caso llegó al Supremo por una demanda en contra de la Comisión Electoral Federal, que en las primarias de 2008 prohibió a las empresas de televisión por cable ofrecer en sus canales a la carta un documental crítico con Hillary Clinton, producido por el grupo conservador Citizens United.