Secesión autoritaria

La última versión de la ley de ruptura (oficialmente: “Fundacional y de transitoriedad”) fabricada por Esquerra y el PDCat que hoy desvela EL PAÍS, abrogaría la Constitución y el Estatut e implantaría una república provisional catalana, sin especificar claramente si antes se aprobaría por referéndum, o dando por supuesto que ya se habría aprobado en él.

Tras la demagogia que reducía la democracia al principio electivo (“president, posi les urnes”, clamaba la actual jefa del Parlament al anterior de la Generalitat), violando por sistema su segunda rama principal, el principio de legalidad, ahora se diluye también el momento del recurso a la votación en una convocatoria ilegal.

Los autores del texto consideran que la secuencia es: primero, votación popular; segundo, implantación del Estado independiente. Pero la literalidad del proyecto no coincide con esa visión: su artículo 67 plantea la convocatoria del referéndum como posterior a la proclamación de una república independiente (artículo 1 y siguientes). Cuya ilegal proclamación no se concreta, si sería por vía parlamentaria y/o callejera. Ambas, carentes de legítimas competencias para tal tarea.

En cualquiera de ambas lecturas, el referéndum abriría un proceso constituyente, para desembocar en una Carta Magna redactada de modo irregular. La propuesta es disparatada. No solo viola el actual ordenamiento. Conculcaría también, dictatorialmente, los derechos de los ciudadanos de Cataluña: el Parlamento constituyente, elegido en el vacío (¡no hay ley electoral propia!), no sería libre de redactar una Constitución a su libre albedrío.

Al contrario, quedaría mutilado por el deber de obedecer —según el esquema, de sabor venezolano— un “mandato” vinculante de un estrambótico “foro social constituyente formado por representantes de la sociedad civil y de los partidos políticos”: o sea, de la Assemblea Nacional Catalana, Òmnium Cultural, Esquerra, el pujolismo residual y la CUP... Y si la proclamación antecediese al referéndum, el partido antisistema se llevaría el gato al agua al imponerse a los presuntamente moderados.

El texto no solo pretende abrogar el ordenamiento democrático actual, sino que diseña un Estado catalán contrario a principios básicos de todo Estado de derecho. Así lo supondría la instauración de un sistema judicial totalmente sometido al control del Ejecutivo, y con una cúpula esencialmente nombrada por él (artículo 48).

El proyecto es fundacional, ex novo, es una pre-Constitución unilateral. Su carácter transicional es un espejismo: no establece puentes entre la actual democracia y la posterior autocracia. La transición española —con muchos catalanes en la sala de máquinas— que a veces invoca el secesionismo fue de la ley a la ley, sorteando el vacío. Esta quiebra el ordenamiento y solo transita entre un nuevo Estado con una suerte de ley fundamental provisional, carente de cualquier apoyatura legal, y la república definitiva.

Los guiños sociales (pobreza), lingüísticos (un breve artículo que enfatiza la no discriminación, para seducir a la población de los otros catalanes) o participativos (falso proceso constituyente) buscan capturar a los Comunes. Debe esperarse que no les confunda esa seudodemocracia. Orgánica.