Negligencia en las pensiones

A pesar de las evidentes dificultades del sistema de pensiones, aquejado a corto plazo por una grave insuficiencia de los ingresos para hacer frente a las prestaciones, el Gobierno de Rajoy, en minoría parlamentaria, parece haberse decidido por la estrategia política de mirar hacia otro lado. Para hacer frente a la mensualidad de julio y a la paga extraordinaria, el Gobierno ha tenido que retirar dinero del Fondo de Reserva de las pensiones (la hucha) por un total de 3.500 millones, y, para no agotar el Fondo, recurrir a un préstamo de Hacienda de 5.986 millones.

Un aviso, otro más, de que el sistema carece de recursos para autofinanciarse y de que, probablemente, aunque aumentara la recaudación por cotizaciones, seguiría existiendo un desfase importante, agravado a largo plazo por el envejecimiento de la población. Pues bien, un indicador tan perentorio de insuficiencia financiera no parece infundir inquietud alguna en el Ejecutivo. Ni el Pacto de Toledo ni la mesa de negociación social han conseguido avances significativos en cuanto a diagnóstico y propuestas para una reforma de la financiación o del gasto. El Gobierno debería contar ya, desde finales de mayo, con una propuesta firme de reforma o cambios en el sistema para hacer frente a los problemas mencionados, que se agravan con el paso del tiempo. Pues bien, ni está ni se espera en los próximos meses.

La demora es inaceptable. Es vital tomar decisiones ya o, al menos, contar con un plan articulado que pueda aplicarse de forma inmediata y despeje las dudas de los pensionistas. Al margen de la amenaza a largo plazo del envejecimiento de la población, deberían adoptarse decisiones rápidas para elevar los ingresos (subida de las cotizaciones en tramos máximos y supresión o modificación de las tarifas planas, desplazamiento a presupuestos de prestaciones y gastos...). Aplazar estas decisiones es una irresponsabilidad que causará un daño importante a los pensionistas.