Una ley para pisos turísticos

La proliferación de ofertas de pisos turísticos a través de plataformas de Internet es ya un problema grave para la gestión urbana de grandes ciudades españolas, como Barcelona, Madrid y Valencia. La presión de la demanda turística en España facilita un aumento desorbitado de las viviendas de uso residencial que sus propietarios alquilan. Sorprende la explosión de pisos turísticos, relacionada con la extensión de la economía colaborativa: el año pasado, según estadísticas fiables, las plazas en viviendas de uso turístico (casi 362.500 en las 22 ciudades españolas más grandes) superaron por primera vez la oferta de los hoteles.

El fenómeno, tramitado por plataformas como Airbnb, no es inocuo. Eleva los alquileres en la zona y los precios de los productos en los comercios. Genera un circuito de dinero negro y una competencia desleal para las licencias hoteleras, porque es fácil ocultar los ingresos. La presencia de inquilinos cambiantes altera la convivencia vecinal y contribuye a la turismofobia. Los Ayuntamientos más afectados por la masificación turística (como Barcelona), agudizada por una oferta excesiva de plazas en pisos se enfrentan a un riesgo de colapso en los servicios. Porque la presencia multitudinaria de turistas aumenta los costes de limpieza, seguridad y transporte que no se pueden pagar si no es con impuestos específicos.

Algunos municipios han optado por limitar mediante licencias el número de pisos turísticos; pero es difícil distinguir la ocupación residencial y la turística. En Barcelona, por ejemplo, hay 9.600 pisos turísticos legales y unos 6.500 ilegales. La aplicación de tasas específicas, como propone Valencia, tropieza con el mismo obstáculo; y la inspección es costosa. La solución más sensata sería elaborar una regulación homogénea (y viable) para todo el país y preparar formas eficaces de distinguir la residencia del turismo. Pero hay que tener voluntad política de hacerlo.