La tormenta perfecta en la fiscalía
La polémica surgida entre la Fiscalía General del Estado, la Fiscalía Anticorrupción, los fiscales y la clase política a cuenta de la Operación Lezo ha sacado a la superficie un problema que llevaba años larvado y que, antes o después, tenía que estallar. Ha sido como una tormenta perfecta desatada por tres factores: el afán intervencionista del actual ministro de Justicia y el anterior titular de Interior, la mala gestión de la nueva cúpula fiscal y el exceso de protagonismo de la Policía, la Guardia Civil y la Agencia Tributaria en la instrucción penal.
Rafael Catalá y Jorge Fernández tienen algo en común: creen que el Gobierno debe intervenir en las investigaciones y en los procedimientos criminales. Catalá es de la escuela de Angel Acebes y José María Michavila y no se corta en la microgestión de los temas; le gusta ocuparse de todos los detalles. El caso de Jorge Fernández Díaz es más llamativo, como se demostró en su gestión en lo que se ha llamado la “policía patriótica”.
Cuando se formó el nuevo Gobierno, tras un año en funciones, la fiscal general del Estado Consuelo Madrigal había recibido el mensaje de que seguiría en el cargo, aunque tenía que hacer algunos cambios. Los más urgentes eran los de los fiscales de la Audiencia Nacional, Anticorrupción, Murcia y País Vasco. En esas estaban, cuando Catalá, probablemente asesorado por su buen amigo Manuel Marchena (presidente de la Sala Segunda del Supremo), decidió que era el momento de afrontar un cambio profundo en una fiscalía acostumbrada a navegar a su aire.
José Manuel Maza ocupa su cargo en medio de mucho ruido y aborda el cambio en las jefaturas de las fiscalías de la Audiencia Nacional y de Anticorrupción. Salen Javier Zaragoza y Antonio Salinas y entran Jesús Alonso y Manuel Moix. El ruido va en aumento y siguen los cambios en distintas regiones. Y ahí se desata la guerra interna entre unos fiscales acostumbrados a trabajar con bastante independencia y la nueva cúpula directiva, con instrucciones claras de intervenir en los procedimientos.
Si a esto unimos el poder creciente que habían ido adquiriendo la UDEF (Policía Nacional), la UCO (Guardia Civil) y la propia Agencia Tributaria, no solo en la investigación de los asuntos, sino en la propia instrucción de los procedimientos, es más fácil entender la situación de los fiscales de a pie, emparedados entre un mando más intervencionista y unos investigadores especialmente crecidos y con dependencia del Ejecutivo.
El problema es que esta tormenta perfecta está ofreciendo una imagen de imprevisibilidad y de inseguridad jurídica y atacando a la credibilidad y la independencia de la justicia; con lo que supone de peligro en el ambiente de desafección ciudadana respecto a las instituciones del Estado. Por eso, es urgente recuperar la normalidad en la fiscalía y en el proceso penal.
